Redacción El País
En octubre de 2023, un hombre sin antecedentes penales, Luis V., utilizó su página de Facebook para contactarse con la madre de un preso. Le dijo que si no pagaba $ 300.000 su hijo iba a ser asesinado por otro interno del mismo penal.

Luis V. también señaló a la mujer que sabía dónde vivía su hija de 19 años y que la iba a secuestrar si no accedía al pago.

La mujer no tenía el dinero. Se dirigió a la Policía y realizó la denuncia. El caso derivó a la Fiscalía de Flagrancia de 6° Turno, cuyo titular es el fiscal Pablo Rivas.

Tras reunirse con un equipo de la Unidad de Cibercrimen de la Dirección Nacional de Investigaciones, Rivas dispuso una serie de diligencias con el propósito de ubicar al dueño de la página de Facebook desde donde provino la amenaza.

Los policías detectaron que la página provenía del IP de un teléfono celular perteneciente a Luis V. Al ser indagado en la Fiscalía, el detenido negó cualquier vinculación con las amenazas realizadas a la madre del preso.

No obstante, el fiscal logró que la Justicia imputara a Luis V. por un supuesto delito de extorsión y fue alojado en una celda del penal de Santiago Vázquez (ExComcar).

“No se consumó la entrega de los $ 300.000. Puede tratarse también de una tentativa de extorsión”, explicó el fiscal Rivas a El País.

En la tarde de ayer se realizó una audiencia en el Juzgado Penal. Rivas solicitó al juez Matías Porciúncula una extensión de las medidas cautelares de prisión para Luis V. por 90 días más.

Rivas argumentó que todavía existía riesgo de vida para la madre del preso que había presentado la denuncia penal y que, por lo tanto, se debía mantener la medida de prisión preventiva.

Además, la investigación de la Unidad de Cibercrimen continúa investigando el teléfono celular del hoy imputado.

En tanto, la defensora pública Andrea Bravo pidió al magistrado que disponga el arresto domiciliario total para el imputado con la colocación de una tobillera electrónica.

En sus declaraciones en la Fiscalía, el indagado Luis V. negó haber realizado amenazas a través de su página de Facebook.

“Lo vendí”, dijo el imputado al fiscal Rivas.

El fiscal no le creyó. La madre del investigado fue detenida y manifestó en la Fiscalía que la cuenta de Facebook de donde habían provenido las amenazas a la madre del preso pertenecían a su hijo.

Consultado el fiscal Rivas sobre si el imputado integraba una organización delictiva que se dedicaba a extorsionar familiares de presos, respondió que “no se verificó” otro contacto con personas allegadas a encarcelados o la presencia de una organización.

Según supo El País, se trata de un problema de difícil solución porque la mayoría de los presos o sus familias víctimas de extorsiones no denuncian.

Todo comienza en los primeros días que el preso llega a la celda. Un “compañero” le presta un celular para se comunique “todo lo que quiera” con la familia.

El número de los familiares del preso queda registrado. Días más tarde, una persona que está afuera de la cárcel llama a los familiares del encarcelado y les pide unos $ 5.000 bajo amenaza de muerte al recluso. Y a comienza el calvario. En muchas ocasiones los familiares extorsionados van a un local de cobranzas y realizan el giro. Para el segundo pedido la suma aumenta a casi el doble y así sucesivamente. Cuando no pueden pagar más, los familiares realizan la denuncia a la Policía.

También hay muchas extorsiones por consumo de drogas dentro de la cárcel. Para poder sobrellevar el encierro, muchos jóvenes se drogan y quedan endeudados.

Los primeros casos de extorsión -también denominados “peajes” en la jerga carcelaria- comenzaron en 2010. Desde entones, esa maniobra no ha cesado de crecer pese al control policial, según dijo una fuente penitenciaria.