Ocupan planta de Dirox; empresa pide la intervención del gobierno

Quince trabajadores de la empresa química Dirox ocuparon ayer la planta

ubicada en la ruta 1 en San José, en reclamo de condiciones de trabajo que no afecten su salud. Los representantes de la firma, de capitales italianos, entienden que el sindicato está "radicalizado" y que su única intención es "buscar el conflicto". Esperan, además, la intervención del gobierno, en el entendido de que está en juego "la inversión italiana más grande del país".

Se trata de la segunda medida de este tipo en pocos días, ya que el viernes pasado fueron tomados los talleres de la metalúrgica Ramírez (ver nota aparte).

Los trabajadores de Dirox ocuparon el sector de generadores de vapor —que detiene el proceso de industrialización de cromo que se efectúa en el lugar—, después de realizar gestiones ante la empresa desde octubre pasado, que —aseguran—han culminado sin éxito.

El dirigente Cristian Otonelli dijo a El País que desde hace once meses se han presentado reclamos ante la propia empresa y ante los organismos estatales competentes por las condiciones a las que se ve expuesta la salud de quienes desarrollan su tarea en la fábrica.

Dijo que uno de los indicadores más claros es el aumento de la concentración de cromo en la orina y que las continuas denuncias de los funcionarios no han encontrado eco en ninguna de las dos partes.

SORPRESA. La versión patronal es distinta a la del sindicato. El abogado de la firma y vocero oficial, Julio Iribarne, comentó a El País que los trabajadores habían manifestado las dudas que les generaban los análisis sanitarios que efectuaba una empresa tercerizada contratada por Dirox.

"Frente a esto, acudimos a la cámara que nos agrupa (la Asociación de la Industria Química del Uruguay) para negociar con el sindicato de la industria química en una comisión bipartita y buscar una solución al diferendo. Y allí aceptamos una propuesta gremial de que un segundo laboratorio elegido por los trabajadores realizara los mismos exámenes. La respuesta afirmativa se dio el jueves pasado, pero sorpresivamente el sindicato de Dirox ocupó y lanzó una plataforma reivindicativa que no había sido puesta arriba de la mesa hasta el momento", explicó.

La empresa entiende que existe "un sindicato interno bastante radicalizado, que en el medio de una negociación ocupa habiendo recibido hace dos días una respuesta afirmativa a su planteo. Nos hace pensar que la intención verdadera no es llegar a una negociación que permita convivir en armonía sino buscar el conflicto", opinó Iribarne.

El abogado entiende que la ocupación es un derecho de los trabajadores, pero debe ser "una instancia última" ante el fracaso de una negociación. "Y parece bastante peculiar ocupar, habiendo sido exitosa la negociación", sostuvo.

Agregó que Dirox comunicó la situación al Ministerio de Trabajo y a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). "Estamos esperando respuestas del gobierno, que ha dicho reiteradamente que apuesta a la inversión extranjera. No olvidemos que Dirox es la inversión italiana más grande en la historia del Uruguay. No pretendemos con esto obtener ningún beneficio especial, sino simplemente manifestar nuestra intención de seguir dialogando, pero dentro de un marco adecuado", afirmó el abogado.

CLAUSURAS. Desde su instalación hace ocho años en la zona, Dirox —que pertenece al grupo industrial italiano Stoppani— ha sido objeto de diversos cuestionamientos, fundamentalmente de vecinos de la zona, por presunta contaminación ambiental.

La empresa fue clausurada en varias oportunidades por la intendencia de San José y el Ministerio de Vivienda. Hace solo dos meses el ministro Mariano Arana visitó el lugar, y afirmó que se iniciaba una nueva etapa de relacionamiento del gobierno con los trabajadores y con la propia empresa.

Los trabajadores también reclaman la reducción de la carga horaria, de acuerdo a la ley 11.577 para industrias insalubres. Eso traería un doble beneficio, según Otonelli: "la reducción del tiempo de exposición al cromo y la creación de posibilidades de ingreso de unos 20 funcionarios injustamente despedidos el año pasado".