Hay ciertas tradiciones que se repiten cada cinco años en el Estado. Con la instalación de cada nuevo gobierno, o el inicio de cada legislatura, se deben reiterar ciertos trámites que, amparados por la normativa, no dejan de generar debate pese a ser una práctica instalada en los jerarcas de turno. Uno de los más característicos es el de los pedidos de pases en comisión de funcionarios en la administración pública.

Técnicamente, se trata de un acto administrativo, por el cual un funcionario público de determinada oficina o servicio pasa a revistar en otro. La figura tiene el objetivo técnico de atender la falta de personal en la oficina de destino, o puede estar motivada por la capacitación del funcionario. En la práctica, se trata de incorporaciones a pedido del jerarca de la oficina de destino por, en general, motivos de confianza política o personal hacia el funcionario.

El salario del funcionario lo sigue pagando el organismo de origen, que ve mermar su propia dotación de recursos humanos y que incluso puede generar un pago doble si opta por contratar a una persona para suplantarlo.

El debate, con mayor o menor intensidad, se da en todos los períodos, aunque este año surgió a raíz de una circunstancia particular, con una polémica política en la interna de Frente Amplio que está lejos de resolverse.

"Estamos teniendo un vaciamiento muy importante de distintos cuadros de asesores, producto de una migración muy importante hacia el gobierno nacional", aseguraba el viernes 28 el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, al justificar la contratación, como cargo de confianza, de Ana Inés Martínez, para asesorarlo en temas de comunicación. Sería por tres meses, hasta el final del período, con un salario nominal mensual de $ 187.331.

La polémica por esta decisión fue escalando hasta que, como informó El País, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) le pidió el lunes a Zunino la "revisión" de esa contratación. Zunino, que estuvo de misión oficial en España, se comprometió a hacerlo a su retorno a Montevideo, previsto para este viernes.

Lo cierto es que gran parte de ese "vaciamiento" que alertó el intendente se dio vía pases en comisión hacia otros organismos. Según un relevamiento hecho por El País, hasta este viernes se habían procesado 36 solicitudes. La "migración" comenzó el mismo 15 de febrero, al iniciarse la nueva legislatura. Ese día la Intendencia de Montevideo autorizó el pase de tres funcionarios hacia el Senado, a fin de brindar "asistencia directa" a su nueva presidenta, la exintendenta Carolina Cosse. Se trata de Valeria Gaibisso, que trabajaba en la División de Información y Comunicación, y que en el anterior período también había prestado servicios para Cosse en su breve pasaje en el Senado. Con Cosse también estarán ahora Gustavo González y Jorge Braga, que provienen del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente. En la lista está Solana Quesada, de la Asesoría para la Igualdad de Género. La asesora de Cosse Ana De Rogatis fue incorporada también al despacho de la vicepresidenta. En total, Cosse sumó seis asesores en pase en comisión. La lista se completa con Analía Raurich, procedente de la Corte Electoral.

La "fuga" de funcionarios de la IMM se produjo también hacia otros integrantes del Poder Legislativo. Por ejemplo, el exdirector de Movilidad de la comuna Pablo Inthamoussu incorporó a su despacho en Diputados a una funcionaria de esa repartición.

También fue el caso de Valeria Ripoll. la exsecretaria de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) y excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, pasó en comisión al despacho del senador nacionalista Nicolás Olivera. Orgánicamente, Ripoll es funcionaria de la Unidad Orquesta Filarmónica de la IMM.

En todos los casos, las solicitudes son hasta el 14 de febrero de 2030. Pero en las resoluciones en las que se accedió a los pedidos, la IMM aclaró que será hasta la finalización del actual mandato departamental. A partir de allí, y por 90 días, deberá tramitarse una nueva solicitud. Si la comuna no accede a renovar el pase, los funcionarios deberán reintegrarse a sus oficinas de origen.

Una regla no escrita indica que rara vez un organismo no accede a conceder el pase en comisión de un funcionario a otra dependencia. Sobre todo si el pedido llega desde el Parlamento.

Los 30 senadores que asumieron el pasado 15 de febrero incorporaron un total de 121 asesores como pases en comisión. Cada legislador, legalmente, puede hacer hasta cinco incorporaciones. Allí, como ocurre tradicionalmente legislatura tras legislatura, las incorporaciones tienen su origen en algunas funciones en particular: policías, docentes o funcionarios de la educación.

Así, once pases en comisión pedidos por senadores corresponden a funcionarios de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Otros catorce provienen de distintas reparticiones del Ministerio de Educación y Cultura. Otros nueve están presupuestados en el Ministerio del Interior.

Por otra parte, se destaca el caso de la Corte Electoral, con un total de diez pases en comisión pedidos por los senadores. También el de OSE, que "perdió" once funcionarios a manos de la cámara alta.

En la Cámara de Representantes, en tanto, los 99 diputados efectuaron un total de 299 pedidos de pases en comisión. En este caso, muchos de ellos están hoy en trámite con respecto a sus oficinas de origen. Al igual que en el Senado, se pueden hacer hasta cinco incorporaciones.

La IMM, a su vez perdió a 13 funcionarios que revistaban en sus filas como pases en comisión, y que retornaron con la nueva administración nacional a sus lugares de origen. Uno de ellos fue Alfredo Clavijo, que se desempeñaba como coordinador de la Unidad de Policía Territorial y que ahora es el subdirector de la Policía Nacional.

Por otra parte, la comuna capitalina perdió recursos humanos a manos del Poder Ejecutivo. Es el caso de Gabriel Romano, que pasó a prestar asistencia directa al nuevo ministro de Turismo, Pablo Menoni. Al mismo destino y con el mismo fin fueron Lucas Regal y Evelyn Satkauskas.

Otros cinco funcionarios pasaron a los ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de Ambiente, y de Desarrollo Social.

También se cuentan cuatro casos de funcionarios presupuestados que pidieron y obtuvieron la reserva de sus cargos para pasar a cumplir funciones en diversos organismos del Estado. Por ejemplo, la nueva secretaria general ejecutiva de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

En este mismo período hubo otros 17 funcionarios que renunciaron a su cargo en la IMM. En varios casos, para pasar al gobierno nacional. Entre ellos se cuenta a Mariana Chiquiar, que de estar en la Secretaría General pasó a ser la nueva subdirectora nacional de Empleo. También Ramiro Pallares, que del Departamento de Cultura de la comuna pasó al área de Innovación Educativa de la Dirección.Nacional de Educación.