Presentan acción contra contribución inmobiliaria

El estudio jurídico BPC presentará esta semana una acción de inconstitucionalidad contra la contribución inmobiliaria en Montevideo, anunció a El País uno de los socios del bufete, Juan Francisco Baldomir, integrado también por Francisco de Posadas y Juan Campomar.

Para Baldomir la doctrina que apoya el escrito "es contundente en apoyo del reclamo por violación de la Constitución, de autoridades de la talla de Dino Jarach, Ramón Valdés Costa, Shaw y otros".

Asimismo el estudio pidió asesoramiento al departamento tributario del Estudio Posadas & Vecino, "el que coincidió plenamente con el análisis de nuestro estudio", señaló el letrado.

"Lo medular del tema gira entorno a la desnaturalización del impuesto territorial que hace la Intendencia, metamorfoseando un gravamen real en uno de tipo personal, pretendiendo gravar en función de la supuesta capacidad contributiva de quien paga", explicó.

Agregó que "un inmueble aislado no equivale a capacidad contributiva de un ciudadano y mucho menos cuando los parámetros utilizados para fijar los valores son de relativa precisión". Observó que "dos inmuebles de similar tamaño y ubicación pueden tener valores muy distintos, pero, además, en un caso puede ser la totalidad del patrimonio del dueño, en otro representar una proporción mucho menor".

Baldomir dijo que "las potestades de una intendencia, están demarcadas expresamente por las normas" y como cualquier institución "no puede hacer lo que quiera, sino solamente lo que debe". Señaló que "redistribuir riqueza o hacer justicia -suponiendo que eso pueda hacerse con un impuesto territorial-, no está dentro de las competencias de la intendencia de Montevideo". Por ello, sostuvo, la aplicación de esta contribución "viola, entre otros, los artículos 8 y 297 de la Constitución".

No es Lázaro. El abogado también se refirió a los anuncios de la propia comuna de que, si se impedía este sistema de ajustes se aplicarían las alícuotas anteriores, que fueron derogadas.

"Esa amenaza aparece no sólo en declaraciones públicas, sino en el mismo texto del Decreto Municipal", apuntó. "El artículo 7 de la norma, que no debe tener antecedentes en nuestro derecho positivo, dice que si por algún motivo aquélla no puede aplicarse, renacen las normas derogadas. Es una aberración jurídica, contra la cual también se dirige la demanda", señaló.

Para Baldomir "la seguridad forma parte de la esencia del derecho y no es concebible un régimen jurídico con banco de suplentes".

"Lo derogado no existe más y no puede resucitar, como Lázaro, en caso de que el poder competente del Estado anule la aplicación de una norma posterior", afirmó.

Sin perjuicio de la presentación de este primer escrito el estudio seguirá presentando acciones a medida que se sumen nuevos interesados.

Nuevas acciones de inconstitucionalidad contra el sistema de alícuotas para la contribución inmobiliaria serán presentadas en la tercera semana de mayo por el abogado Alberto Varela del Estudio Ferrere.

La línea argumental será también la ausencia de potestad tributaria de las comunas de hacer política tributaria redistributiva a partir de un impuesto como la contribución que no tiene en cuenta la capacidad contributiva de los ciudadanos.