Como ocurrió el año pasado, en el Día Internacional de la Libertad Prensa se publicaron dos informes -uno internacional y otro local- con signos negativos vinculados a la calidad de la libertad de expresión en el país, y la noticia volvió a caer mal en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Pero no por las conclusiones en sí, sino porque se entiende que se emitieron juicios sobre bases no válidas, pues no se sigue una metodología objetiva y que en todo caso las fuentes consultadas en ambos reportes tienen “intencionalidad política”, según indicaron a El País fuentes del gobierno.
Los informes en cuestión son los que anualmente difunden Reporteros sin Fronteras -que presenta un ranking mundial en el que se clasifica a los países de acuerdo a la calidad de su libertad de prensa- y el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo).
El segundo -que lleva por título “Discurso estigmatizante contra periodistas aumenta en nuevo monitoreo de libertad de expresión”- concluyó que en 2022 se produjeron 66 casos en los que, según se entiende, se constataron “restricciones y amenazas contra los trabajadores de la prensa”, frente a los 69 que esta organización había registrado el año anterior.
De acuerdo a sus estadísticas, los casos han venido creciendo desde 2019, el último año del anterior gobierno del frentista de Tabaré Vázquez.
“Por otro lado -se afirma en este informe de CAinfo- resulta llamativo el impacto que tuvo para la libertad de expresión la vasta cobertura realizada por los medios de comunicación del caso de Alejandro Astesiano. Once de los episodios registrados tuvieron que ver directamente con algún tipo de cobertura o comentario periodístico relacionado con el caso del exjefe de la custodia presidencial”.
Y dice a continuación, en el resumen del informe, disponible en la página web de la organización: “Es importante subrayar que en dos de los episodios mencionados fue directamente el presidente Luis Lacalle Pou quien atacó a un sector del periodismo, sin aportar elementos que respaldaran sus afirmaciones”. Y esto último, aclara CAinfo, es lo que ha contribuido, a su juicio, a aumentar la “estigmatización del periodismo por parte de voceros gubernamentales”, de los que han contado 19 casos.
Frente Amplio denuncia “presiones contra periodistas”
El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles Carrera manifestó ayer en su cuenta de Twitter que el reporte de CAinfo “releva una realidad” denunciada, según dijo, desde “hace tiempo”.
“Desde 2020 se aprecia un fuerte incremento del hostigamiento y las presiones contra periodistas que denuncian hechos que molestan al gobierno”; escribió el senador del Frente Amplio. “Una democracia no funciona bien cuando sus periodistas sienten miedo a la hora de hacer su trabajo. (...) El gobierno debe dejar de hacer presiones indebidas”, cerró.
El informe de Reporteros sin Fronteras, en tanto, definió que “Uruguay tiene un contexto propicio para un diálogo constructivo e inclusivo sobre el papel de los medios en el país”.
Sin embargo, como en la edición del año pasado -para la cual cambió la metodología que se había seguido hasta entonces, como explicaron en aquel momento los responsables de esta ONG- detalla que Uruguay bajó ocho puestos en el ranking mundial -descendió del puesto 44° al 52°-, en base a cuatro categorías de análisis bien generales: panorama mediático, contexto político, marco legal, contexto económico y contexto sociocultural.
Dentro de esta última, por ejemplo, figuran aseveraciones como que “en los últimos años, y a pesar de un contexto favorable, varios periodistas de investigación han sido objeto de amenazas, intimidaciones y presiones judiciales”. Como contexto económico se alude la dependencia de los países de la región y el hecho de que “los recursos naturales son muy limitados, teniendo en cuenta el tamaño del país”.
Como marco legal se cita la ley de medios vigente, la que “favorece el pluralismo de los medios”. En cuanto al contexto mediático se destaca la concentración empresarial “en tres grandes grupos: Villar/De Feo (Canal 10), Romay (Canal 4) y Cardoso/Scheck (Canal 12)”.
La categoría definida como contexto político es, tal vez, la más concluyente y la que explica, en este informe, la caída uruguaya en la clasificación mundial: “Tras 15 años de gobierno de coalición de los partidos de izquierda, agrupados en el Frente Amplio, el presidente conservador Luis Lacalle Pou llegó al poder en marzo de 2020. En los últimos años, se han registrado varios casos de presiones políticas contra periodistas que cubrían asuntos sensibles, al implicar a miembros de la presidencia de la República”.
El tenor de estas afirmaciones, y el hecho de que tanto en un caso como en otro se haya consultado a periodistas que a criterio del oficialismo están identificados “con la izquierda”, es lo que genera que estos reportes se tomen con desconfianza en filas del gobierno.
“Lugares con libertad de prensa como en Uruguay hay pocos”, resumió en diálogo con El País un miembro de la Torre Ejecutiva. Este escenario, sin embargo, difiere del registrado el año pasado, ya que desde el gobierno se entiende que no hay necesidad de salir a dar una respuesta pública -como de hecho no hizo ninguna figura del Poder Ejecutivo ayer.
“No nos vamos a poner a discutir, porque van a seguir intentando crear este relato con intención claramente política”, manifestó la fuente consultada.
Sanguinetti: “Los reportes son producto de la desinformación”
El dos veces presidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, cuestionó ayer las conclusiones de estos reportes, por entender -como entiende el gobierno- que no se ajustan a la realidad uruguaya. “Es toda una fantasía y producto de la desinformación”, dijo Sanguinetti en declaraciones a El País. “No creo que en el mundo haya más libertad de prensa que en Uruguay. Reconozco que puede haber países iguales que nosotros, pero más que nosotros, ninguno. Esa es la verdad”, agregó el dirigente colorado.
Esa ha sido la tónica de las declaraciones que ha habido desde el oficialismo en este sentido, y que se hicieron sentir el año pasado, cuando Uruguay había sido escenario de la conferencia anual de la Unesco sobre libertad de prensa. En aquel momento, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, había cuestionado en diálogo con El País las conclusiones similares a las de esta edición de ambos reportes. El jerarca dijo que Uruguay no tenía un problema en esta materia y que en todo caso podría haber episodios aislados que se alejaran del “ideal”.