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E. BARRENECHE / E. DELGADO

El procurador en lo Contencioso Administrativo, Gualberto Pérez Riestra, fue procesado con prisión por reiteradas estafas, junto a otras dos personas. Hay 10 individuos citados para la próxima semana, entre ellas profesionales.

Durante sus declaraciones, Pérez Riestra negó su participación en tres estafas que se investigan, pero para fiscal y juez los indicios recabados en el expediente no dejan dudas de su responsabilidad en las maniobras ilegales.

Por ello, ayer fue procesado junto a otras dos personas (uno de ellos abogado) como responsable de reiterados delitos de estafa, agravados por la pluriparticipación. A otro individuo procesado el pasado sábado, se le agregaron estos delitos. En esferas judiciales y policiales se presume que hay más personas involucradas en esta banda que falsificaba documentos para hacerse de inmuebles.

Las actuaciones continuarán en la próxima semana. La Justicia Penal citó a declarar a diez personas, entre ellos profesionales sospechosos de integrar la organización delictiva.

La jueza penal de 6º Turno Fanny Canessa, a pedido de la fiscal penal adjunta de 8º Turno, Beatriz Scapusio, ordenó una serie de medidas que se consideran aportarán datos relevantes sobre las maniobras y la participación de más personas.

Entre las actuaciones falta anexar al expediente el registro de las llamadas enviadas y recibidas de los teléfonos celulares a todos los indagados, así como de los teléfonos fijos y mensajes de texto. También se ordenó agregar la totalidad de los correos electrónicos de los encarcelados en el período que va de enero de 2009 a septiembre de 2010.

A esto se suma obtener copia de los expedientes civiles e incidentes de nulidad de juzgados civiles donde los procesados intentaron quedarse con bienes de terceros. Además, agregar los resultados de las pericias caligráficas realizadas sobre los recibos de pago del impuesto a las ejecuciones.

En su pedido de procesamiento de Pérez Riestra, al que accedió El País, Scapusio señala que "de la prueba colectada en estas actuaciones resultan elementos de convicción suficientes como para imputar, prima facie y sin perjuicio de eventuales ampliaciones", la comisión "en calidad de presuntos co-autores penalmente responsables de reiterados delitos de estafa agravados por la pluriparticipación".

Para la jueza y la fiscal, los cuatro procesados, mediante idéntica operativa, "procedían luego de un verdadero reparto de tareas, en el que cada uno de los indagados cumplía una determinada función, -constituyendo de tal manera una verdadera `societas sceleris`" (sociedad de crimen).

"Así, se procedió en las tres oportunidades que se investigaron a la facción de sendos vales en los que no sólo se inventó la fecha de escrituración, sino también las firmas y domicilios de los supuestos deudores, los cuales, en dos de los casos estaban fallecidos al supuesto momento de la suscripción", expresó la fiscal en su solicitud de procesamiento. Esos vales fueron entregados para su ejecución en juzgados civiles, que trabaron embargos.

En todos los casos fue agregado el comprobante de pago del impuesto a las ejecuciones (del 1% del valor de lo que se ejecuta), pero el mismo se encontraba adulterado puesto que habían pagado cifras muy inferiores a las que figuraban, induciendo en error a las sedes judiciales.

Pérez Riestra negó participar de los ilícitos, pero los otros tres procesados coincidieron en que intervenía en las maniobras. Aparece más comprometido en el caso referido a una mujer declarada incapaz, que se desempeñó en la Fiscalía de Gobierno de 2º Turno -de la cual él fue titular- y que esta banda intentó quedarse con sus cuentas bancarias con documentos apócrifos.

la investigación. El procedimiento policial fue dirigido por la directora de Delitos Económicos, Zully Acosta, y por el subcomisario Andrés Caillava.

La maniobra se detectó cuando la banda intentó ejecutar una propiedad que una persona había dejado en testamento a la Fundación Peluffo Giguens. El inmueble, situado en Julio Cesar y Placido Ellauri, es modesto pero bien ubicado.

Una persona encargada de los trámites del testamentario desconfió de los vales presentados para la ejecución, ya que el fallecido carecía de deudas. Entonces realizó la denuncia en el Departamento de Delitos Económicos (Investigaciones) de Montevideo. De esa forma se frustró la ejecución.

Los policías detectaron que el poseedor del bien era un sujeto que vivía en una pensión de Malvín, de nombre Omar Costa y que se dedicaba a realizar changas.

