Una reciente investigación realizada por miembros del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina puso el foco sobre un tema escabroso: los comportamientos inadecuados de connotación sexual dentro del ejercicio profesional de la medicina en Uruguay. Se trata del primer reporte en el país que sistematiza las denuncias presentadas ante el Tribunal de Ética Médica entre 2012 y 2024.

La violencia sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.

La investigación a cargo de Evangelina Pérez, Jessica Filosi, Natalia Bazán y Hugo Rodríguez revela que el 12% de los fallos firmes por denuncias interpuestas ante el Tribunal de Ética Médica entre el 8 de noviembre de 2012 y el 31 de julio de 2024 estuvieron relacionados con conductas de connotación sexual inadecuadas que implicaron contacto físico, abuso verbal y vínculo sentimental o sexual inapropiado.

Vale puntualizar que se trata de 12 casos sobre un universo de 102 fallos firmes.

Aunque este porcentaje puede parecer bajo, los autores del estudio advierten que la cifra podría estar lejos de reflejar la realidad, dado el subregistro habitual de este tipo de transgresiones.

Todos los médicos denunciados fueron hombres, un dato que no llamó la atención. Lo mismo señalan los estudios sobre abuso sexual en el ámbito de la salud en Colombia, Australia, Reino Unido y Estados Unidos.

“Este franco predominio masculino, unido a la alta feminización de la profesión médica en Uruguay, indica que este tipo de comportamientos profesionales, lejos de explicarse únicamente por la asimetría de poder que caracteriza la relación clínica, está determinada por factores culturales vinculados a desigualdades de género”, sostiene la investigación.

Archivo El País.

Salvo en un caso, todas las denunciantes fueron mujeres. Casi la mitad de los casos comenzó con una denuncia penal o policial y se produjeron en centros asistenciales.

El estudio precisa que los denunciantes no siempre fueron las víctimas, sino que en algunos casos fueron las instituciones asistenciales o familiares. “Este hallazgo podría confirmar las barreras que pueden encontrar las víctimas para interponer una denuncia. También sugiere que algunas situaciones abusivas no son percibidas como tales, al menos en lo inmediato. Cuando la denuncia fue realizada por una institución asistencial por un abuso padecido por una usuaria, no podría descartarse a priori que fuera parte de una estrategia procesal en el marco de juicios laborales o reparatorios”, indica.

El lapso transcurrido entre los hechos denunciados y la formulación de la denuncia fue muy variable: de algunos días hasta más de un año. Incluso se relevó un caso en el que la denuncia se presentó 15 años después de ocurridos los hechos.

Para los autores del trabajo “esto resulta sugestivo de las resistencias que le puede generar a una víctima exponerse a este tipo de proceso, por las mismas razones que resulta previsible el subregistro de casos. La bibliografía advierte que esto podría deberse a que las víctimas experimenten sentimientos de incredulidad, culpa o vergüenza, así como sentir miedo a denunciar o, simplemente, no estar dispuestas a la exposición que supone revelar los hechos”, puntualiza la investigación.

Los psiquiatras y ginecólogos figuran entre las especialidades con mayor número de denuncias y sanciones, lo que sugiere una particular vulnerabilidad de las pacientes en estos ámbitos de atención. Las acusaciones abarcan desde contacto físico no consentido hasta abuso verbal y vínculos inapropiados.

“Resulta muy significativo que la psiquiatría fuera la especialidad más comprometida, tanto por el número de denuncias admitidas, como el de sanciones aplicadas y por su severidad. Esta relación clínica, particularmente asimétrica, y la especial vulnerabilidad de estas pacientes parecen favorecer este tipo de comportamientos. Por ello, hay documentos internacionales que delimitan muy claramente la frontera que no debería traspasar el médico psiquiatra y las razones de ello”, afirma la investigación.

La conducta sexual inapropiada “se perpetra y se experimenta en toda la sociedad, incluido todo el espectro de las profesiones de la salud, y no hay evidencia de que los profesionales la cometan de manera desproporcionada, en comparación con cualquier otro grupo social”, sostiene el informe .

“Es razonable pensar que el número de denuncias esté por debajo de la ocurrencia real, tal como sucede con todas las modalidades de abuso sexual, debido a que suelen ocurrir en el ámbito privado, en este caso, el de la consulta. De hecho, la jurisprudencia uruguaya incluye condenas a médicos por comportamientos profesionales inadecuados de connotación sexual ocurridas durante el período en estudio que no motivaron denuncia ante el Tribunal de Ética Médica”.

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es la dificultad probatoria en este tipo de casos. A pesar de ello, el 75% de las denuncias analizadas concluyeron con sanciones para los médicos implicados. Las suspensiones en el ejercicio profesional fueron la medida disciplinaria más común, con duraciones que oscilaron entre los tres meses y los ocho años.

El proceso ético enfrentó desafíos significativos, ya que muchas denuncias llegaron con un considerable retraso, lo que dificultó la recopilación de pruebas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el Tribunal de Ética Médica logró establecer responsabilidades y aplicar sanciones.

Las autoras destacan que, a diferencia de lo que ocurre con algunos casos que se tramitan en el sistema judicial, las denuncias consideradas por el Tribunal de Ética Médica no llegaron precedidas de una campaña pública o mediática.

Hubo un solo caso en que la difusión masiva a través de la televisión precedió a la denuncia; sin embargo, justamente ese caso fue resultó archivado por falta de mérito.

“Aún con las dificultades probatorias para las denuncias de esta naturaleza, la amplísima coincidencia entre el Tribunal de Ética Médica y el Tribunal de Alzada, y entre los miembros que componen ambos organismos colegiados, indica que la instrucción permitió derribar el estado de presunción de inocencia de los médicos denunciados con un grado de convicción suficiente para habilitar la imposición de las sanciones”, se indica.

También se destaca que, salvo en un caso, los médicos que fueron sancionados no recibieron en su contra acciones civiles indemnizatorias, lo que parece indicar que la verdadera motivación de las denuncias no fue una ulterior finalidad de resarcimiento económico, más allá de que ello pudiera corresponder.

El informe destaca que estos comportamientos reflejan no solo problemas éticos individuales, sino también profundas desigualdades estructurales en la profesión médica. La relación médico-paciente, caracterizada por una asimetría de poder, facilita la ocurrencia de estas situaciones, especialmente en especialidades donde la salud mental y la ginecología están en juego.

El estudio subraya que la falta de normativas específicas sobre conducta sexual inapropiada en la medicina uruguaya representa un vacío legal que debería ser abordado con urgencia. En varios casos, los tribunales éticos debieron basarse en normas generales del Código de Ética Médica, sin disposiciones detalladas sobre la problemática.

Los hallazgos de este estudio ponen en evidencia que la conducta profesional inadecuada de connotación sexual no es un fenómeno aislado en la medicina uruguaya. La mayoría de las denuncias se enmarcan en relaciones clínicas o laborales con una fuerte carga de poder, lo que expone a los pacientes y colegas a situaciones de vulnerabilidad.

A pesar de las sanciones impuestas, el estudio deja en claro la necesidad de mejorar los mecanismos de denuncia, fortalecer la capacitación ética en la profesión y establecer normativas más precisas que regulen y prevengan estos comportamientos.