Los países de las Naciones Unidas -entre ellos Uruguay- decidieron ayer suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos en respuesta a los supuestos abusos que está cometiendo en Ucrania.

A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó esta medida con 93 votos a favor -Uruguay entre los países que apoyaron este paso-, 24 en contra y 58 abstenciones.

Desde que hace dieciséis años se creó el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, sólo otro país había sido suspendido: la Libia de Muamar el Gadafi, en respuesta a la represión de las protestas de 2011, aunque meses después fue readmitida.

En el caso ruso, Estados Unidos y sus aliados argumentaron que Moscú no puede seguir participando en ese Consejo de Derechos Humanos cuando está “subvirtiendo todos los principios básicos” de la ONU con su invasión de Ucrania y cometiendo supuestas atrocidades contra la población.

Después de presenciar el daño causado por las interrupciones a nuestra cadena de suministro tras la invasión de Rusia a Ucrania, queda establecido que los regímenes autoritarios representan una amenaza seria para Estados Unidos, y también destaca que la dependencia de nuestro país a esos regímenes para suministros básicos es una vulnerabilidad muy peligrosa.

Para los dirigentes políticos, la respuesta adecuada debería ser obvia. Necesitamos reforzar nuestros esfuerzos para contrarrestar las influencias autoritarias, en todo el mundo, pero especialmente en nuestro hemisferio y aumentar la resiliencia de nuestra cadena de suministros.

Los primeros pasos a tomar es limitar la dependencia de las industrias estatales de China y fortalecer las relaciones bilaterales con nuestros aliados que se encuentran más cerca de EE.UU. No solo geográficamente, sino las que también comparten el respeto de los valores democráticos. Un país en particular con el que EE.UU. debería desarrollar vínculos aún más estrechos es Uruguay.

Las organizaciones como Freedom House y World Justice Project clasifican a Uruguay como el primer país en Latinoamérica en sus índices de democracia y de estado de derecho. EE.UU. tiene un largo historial de trabajo con Uruguay en temas de seguridad y en la lucha antinarcótica. Uruguay también ha servido por varios años como un importante centro de distribución de productos americanos exportados hacia el Cono Sur. Además de su bajo índice de corrupción, Uruguay explora examinar su Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones con EE.UU. en perfil a los nuevos protocolos comerciales que ya tenemos establecido con países como Brasil y Ecuador. En otras palabras, Uruguay está más que preparado para adoptar medidas de transparencia y anticorrupción.

Finalmente, mientras el 35 por ciento de los productos uruguayos van actualmente a China, y mientras el Partido Comunista China (PCCh) -el mayor adversario geopolítico de EE.UU.- corteja al gobierno uruguayo con un acuerdo de libre comercio, Uruguay permanece accesible a equilibrar su comercio realizando más exportaciones hacia Europa y EE. UU. El fortalecimiento de nuestra relación bilateral con Uruguay no sólo fortalecería a la coalición democrática en el hemisferio occidental, sino que también minimizaría la influencia anti-americana de Moscú y Pekín en nuestra región.

¿Qué deberían hacer los políticos en Washington para promover una relación más estrecha con Montevideo? Primero, EE.UU. debe fortalecer las relaciones comerciales con Uruguay de una forma que optimice ambas economías.

En segundo lugar, los dirigentes políticos deberían ampliar el rol de la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC, por sus siglas en inglés), es el vehículo oficial para dirigir la inversión de EE.UU. a países en desarrollo para facilitar la inversión en Uruguay.

Uruguay ha mostrado un crecimiento económico sostenido y equitativo desde principios del año 2000. Además, el índice de bonos de mercados emergentes de JP Morgan clasifica a Uruguay como el país de menor riesgo en Latinoamérica para hacer inversiones. Pero, la DFC, tiene prohibido prestar a países con “altos ingresos”, y el Banco Mundial clasifica a Uruguay como tal, aunque enfrenta desafíos tanto sociales como económicos y falta de oportunidades para atraer más inversión privada.

Las regulaciones gubernamentales deben evitar que la DFC le preste dinero a la República Popular China pero no a un socio democrático como Uruguay. Deberíamos permitir que las regulaciones de la DFC atraigan inversiones de EE.UU. a Uruguay, particularmente en temas de infraestructura, energía renovable y portuaria.

En tercer lugar, EE.UU. debe ampliar la cooperación con Uruguay en temas de seguridad, espaciales y en la lucha antidrogas. Uruguay ya hace buen uso de la programación de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, específicamente las Academias Internacionales de Aplicación de la Ley. Además, una mayor cooperación en el intercambio de datos en temas espaciales y satelitales nos ayudaría y también a nuestros aliados en Montevideo a tomar medidas enérgicas en contra del mercado negro sudamericano.

Si la Administración Biden implementa estos cambios en su política exterior, tanto Uruguay como EE.UU. se beneficiarán. Pero no hay razón para detenerse solo en expandir nuestras relaciones con Uruguay. Países como Paraguay y Ecuador son aliados democráticos dignos que han demostrado su voluntad de establecer lazos con EE.UU. y también deberíamos estrechar nuestros vínculos con ellos.

Debemos recordar: para que nuestro hemisferio sea más fuerte y seguro, eso equivale a una menor influencia china y rusa. Así mismo, es importante el poder tener una cadena de suministros más positiva y menos drogas e inmigrantes ilegales cruzando nuestras fronteras. Por estas razones, EE.UU. debería priorizar una relación bilateral más estrecha con Uruguay y vecinos en la región que tienen ideas afines.