Fue obvio para los uniformados que no podía haber prestado US$ 120.000 como figuraba en el vale.

Costa fue detenido y llevado a declarar a la sede de Delitos Económicos. Allí se comprobó que tenía antecedentes por estafa. Declaró que su cómplice era Washington Fontes, quien también poseía antecedentes por estafa y falsificaciones.

Las indagatorias continuaron y la Policía llegó hasta la figura del procurador Gualberto Pérez Riestra.

La Justicia Penal investigará en el Registro de Propiedad Inmueble diversas transacciones, para realizar un seguimiento de los bienes apropiados indebidamente por la organización que integraba el procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, Gualberto Pérez Riestra, indicaron fuentes judiciales y policiales a El País.

Tras analizar los datos regístrales, el juzgado citará a los damnificados para intentar avanzar en detalles de las maniobras ilegales. Es posible que estos deban concurrir luego a un juzgado civil para reclamar sus propiedades, agregaron las fuentes.

La organización, integrada por los cuatro procesados y se presume más personas, entre profesionales e individuos con varios antecedentes penales, estafó a ancianos con bienes de su propiedad, herederos y personas declaradas incapaces por la Justicia. Las maniobras incluyen inmuebles ubicados en Montevideo, Costa de Oro, Maldonado y Rocha.

Según la Policía, la banda tenía varios "modus operandi" para apropiarse de los bienes. Uno de ellos consistía en ubicar inmuebles cuyos dueños habían muerto en forma reciente o declarados incapaces. Posteriormente, falsificaban documentos de hipotecas sobre esas propiedades, las ejecutaban y luego las vendían, indicaron las fuentes.

Agregaron que, luego de citar a los damnificados, la Justicia llamará a los compradores de los bienes.

Aquellos que adquirieron sabiendo que eran bienes que fueron apropiadas indebidamente, podrán ser procesados por receptación.

Se presume que, en principio, todos estos compradores afirmarán que son "compradores de buena fe", pero el proceso de compra será investigado para corroborar si esto fue así.

Un individuo procesado el sábado pasado por este caso, declaró en la sede judicial que posee unas 200 escrituras a su nombre de terrenos en dos balnearios del departamento de Rocha. Añadió que algunos solares en esos balnearios ya los vendió. El hombre tenía antecedentes penales.

La gerenta de la Fundación Peluffo Giguens, Mirta Casales, destacó ayer el procedimiento judicial y policial que evitó la pérdida de un bien que un benefactor había legado a la institución.

"Desde hace un año sabíamos de la existencia de un conforme que pesaba sobre la casa. Nos decían que este podía ser fraudulento", expresó la gerente a El País.

Casales no ocultó su alegría por la finalización del proceso penal que terminó en el procesamiento con prisión del falsificador del vale que gravaba el bien.

"Cuando la Justicia Penal lo determine, la Fundación se hará de ese inmueble. Supongo que se deberá liberar el embargo establecido en forma ilegal. Cuando el albacea pueda disponer del bien, nos lo entregará", indicó.

Casales precisó que la Fundación Peluffo Giguens no inició la demanda penal que derivó en los procedimientos de varios integrantes de una red delictiva, entre ellos del procurador de lo Contencioso Administrativo, Gualberto Pérez Riestra.

"Las personas que iniciaron el juicio (penal) fueron el albacea y el escribano actuante. No nosotros. Somos legatarios. El albacea y el escribano tenían que entregarnos un bien que había sido donado por una persona fallecida", reiteró.

En 2008 un hombre dejó en testamento a la Fundación Peluffo Giguens una propiedad ubicada en Julio César y Plácido Ellauri, a pocas cuadras de Montevideo Shopping Center.

AYUDA. La Fundación Peluffo Giguens atiende a más de 1.000 niños por año por diferentes tipos de dolencias oncológicas. También realiza controles a decenas de pequeños que ya fueron dados de altas.

La institución posee 115 funcionarios médicos y administrativos. Gracias al aporte de la Fundación, el 70% de los niños tratados por dolencias oncológicas son curados.

La entidad social posee tres áreas de atención en el Hospital Pereira Rossell: el Hospital de Día, el Área de Internación y el Hogar La Campana donde se alojan niños y sus familiares, quienes son asistidos por técnicos. "Nuestro presupuesto mensual es alto, tanto en recursos humanos como gastos de mantenimiento de las obras. Además de las erogaciones en los tratamientos, la Fundación ayuda a los pacientes con pago de pasajes, canastas de alimentos y en vestimentas", dijo Casales.