Puja por los cargos en Instituto de menores

1/1

EDUARDO BARRENECHE

El nuevo instituto que atenderá a los menores infractores nació con dificultades. El rescate de un menor enfrenta al PCU y a la CAP-L, y el nombramiento de una gerenta despierta temores de una "caza de brujas" dentro del organismo.

El 19 de enero, un menor rapiñero conocido como "El Negro" fue trasladado del Hogar Sarandí de la Colonia Berro a la División Salud ubicada en General Flores y Bulevar Artigas.

El menor, que era custodiado por un funcionario cercano a la principal referente del Partido Comunista (PCU) en el INAU, estaba esposado y engrillado. Sin embargo, se bajó de la camioneta y logró correr hasta una moto que lo esperaba y darse a la fuga.

El último antecedente del rescate de un menor delincuente en el INAU era del 19 de abril de 2011. Dos adolescentes en motocicletas se llevaron a punta de pistola a "El Talibán" cuando lo trasladaban del Hogar Puertas.

Dentro del INAU, el rescate de "El Negro" fue interpretado como un intento del PCU de desestabilizar a las autoridades de los hogares con privación de libertad afines a la CAP-L. A este grupo político pertenece el presidente del INAU, Javier Salsamendi, y mandos medios del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) integrado el martes 10.

La directora del Hogar Sarandí -afín al PCU- fue removida de su cargo por Salsamendi por no respetar los protocolos de seguridad.

Fuentes del INAU reconocieron que funcionarios afiliados al PCU se sienten perseguidos por esta causa pese a que la directora incurrió en un error funcional.

El martes 10, el INAU nombró en sus cargos a la Comisión Delegada del Sirpa que estará integrada por el frenteamplista independiente Rubén Villaverde (presidente), el astorista Robert Alonso y el blanco José María Mieres. El Sirpa es la continuación del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji) del INAU.

En este momento, el Sirpa aloja a 450 menores infractores en la Colonia Berro y en hogares de Montevideo y cuenta con 850 funcionarios.

Villaverde señaló, en el acto de asunción, que habrá llamados para contratar a 300 operadores penitenciarios y a 100 profesionales. También informó sobre el proceso licitatorio que está en marcha para dotar de 110 nuevas plazas para internos, que permitirá descomprimir el hacinamiento actual de los hogares del sistema.

Además anunció que la Armada otorgará un predio de 26 hectáreas en el Norte de Montevideo, donde se creará un proyecto agrícola similar al que funciona en el centro Ituzaingó o Cerrito, en la Colonia Berro.

INTERNA. Una de las prioridades de la Comisión Delegada del Sirpa será el nombramiento de la gerencia de los hogares con privación de libertad de adolescentes. La principal candidata para ocupar ese cargo es la actual directora del programa de medidas privativas de libertad (Promesec) y ex directora del Hogar Ituzaingó.

Esta jerarca volvió a trabajar en el Semeji como directora de Promesec después de casi dos años de licencias médicas y un pasaje por Convenios de INAU.

La llegada de esta funcionaria a la gerencia del Sirpa podría generar remociones en esta área. "Dentro del Sirpa hay jerarcas y funcionarios operando por cuestiones sectoriales o personales contra los nombramientos en la gerencia de esa institución", dijo a El País una fuente del sindicato del INAU.

Además de contar con el visto bueno de las autoridades de la Comisión Delegada del Sirpa, la jerarca posee una larga experiencia en el trato con menores infractores y fue reconocida en 2002 por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) por su labor en la rehabilitación de adolescentes internados en el Ituzaingó.

El Hogar Ituzaingó es el único centro donde no ocurren fugas -cuenta con una fuerte seguridad externa- y los menores deben adecuarse al sistema de trabajo de ocho horas. "Ese es el único programa que funciona hoy y eso es gracias a los lineamientos de esta jerarca", dijo a El País una alta del Sirpa.

Durante la gestión del Directorio anterior del INAU, esta funcionaria enfrentó un sumario impulsado en 2006 por la entonces directora Cristina Álvarez -militante del PCU- que la acusó de utilizar en el Hogar Ituzaingó a un grupo de menores para someter a otros internos. En ocasiones, ese grupo -que gozaba de privilegios- utilizaba la violencia, afirmaron las fuentes del INAU. Dentro de la jerga del organismo esos grupos son conocidos como "calefones".

El sumario contra dicha jerarca finalizó durante la actual gestión del INAU. El Directorio resolvió sancionarla con dos meses de suspensión. Su segundo en la dirección del Hogar Ituzaingó también fue sancionado por el mismo expediente.

Las fuentes sindicales expresaron que los sumarios que enfrentaron la jerarca y su segundo estaban "direccionados" por el anterior directorio del INAU.

Indicaron que varios funcionarios fueron presionados para declarar contra la entonces directora del Ituzaingó y que luego la línea del expediente llevó al actual directorio a resolver sanciones contra la dirección del Ituzaingó.

En tanto, funcionarios del Sirpa afines al PCU temen "una cacería de brujas" luego que esta asuma su cargo, ya que varios de ellos declararon contra la ex directora del Hogar Ituzaingó en el sumario.

El nuevo presidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Rubén Villaverde, reconoce que ese organismo integrado la semana pasada enfrenta un momento difícil.

"Es una cosa increíble que siga esta matraca. Eso duele mucho. Pero nosotros vamos a mirar para adelante y trabajar con todos los funcionarios, sin importar sectores políticos. De todas formas somos conscientes de las dificultades que existen", dijo Villaverde a El País.

Sostuvo que "estamos convencidos" de que es necesario "dar vuelta la página" para que en el país se deje de hablar de fugas y de motines protagonizados por menores infractores.

El funcionario señaló que la Comisión Delegada del Sirpa "tiene un proyecto serio" y existen recursos para infraestructura y contratar más personal, un viejo reclamo del sindicato.

Según Villaverde, el proyecto que lidera cuenta con el apoyo de empresas públicas y privadas, las cuales ya manifestaron su interés en participar en actividades laborales para rehabilitar a menores que egresen de los hogares del Sirpa.