Por Maite Beer
A Cathy la vendieron a los 12 años. Su madre necesitaba dinero y se puso en contacto con un grupo de “amigos” de las zona de Playa Pascual que se dedicaban a la venta de droga. La niña, entonces, empezó a frecuentar la casa de estos hombres, en donde también vivían seis jóvenes más. La mayoría eran adolescentes, y además de las que estaban “fijas” había otras que llegaban por la noche o se quedaban durante algunos días. Estuvo en situación de explotación sexual durante seis años. A los 14 años fue que se convirtió en “la pareja” de uno de estos varones, que en ese momento tenía 50.

“El calvario”, sin embargo, había comenzado antes, cuando tenía ocho años. A esa edad la pareja de su madre empezó a abusar de ella y años después le sucedió lo mismo con otro novio de su mamá. Las demás chicas que vivían en la casa de Ciudad del Plata también habían padecido abusos desde que eran niñas.

“Estábamos acostumbradas a vivir en la violencia, no los veíamos como hombres ni malos ni buenos”, dice ahora. Ellos las manipulaban, les hacían pensar que les estaban dando una vida mejor, que las estaban protegiendo.

Su cabeza se bloqueaba cada vez que la obligaban a tener relaciones sexuales, a veces con más de uno a la vez: “Lo recuerdo como si hubiera sido otra persona, como si mi cabeza se hubiera desconectado de mi cuerpo”. Lloraba todos los días y algunas veces sufría ataques de pánico. Todo el tiempo pensaba en suicidarse, pero decidía tomar fuerzas y “aferrarse a la vida”. “O sobrevivís o te matás”, afirma.

Los hombres las drogaban con sustancias que Cathy no recuerda bien qué eran y dice que, a diferencia de la mayoría de las otras chicas, nunca se volvió adicta. Recuerda que “se tenían que drogar hasta quedar inconscientes para soportar la situación”.

Vio cómo algunas se intentaban quitar la vida e incluso mataron a una de ellas en frente al resto.

Cathy se decía a sí misma que en algún momento “no les iba a servir más” a los hombres, esa era su única esperanza, pero cada vez la ilusión se atenuaba más. La situación empeoró y tuvo que someterse a dos abortos clandestinos.

Podían hacer lo que quisieran con ella, dice, estuvo indocumentada hasta los 15 años y no tenía a nadie a quien recurrir. Cuando se mudó a la casa de los criminales, nunca más fue al liceo. Solo iba algunas veces a un instituto privado cerca de Tres Cruces en donde le daban clases a ella y a las demás chicas.

En el medio de la entrevista aparecen sus dos hijas, estaban jugando adentro de su cuarto mientras su madre, que ahora tiene 28, recuerda su vida pasada. Tienen hambre y la más pequeña le pide leche, ella le responde que ya no queda más y le ofrece pan. La niña de pelo castaño dice que no quiere pan y se cuelga de su madre para sentarse en su regazo. Cathy continúa contando.

Intentó escapar y denunciar lo que le estaban haciendo. “Los policías me decían ‘si venís a denunciar, tenés que venir con un mayor, con tu padre o tu madre’. Y era mi madre la que me estaba vendiendo, ¿con quién iba a ir?”. Dos veces más intentó huir, pero la amenazaban con matar a sus hermanos. Tras una de sus salidas le dieron una paliza que hasta el día de hoy recuerda con aflicción en su rostro.

-¿Durante esos seis años fuiste feliz en algún momento?

-Sí.

Se refiere a aquellos días en que los hombres las “dejaban tranquilas”, y las chicas se reunían en una habitación con comida y alcohol. Por unas horas sentían que ya no estaban retenidas. “Tomábamos y nos matábamos de risa, salíamos de ese momento tan difícil”, narra Cathy. Se contaban una a otra lo que habían sido sus vidas fuera de esa casa. Eran ellas y nadie más. De repente los ojos de la mujer se llenan de lágrimas y levanta la mirada con la intención de aguantar el dolor que le produce recordar. Respira hondo.

A los 18 años fue que conoció la asociación civil El Paso, una ONG que se ocupa de asistir a niños y adolescentes que son víctimas de abuso y explotación sexual. Tuvo la intención de denunciar al grupo de hombres, pero le exigían que los identificara y eso le resultaba imposible: “Si yo denunciaba con nombre y apellido terminaba con un tiro en la cabeza”, explica.

Hasta el día de hoy las secuelas perduran. A Cathy le costó conseguir un trabajo estable y rehacer su vida. Todavía hay cosas que no logró sanar, sobre todo en su relación con los hombres. “Me cuesta que me toque un hombre”, dice.

