CONSTITUCIONALIDAD

CARLOS TAPIA

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dio a conocer este martes durante una rueda de prensa un documento que muestra que el 9 de julio de 2013 recibió un informe preliminar, con el membrete del Instituto de Derecho Constitucional, y firmado por su entonces director, el hoy fallecido Alberto Pérez Pérez, en el que se avalaba la constitucionalidad del Antel Arena.

Hoy El País informó que en realidad el instituto como tal no se pronunció a favor de la constitucionalidad y que la intendenta, entonces presidenta de Antel, y sus colaboradores, se refirieron a un informe que aún no había sido escrito.

Sucede que el informe de Pérez Pérez no había sido expedido, por ende no era público, y tampoco había sido avalado por el resto de los miembros del Instituto de Derecho Constitucional, ni votado por el consejo de la Facultad de Derecho, y luego tampoco entregado a la oposición después de que el entonces diputado Jorge Gandini hiciera un pedido de acceso a la información pública.

La primera vez que se habló del tema fue un día después de que este informe preliminar supuestamente fuera redactado y enviado a la entonces decana de la Facultad de Derecho, Dora Bagdasarian. Esto sucedió en la Comisión de Industria de la Cámara Baja, cuando el entonces asesor letrado de Antel, Matías Rodríguez —que concurrió con Cosse luego de que la citaran para explicar la inversión—, dijo que “los criterios de interpretación constitucional del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la República” avalaban la obra.

Sin embargo, el actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, dijo la semana pasada en el Senado que se consultó a la Facultad de Derecho sobre el tema y que lo que se contestó fue que la institución académica no avalaba el trabajo de Pérez Pérez, pues el documento que –ahora se sabe- envió de forma preliminar el 9 de julio y de forma definitiva el 16 de agosto, carece de “la firma del secretario de la época”. Tampoco existen “actas” que prueben que sus miembros hubieran “analizado la constitucionalidad del Antel Arena”.

El 15 de agosto, en una entrevista con En Perspectiva, Cosse mencionó este informe. Y a la tarde del mismo día Gandini envió el pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Industria para conocer el documento al que la jerarca se había referido. Nunca le contestaron. Lo hicieron recién las autoridades del ministerio de esta administración.

El informe definitivo de Pérez Pérez, que también advierte sobre la constitucionalidad de la obra, está fechado el 16 de agosto.

El 19 del mismo mes las referencias a nivel público que se habían hecho del informe de Pérez Pérez llamaron la atención de cinco consejeros de la Facultad de Derecho, que en ese entonces eran parte de la opositora CGU, y que pese a que ya existía un informe final no lo conocían. Estos elevaron una carta a la decana para saber de qué se estaba hablando. Pidieron “copias de la solicitud (del informe), de la decisión y de las actuaciones llevadas adelante”; reclamaron saber la fecha en que “se puso en conocimiento del consejo la resolución respectiva”, así como “la copia del acta del o de los institutos que formularon el o los informes”. No les entregaron nada de esto.

El 10 de octubre el consejo de la Facultad de Derecho, por unanimidad, votó que se les entregara el documento a los solicitantes.

El 14 de noviembre el consejo de la Facultad de Derecho votó la toma en conocimiento del expediente sobra la constitucionalidad del Antel Arena. Y el 28 del mismo mes los consejeros opositores detectaron que habían cometido un error, porque habían votado sin conocer el expediente, pues no estaba adjunto a las actas del consejo. Pidieron, entonces, que se reconsiderara el punto, y todo terminó prácticamente en una batalla campal. Un paréntesis: en los consejos de las facultades casi nunca se vota punto por punto; el decano invita, por ejemplo, a votar del 1 a 20, y no se leen en voz alta las actas.

Luego de esto, ese mismo 28 de noviembre, se dio la discusión. Lo que sigue figura en el acta oficial.

Pero más allá de todas estas idas y vueltas, lo cierto es que el Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho le envió a Gurméndez un documento que revela claramente que este nunca se pronunció de manera oficial sobre la constitucionalidad del Antel Arena.

El actual Instituto de Derecho Constitucional advierte: “No hay registros sobre Actas en las que se haya analizado el tema de la consulta formulada por Antel en el año 2013”.

El informe que se elevó a Gurméndez fue “aprobado por unanimidad por la Sala del Instituto de Derecho Constitucional reunida en forma extraordinaria el 3 de noviembre” pasado, y lleva la firma, esta vez sí, de su director Ruben Correa, y su secretaria María Elena Rocca (ver documento más abajo).

Además, fuentes de Antel sostuvieron a El País que en las oficinas del ente no se encontraron, “al menos donde deberían estar”, los documentos del 9 de julio y el 16 de agosto firmados por Pérez Pérez.