El Ministerio de Defensa adjudicó a la empresa española Indra la compra directa del radar civil del Aeropuerto de Carrasco y de tres radares móviles militares por 24,38 millones de euros. En el marco de este proyecto de actualización del sistema de vigilancia aéreo, autorizó que la compañía instale un polo logístico regional en un hangar de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), desde donde se desarrollarán además actividades de mantenimiento del equipamiento militar. El Tribunal de Cuentas de la República aprobó el miércoles por unanimidad, con tres salvedades, los procesos de adquisición, por lo que este mes la cartera e Indra firmarán los contratos.

A mediados de 2021 dejó de funcionar el radar civil de Carrasco, adquirido a la empresa Italiana Leonardo en 2014. En su lugar fue instalado uno militar, que también falló. La Asociación de Controladores Aéreos de Uruguay alertó entonces en el Parlamento sobre los riesgos y las demoras que esto provocaba en el tránsito del aeropuerto y en respuesta Defensa arrendó a Indra un radar, que fue trasladado desde España por uno de los aviones Hércules de la FAU y quedó operativo en Carrasco a fines de octubre de 2021. El arrendamiento fue prorrogado, el radar sigue operativo y, con recomendación de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), Defensa sellará en los próximos días su compra. Asegurará en el contrato su soporte y mantenimiento, lo que permitirá la operatividad del aeropuerto hasta 2030.

“El gran objetivo es la protección del espacio aéreo uruguayo, con las dificultades que hoy tenemos. Esto va a ser un antes y un después en la historia de Uruguay, de la Fuerza Aérea”, dijo el ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, a El País, en referencia a la compra de los cuatro radares (el civil y los tres militares) y de los seis aviones de combate Súper Tucano. Defensa completó el miércoles el segundo pago de las aeronaves a la empresa brasileña Embraer: ya desembolsó US$ 30 millones de los US$ 104 millones que cuestan.

Los Súper Tucano no tienen radares incorporados, por lo que los tres terrestres móviles se integrarán al sistema de los aviones cuando operen. “Desde el año 1981 que Uruguay no compraba aviones de combate y hoy se habla desde una concepción diferente”, puesto que “no son combates para entrar en guerra con ningún vecino, sino que es combate para defendernos de las amenazas que tiene Uruguay, que pasan sobre todo por el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de personas”, sostuvo Castaingdebat.

Foto: Leonardo Mainé

El sistema de control aéreo de Uruguay tiene tres radares fijos: Santa Clara de Olimar (Treinta y Tres), Santa Bernardina (Durazno) y Carrasco (Canelones). A su vez, hay uno móvil “que cada vez que lo mueve” la FAU “saben antes de que salga del aeropuerto que lo están moviendo”, explicó el ministro.

En diciembre de 2020, el presidente Luis Lacalle Pou reglamentó la interceptación aérea (también llamada “ley de derribo”, por la última fase prevista en el protocolo), aprobada en la Ley de Urgente Consideración, pero la capacidad militar para instrumentarla es limitada. Cuando queden operativos los nuevos aviones y la actualización del sistema de control aéreo, el país reforzará la posibilidad de implementar la normativa. Los nuevos radares terrestres permitirán además a la FAU incrementar su capacidad de detección de drones y aeronaves no tripuladas.

Tras la aprobación de las compras de los radares por parte del Tribunal de Cuentas, Castaingdebat anunció que el ministerio firmará dos contratos con Indra “en los próximos días” y concretará el primer pago a la empresa. Al igual que los expedientes en curso, ambos acuerdos fueron catalogados como secretos por el ministerio, porque conciernen a la seguridad nacional.

Uno de los contratos sella la compra del radar civil de Carrasco, su soporte y mantenimiento hasta diciembre del 2030, por 2,98 millones de euros. El ministro remarcó que “dentro de las exigencias para el Mundial de 2030 está el apoyo tecnológico al Aeropuerto de Carrasco”, y con este contrato se cumple ese requisito de FIFA para que se dispute el partido inaugural del torneo.

El otro contrato que Defensa firmará con la empresa española es por 21,4 millones de euros y se desglosa en tres capítulos: la adquisición de tres radares móviles Gap Filler para operar con los aviones Súper Tucano (12,9 millones de euros); la actualización y el mantenimiento hasta 2030 de los radares Lanza que opera la FAU y fueron comprados en el año 2006 a Indra (8,5 millones de euros); y la autorización de Defensa a la compañía española para el uso de instalaciones militares para realizar actividades de reparación, mantenimiento y soporte integral de sistemas de radares, tanto para la FAU como para clientes de la región.

Indra prevía ubicar su polo logístico para Latinoamérica en Colombia, pero, según Castaingdebat, “producto de esta negociación” de compra y mantenimiento del sistema de control aéreo, resolvió instalarlo en Uruguay. “En el paquete está la instalación” de la empresa en un hangar de la Base 1 de la FAU, junto al aeropuerto de Carrasco, lo que genera “puestos de trabajo, mano de obra calificada y la certeza de que, al tenerlos acá, se termina el tema de la atención de los radares”, dijo el ministro, quien recordó que cuando surgen fallas o problemas con los radares, hoy hay que llamar a España para resolverlos: “Que vení, que me falta esto, que me falta lo otro”.

Foto: Fernando Ponzetto

El presidente del Tribunal de Cuentas, Francisco Gallinal, dijo a El País que esa entidad fiscalizadora integrada por siete autoridades aprobó desde el punto de vista legal los pasos jurídicos que dio el Ministerio de Defensa en las compras directas de los radares, y aclaró que la cartera definió que los expedientes son secretos, por lo que la resoluciones del tribunal también lo son. La aprobación fue por unanimidad, con tres salvedades. Las discordias deben justificarse en las resoluciones, pero las salvedades, no.