La erradicación de asentamientos, con una inversión que superará los niveles alcanzados en las anteriores administraciones, es una preocupación directa del presidente Luis Lacalle Pou, que sigue de cerca el progreso del Plan Avanzar, buque insignia de este proyecto.

Los objetivos ya fueron presentados: se aspira a dar solución -al final del período- a cerca de 120 asentamientos -de un universo de 650-, lo que implica beneficiar a 15.845 personas, para lo cual se invertirá US$ 480 millones -la mitad de los cuales están asegurados gracias a un fideicomiso votado por el Parlamento en 2021, con recursos provenientes del Instituto Nacional de Colonización.

Detrás de este proyecto, llamado Plan Avanzar, hay varios actores, que suelen reunirse con periodicidad en la Torre Ejecutiva, ámbito de encuentro que tiene al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, como el encargado de monitorear los avances.

Y ayer hubo una nueva reunión, en la que se hizo una puesta a punto de, entre otras cosas, el inicio de las obras en el marco de este plan, según señalaron a El País fuentes del gobierno.

Porque hay novedades, más allá de los anuncios o la letra muerta de los documentos. En Paysandú, por ejemplo, la semana pasada comenzaron los “movimientos de tierra” en el barrio Antena 35.

Las obras, de acuerdo al programa, están a cargo de Mevir o de las intendencias, estas últimas concebidas como un pilar fundamental para la coordinación en territorio, como también ha destacado el presidente Lacalle Pou.

La Intendencia de Paysandú, de hecho, ya había sido indicada en uno de los últimos documentos de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana -división del Ministerio de Vivienda que centraliza el plan- como aquella que se encontraba “más adelantada” para avanzar en al menos tres asentamientos: porque al denominado Antena 35 seguirán los conocidos como Nuevo Antena y Parkway Sacra.

En el caso de Antena 35, de acuerdo a documentación reciente a la que accedió El País, es necesario relocalizar al menos una parte, porque algunas viviendas están situadas en un “área inundable”, ya que están sobre el arroyo Sacra. Otras, en cambio, solo deben ser regularizada. El asentamiento comprende unas 58 viviendas consideradas como de precariedad habitacional “moderada-alta”. Por eso los trabajos en el área iniciados en las últimas horas, y sobre lo cual se conversó ayer en Torre Ejecutiva.

En Florida, mientras tanto, el proceso de trabajo respecto al asentamiento Sitio Pintado también se encuentra avanzado, y se espera que se inicien allí las obras en los próximos días.

La expectativa es que, a fin de año, puedan estar comenzando en unos 14 puntos del país, aunque ese número varías según las proyecciones de cada uno de los jerarcas comprometidos en el tema.

Pero más allá de los resultados concretos que se logren en esta gestión, la meta, como dijo el presidente semanas atrás en una entrevista con el semanario Voces, es que esto sea una política de Estado, que puedan continuar las próximas administraciones, gobierne quien gobierne. O sea, que “el próximo gobierno diga: ‘Ahora vamos por todo’. A quien le toque”, con la meta de duplicar “lo que ya está” hecho.

Como parte del Plan Avanzar, las intendencias y el Ministerio de Vivienda acordaron estrategias de prevención para la formación de nuevos asentamientos o conjuntos de viviendas irregulares o, en su defecto, “detener la densificación indeseada de los asentamientos existentes”, como dice una de las fichas de la Dinisu, aplicada al caso de Paysandú.

Para evitar este fenómeno, entonces, se proponen algunos ejes de trabajo.

Uno de ellos busca el directo “desestímulo” a través del “mantenimiento del stock edilicio en áreas consolidadas de la ciudad” posibilitado por ejemplo “créditos accesibles” para que las “familias puedan mantener su vivienda dentro de la formalidad”. También se establece de entrega de “canasta de materiales, el apoyo técnico para la autoconstrucción y la exoneración de los aportes al BPS correspondientes”.

Por otro lado, está definido que tiene que existir un “control” mediante la policía territorial, una tarea que debe ser “llevada adelante por la intendencia”.

“Es necesario el ejercicio de la policía territorial para que las políticas de actuación sobre la informalidad sean efectivas para disminuir la cantidad de asentamientos, impidiendo nuevas ocupaciones”, dice también el documento.