Quiso contar su historia a El País porque cree que ni la sociedad ni los gobiernos entienden la gravedad de esta situación que le toca vivir a tantas niñas y adolescentes uruguayas. La Justicia tampoco sabe cómo ayudar -afirma- porque hacen que vuelvan a recordar lo que sufrieron una y otra vez. “Te revictimizan”, critica. Para Cathy lo más importante es que los docentes se capaciten para detectar las situaciones de violencia y así denunciarlas lo antes posible. “Si mi maestra de la escuela se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando, me hubiera ayudado y mi historia hubiera sido otra”.

Hay un aumento sostenido de los casos de explotación sexual infantil desde 2007 hasta la fecha, explica a El País Luis Purtscher, director del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees). En 2022 se registró la cifra más alta de casos de explotación sexual atendidos, alcanzando los 529, más del doble de los casos que hubo en 2015. En 2021 hubo 494 intervenciones y en 2020 el total fue de 410.

La mayoría de estos niños y adolescentes provienen de contextos sociales críticos y tienen muchas carencias familiares. “Los explotadores saben dónde están los niños más frágiles, eso pasa en Uruguay y en el mundo”, indicó Purtscher. Del total de intervenciones que hubo el año pasado, en 18 de los casos los padres eran los proxenetas; en ocho de ellos eran los perpetradores; y en 160 los padres del menor fueron los facilitadores.

El presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo a El País que “el aumento de los casos indica que se está ante una realidad incuestionable e indisimulable”. Si bien el 66% de los casos las víctimas de explotación sexual estaban en un contexto familiar o comunitario, un 30% estaban institucionalizados en el INAU, incluso algunos vivían en los hogares.

En la mayoría de los casos esto sucede durante las salidas no autorizadas de los adolescentes. El País le consultó a Abdala si se debería mejorar el funcionamiento de los hogares para evitar las situaciones de explotación, a lo que respondió: “Autocrítica tiene que haber siempre, pero yo no creo que en ese tema se puedan sacar juicios concluyentes”.

El presidente del INAU resaltó que existen casos en los que, gracias a que un equipo interviene y actúa con eficiencia, se descubre una situación de explotación. Eso permite “recoger los indicios” y lograr que las víctimas den detalles para realizar la denuncia. “Hubo casos en los que se logró desbaratar una red”, dijo Abdala. Además, explicó que el INAU está combatiendo esta situación crítica con la creación de los Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF) de 24 horas. Esto es algo que inició el Frente Amplio y continuó esta administración, con lo que se busca la revinculación familiar.

Los casos de explotación sexual pueden denunciarse a la Línea Azul: 0800 5050.

La senadora del Partido Colorado Carmen Sanguinetti redactó un proyecto de ley para crear la figura de Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia. “Los temas de infancia no ocupan la agenda del Parlamento como deberían”, criticó la legisladora en diálogo con El País y retrucó: “Uruguay tiene una visión adultocéntrica”.

A Sanguinetti se le ocurrió esta idea en 2019 a partir de una conferencia de Unicef, cuando descubrió que varios países del mundo tienen la figura del ombudsman, la cual considera necesaria. “Uruguay tiene índices de violencia intrafamiliar que son escalofriantes”, dijo la senadora colorada y sostuvo que esto “está naturalizado” porque no hay conciencia social.

El comisionado parlamentario, como sucede con Juan Miguel Petit en relación al sistema penitenciario, tiene el principal cometido de asesorar al Poder Legislativo en el cumplimiento de la normativa. En este caso, referido a la situación y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, “velado por su interés superior”, tal como detalla el proyecto al que accedió El País. A su vez, será responsable de la supervisión de la actividad de los organismos encargados del cuidado de esta población, como el INAU o la ANEP.

En particular, este ombudsman preparará y promoverá los estudios e informes convenientes relacionados a la infancia y la adolescencia. Rendirá anualmente un informe ante la Asamblea General para realizar recomendaciones a las autoridades administrativas.

También, cooperará con los organismos nacionales e internacionales que promueven el respeto de los derechos humanos. Y solicitará información a las autoridades públicas y privadas que tengan a su cargo la protección de niños, niñas y adolescentes, entre otras cosas para así detectar posibles vulneraciones a sus derechos y actuar en consecuencia.

“Si en el cumplimiento de sus funciones, el comisionado parlamentario llegare a la conclusión de que se ha cometido un delito, deberá hacerlo saber al jerarca correspondiente para que adopten las medidas pertinentes”, señala el proyecto de ley.

Hasta el momento el proyecto liderado por Sanguinetti no fue analizado, si bien está en poder de legisladores colorados.