Menores: sistema judicial cuestiona datos policiales

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Los operadores del sistema judicial de menores criticaron las cifras policiales según las cuales el 77% de los jóvenes detenidos en mayo fueron liberados. Dicen que esa estadística refleja el trabajo de la Policía, pero no la labor de los jueces.

Durante todo el mes pasado, la Policía detuvo en Montevideo a un total de 527 adolescentes, de los cuales el 77% (406) fueron entregados a sus responsables por orden judicial, de acuerdo con cifras oficiales divulgadas por la Jefatura de Policía.

Según esas estadísticas, la mayor cantidad de detenciones fue por hurtos (119), y en segundo lugar por rapiñas (109). En el primer caso, 16 jóvenes fueron internados en el INAU y el resto fue entregado a los responsables, mientras que los menores privados de libertad por rapiña fueron 46.

Sin embargo, las cifras policiales -divulgadas el lunes por la oficina de prensa de la Jefatura de Policía de Montevideo- fueron cuestionadas a nivel judicial, ya que se entiende que no evidencian el verdadero trabajo del sistema.

"La estadística no está reflejando lo que es la realidad habitual de los juzgados", consideró el juez Hugo Morales, quien indicó que al menos en su sede, el promedio de internaciones y medidas no privativas de libertad se encuentra en una relación de 50% a 50%.

Para Morales, el porcentaje tan elevado que arrojan las cifras policiales se explica en que, muchas veces, la Policía detiene a jóvenes en la vía pública sin que hayan cometido ilícito alguno, cosa que se registra como detención, pero se trata de casos que ni siquiera llegan a la sede judicial.

El juez también señaló que la cifras que se desprenden de las estadísticas de la Jefatura de Policía pueden incluir los casos de hurto en grado de tentativa, hecho que, según el Código de la Niñez y la Adolescencia, no tiene sanción y por el cual los menores detenidos no llegan al juzgado.

Por su parte, el defensor de oficio de menores Daniel Sayagués Laso dijo que el hecho de que un menor sea entregado a sus responsables no implica que la infracción que cometió quede impune, porque puede quedar sujeto a un régimen de prisión domiciliaria.

"Para mucha gente, si el juez no interna al menor en el INAU es como que no haya hecho nada, pero eso no es así", sostuvo Sayagués Laso.

Por eso, el abogado señaló que las estadísticas que elabora la Policía "sirven para analizar la labor de la Policía, pero no el trabajo judicial".

Para Sayagués Laso, estos datos estadísticos de la Policía "no sirven de mucho" porque también pueden ser detenidos menores en situación de calle que, al no ser responsabilizados por ningún delito, son derivados a juzgados de familia.

El abogado señaló que la Policía "no distingue" entre quiénes delinquen y quiénes no, tarea que le corresponde exclusivamente a la Justicia, que es la la parte del sistema que valora las pruebas recabadas.

DE FONDO. En tanto, el fiscal de menores Gustavo Zubía consideró que la cifra policial de que el 77% del total de jóvenes detenidos en mayo fueron entregados a sus responsables "es un número elevado", y señaló que en su último turno fueron internados cerca de la mitad de los adolescentes que pasaron por el juzgado.

Zubía indicó que según la redacción actual del Código de la Niñez y la Adolescencia, para llegar a la internación de un menor el juez "debe realizar un duro trámite, porque la norma prevé esa opción solamente para casos excepcionales y eso es lo impide que el sistema funcione".

Por eso, el fiscal reclamó cambios legislativos "de fondo". "Tengo la esperanza de que el Parlamento modifique las normas para dar una respuesta a la situación tan difícil que vive hoy el sistema penal juvenil", agregó Zubía.

Hoy, la Cámara de Diputados analizará tres proyectos diferentes que proponen la posibilidad de conservar los antecedentes a los menores infractores. Por otro lado, se evaluará un proyecto que amplía el plazo legal de los jueces para dictar sentencia y otro que penaliza el hurto en grado de tentativa (ver aparte).

Mientras, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, expresó ayer que la problemática generada en torno a los menores no se soluciona discutiendo con los jueces por "cómo aplican la ley", sino que las medidas que se deben tomar "van por el lado de que los internados no se escapen de los hogares y que haya verdaderas políticas de rehabilitación".

Sin acuerdo entre los representantes del Frente Amplio y la oposición, la Cámara de Representantes considerará hoy, a partir de las 16 horas, tres proyectos distintos para la conservación de los antecedentes de menores infractores.

El Frente Amplio tiene los votos para aprobar el mantenimiento de los legajos por un plazo de dos años en el caso de los delitos considerados gravísimos (homicidio, rapiña, copamiento, secuestro y violación).

En tanto, el Partido Nacional plantea que los antecedentes se conserven por todos los delitos y por un tiempo indefinido. Sobre este aspecto, el diputado Jorge Gandini (Alianza Nacional) planteará sus diferencias, pero votará con el resto de la bancada nacionalista.

Por su parte, el Partido Colorado entiende que los antecedentes de los cinco delitos considerados gravísimos se conserven de por vida.

A diferencia de lo que sucede con los antecedentes, hay acuerdo entre los tres partidos para ampliar los plazos para dictar sentencia de 60 a 90 días y penar la tentativa de hurto y de rapiña. Sin embargo, mientras los blancos quieren penar con privación de libertad la tentativa, los legisladores del oficialismo plantean que el magistrado aplique medidas alternativas.