DERECHOS HUMANOS

Rechazan propuesta planteada por un nuevo jerarca militar.

La Real Academia Española lo define como: “perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Así explica lo que se entiende por “amnistía”. Y esto es lo que interpreta la organización de Familiares de desaparecidos durante la última dictadura militar en Uruguay. Por eso su postura es clara, quieren “verdad” para encontrar a sus familiares y “justicia” para que quienes cometieron los delitos paguen por ellos.

“Yo estoy en la máxima jerarquía de las Fuerzas Armadas y cuando sucedieron ciertos hechos yo era un niño, hoy tenemos ingresando a la Escuela Militar chiquilines que nacieron en el siglo XXI (…). Tenemos que tratar de buscarle una solución que le de paz, tranquilidad, y que reconforte a todos los que puedan estar, y que están seguramente, muy dolidos”, dijo el viernes el nuevo Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), Alfredo Erramún.

El jerarca militar declaró a los medios que se tiene que recurrir “a los que saben y hablar con ellos” pero al mismo tiempo “darles garantías para eso”. Este pacto no es aceptado por la organización “Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos”.Elena Zaffaroni, quien integra esa organización, dijo a El País que la postura es bien clara. “Verdad y justicia .Y las Fuerzas Armadas nunca colaboraron con la verdad y la justicia. En su seno cometieron estos delitos. No es posible que las autoridades hablen de que esperan que alguno quiera decir algo”, puntualizó. Zaffaroni sostuvo que los militares no revisaron ni aportaron, ni tampoco han trabajado para cortar con “el pacto de silencio”. “Ellos dicen que ese pacto no existe. Que lo llamen como sea pero han cerrado filas desde 1985 a la fecha”, aseguró. Para la organización de familiares lo que se ha podido avanzar fue por el esfuerzo de las víctimas. Sostuvo que si el Ejército desea colaborar, que lo haga. “Aportando información es la única forma que pueden mostrar su deseo de colaborar”, dijo. Por otro lado, puntualizó que el Estado tiene el deber y el compromiso de avanzar en la búsqueda.

El presidente Tabaré Vázquez conformó una comisión para este tema . Familiares decidió abandonar esa comisión al entender que el actual comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, aportó información falsa. “El Estado tiene una obligación de hacer algo y de marcar institucionalidades que avancen y que aclaren estos delitos de lesa humanidad. No es un tema del gobierno frenteamplista, es un tema del Estado. Esté el gobierno que esté”, opinó Zaffaroni.