SE RECHAZARON CUATRO

La ley de urgencia se usó 13 veces desde 1985

Lacalle prepara un proyecto de ley de urgente consideración con 500 artículos, que presentará si gana.

Votacion en Camara de Diputados de la Ley para Discapacitados, Palacio Legislativo, Montevideo. Foto: Francisco Flores.
El mecanismo de la ley de urgente consideración nació con la reforma de 1967. Foto: Francisco Flores.

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Desde el Frente Amplio han advertido que es “el programa oculto” que el Partido Nacional pretende imponer si gana las elecciones. El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou, en cambio, le ha intentado quitar misterio al tema y adelantó que enviará al Parlamento un proyecto de ley de urgente consideración, una suerte de ley “ómnibus” que incluirá unos 500 artículos y temas muy variados que de por sí podrían ser leyes individuales. Es el caso de la derogación de la inclusión financiera obligatoria, la legítima defensa policial, un cambio en la gobernanza de las empresas públicas y la educación, una regla fiscal y una agencia de monitoreo y evaluación de política públicas.

El comando blanco ya está preparando el texto, que deberá negociar con sus eventuales socios de coalición y enviará en las primeras semanas de gobierno. Para concretar este gran paquete legislativo Lacalle usará el mecanismo del proyecto de urgente consideración -que debe ser tratado dentro de un plazo estipulado y, si no hay un pronunciamiento parlamentario, se convierte automáticamente en ley- que nació con la reforma constitucional de 1967 (ver aparte) y ya se ha utilizado en 13 ocasiones desde el regreso de la democracia en 1985.

Según un informe del Programa de Estudios Parlamentarios del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República (UdelaR), solo cuatro de esos 13 proyectos enviados al Parlamento fueron rechazados: uno en el gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990), dos en el de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y uno en el gobierno de José Mujica (2010-2015).

El estudio indica que los proyectos de urgente consideración que lograron ser aprobados en general fueron en situaciones donde el presidente contaba con “un respaldo parlamentario importante”, como los primeros años de los gobiernos de Lacalle y Jorge Batlle, así como los gobiernos de Tabaré Vázquez y Mujica. Esa situación contradice la intención de los reformadores de la Constitución de 1967, que idearon el mecanismo para favorecer a “presidentes minoritarios”, dice el estudio.

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Antecedentes. 

De los 13 proyectos, hay tres antecedentes que son leyes “ómnibus”, como la de Lacalle. La primera fue una modificación de impuestos enviada por Lacalle Herrera en 1994, donde rebajó el impuesto a los semovientes, aumentó el impuesto a las transmisiones patrimoniales, modificó el impuesto a los vehículos gasoleros y estableció facilidades de pago a los deudores del BPS. “Podrían haber sido cuatro leyes individuales pero fue una, gracias al exitoso acuerdo entre el Herrerismo, el Pachequismo y los sectores batllistas liderados”, dice el estudio.

Los PUC, como se abrevia a estos proyectos, de Batlle son todavía más heterogéneos. Una de las leyes refería a más de treinta asuntos diferentes, como la modificación de aportes patronales, exoneraciones impositivas al agro, incentivos a las pequeñas y medianas empresas, entre otros temas. La segunda ley de urgencia refería a más de 20 temas diferentes de fomento del empleo. “Es probable que la estrategia de Batlle sea hija de la necesidad”, concluye el estudio, ya que “las coaliciones de gobierno en Uruguay no sobreviven a los cinco años de mandato, a excepción de la de Sanguinetti-Volonté (1995-2000) por lo cual su rendimiento efectivo (…) tiende a ser acotado”, dice el informe. O sea, era preferible enviar “un gran paquete legislativo” y negociar con los socios una única vez antes que enviar una decena de proyectos y reiniciar la discusión cada vez que un tema debía ser tratado.

Este mecanismo, además, ha sido utilizado en general para intentar aprobar temas sustantivos de la agenda de gobierno. Es el caso de los proyectos que envió Vázquez al inicio de su primer gobierno en 2005 para crear el Mides y el Plan de Emergencia, dos buques insignia de su campaña electoral.

Esas fueron las dos únicas veces que Vázquez usó este recurso en sus dos gobiernos. El informe dice que “es probable que luego en el Frente Amplio hayan comprendido que una mayoría partidaria que controla el poder de agenda de las cámaras vuelve innecesaria cualquier otro tipo de estrategias”.

Un mecanismo que nació hace 50 años.

¿En qué consiste un proyecto de ley de urgente consideración? La cámara que recibe el proyecto cuenta con 40 días para tratar el proyecto y la segunda cámara con 30 días. Si la segunda cámara modifica el texto, la primera tiene 15 días para opinar sobre las modificaciones. Y, si aún subsisten las diferencias, la Asamblea General tiene un plazo de 10 días.

Además, cualquiera de las dos cámaras puede levantar el carácter de urgencia del proyecto por una mayoría de tres quintos de los miembros.

Este mecanismo de urgencia legislativa fue diseñado en una coyuntura histórica muy concreta: Uruguay era gobernado por un colegiado que lucía inoperante a la hora de enfrentar la crisis que sufría el país en la década de 1960, recuerda el informe del programa de Estudios Parlamentarios del Instituto de Ciencias Políticas.

La Constitución de 1967 buscó rediseñar el gobierno procurando fortalecer al Poder Ejecutivo con el retorno de la figura del presidente y por eso se decidió crear el mecanismo del proyecto de ley de urgente consideración, en un contexto de un parlamento dominado por partidos “fraccionalizados y carentes de disciplina”.

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