Ley de empadronamiento no viola la constitución según Suprema Corte

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La Suprema Corte de Justicia no halló visos de inconstitucionalidad en la Ley de Empadronamientos. Cuatro recursos presentados en este sentido, dos de particulares y de las intendencias de Colonia y Flores, fueron desestimados.

La opinión del máximo órgano judicial pondría un punto final al último escollo, o uno de los últimos, en la prolongada "guerra de las patentes" que la reciente propuesta presidencial ha parecido zanjar.

Una sentencia de la Suprema Corte sobre el pedido de inconstitucionalidad presentado por dos particulares del pasado 24 de diciembre desestimó la pretensión, argumentando sobre el fondo del tema.

De todos modos, ayer mismo al ser consultado sobre este punto el intendente coloniense Walter Zimmer dijo que aún esperaba el pronunciamiento sobre similares presentaciones hechas por su administración y la de Armando Castaingdebat (Flores). Ambas administraciones departamentales habían planteado en sus respectivas peticiones que la Ley 16.456, más conocida como "Ley de Empadronamientos", violaba la autonomía de sus gobiernos.

En consecuencia con esa postura, ambas comunas no habían respetado la ley aprobada en 2008. Esta disparidad frente al resto de las administraciones departamentales se arrastra hasta hoy, cuando la propuesta del Poder Ejecutivo de subsidiar a través de un fideicomiso una patente única -que alcanzó el apoyo de todos los jefes comunales, incluso del propio Zimmer- parece haber zanjado el conflicto. De hecho, la semana próxima una comisión integrada por el presidente del Congreso Nacional de Intendentes, Walter Ezquerra, el vicepresidente, Marcos Carámbula, el intendente de Salto Hernán Coitinho, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, representantes de la OPP y del Ministerio de Economía, sesionará desde el miércoles para trabajar en el tema.

La batería argumental de los demandantes particulares apuntaba, además, a la violación del derecho de propiedad, el derecho a la libertad, el derecho de libre circulación, todos ellos consagrados en la Constitución de la República.

La sentencia emitida el pasado 24 de diciembre de 2010 y firmada por los ministros Jorge Chediak, Leslie Van Rompaey, Daniel Gutiérrez, Jorge Ruibal Pino, y Jorge Larrieux, desestimaba por unanimidad la petición de inconstitucionalidad.

DESESTIMADO. En la gama de argumentos presentados por los peticionantes, el derecho de propiedad es esgrimido como un rasgo de inconstitucionalidad de la ley 16.456.

Los ministros de la Corte, luego de considerar las interpretaciones de los peticionantes, recogen el argumento del Fiscal de Corte que incorporan a su sentencia: "ninguna de las normas establecidas en la ley atacada constituyen limitación alguna del derecho de propiedad, sino que se trata, lisa y llanamente, de la determinación -por vía legal- de uno de los sujetos de la obligación tributaria", expresa la sentencia.

La Corte analiza, asimismo, otro de los argumentos recurrentes en esta discusión, el de la residencia del contribuyente. "Reiteradamente ha señalado esta Corporación que no existen derechos absolutos y que los derechos consagrados -expresa o tácitamente por nuestra Constitución- pueden ser limitados por el legislador nacional por razones de interés general", aduce la Corte.

"Por consiguiente, establecer que el hecho generador del impuesto a los vehículos de transporte se configura `en el domicilio permanente del titular del vehículo` no supone infracción a la libertad, a la propiedad o la seguridad jurídica, debiendo señalarse que ni siquiera fue alegada cuál sería la infracción a este último principio, circunstancia que, por sí sola, hubiera sido suficiente para el rechazo del planteo en relación al mismo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 512 del Código General del Proceso", añade la sentencia.

En términos generales la Corte desestimó de plano las alegaciones sobre vulneración de los derechos consagrados en la Constitución. "Sin perjuicio de lo expuesto, ninguna de las normas atacadas puede considerarse que vulneran o infringen en forma alguna los derechos a la libertad, propiedad o seguridad jurídica como alegaran los impugnantes, sino que -en última instancia- podría considerarse que se trata de limitaciones a los mencionados derechos impuestas en virtud del interés general", sostiene la sentencia.

"En efecto -continúa la sentencia de la Corte-, no se puede invocar violación al derecho a la libertad, o al de libre circulación en tanto hasta el dictado de la norma, a través de prácticas habituales y que son de público conocimiento, se procedía a denunciar `un supuesto domicilio` dentro de la comuna que económicamente más le favorecía, para quedar sujetos a dicha jurisdicción, desnaturalizándose así el supuesto de hecho de la figura tributaria, que es precisamente que tributen quienes circulan en el lugar".

el subsidio. La fórmula para destrabar más de medio siglo después la "guerra de las patentes" implica un fondo volcado por el gobierno central. Ayer El Observador informó que "en filas del gobierno se calcula destinar hasta US$ 20 millones para compensar las pérdidas".

Un ex edil nacionalista, Daniel Graffigna, manejó que para Montevideo solamente supondría una pérdida cercana a los US$ 50 millones.

El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, prefirió mostrarse cauto en cuanto a montos. "No hay ningún número exacto porque ni siquiera se discutió el modelo final, porque va a haber una propuesta y una respuesta de los señores intendentes y se va a trabajar después a nivel técnico (...) Yo sugeriría, que lo mejor que podemos hacer ahora a pesar de la ansiedad, es que después de 50 años, porque hay que revisar los diarios de la década del 60 que hablaban de guerra de patentes, esperemos un mes, un mes y medio en tranquilidad", dijo Cánepa en declaraciones recogidas por El Espectador.

"Hasta ahora lo que sé es que se lo negaron a dos particulares", dijo ayer a El País el intendente Walter Zimmer al ser consultado sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

Poco antes de partir hacia Carmelo el jefe comunal dialogó brevemente con El País y señaló que aún espera conocer la resolución de la Corte en relación con la petición de inconstitucionalidad presentada en 2009, al mismo tiempo que la comuna de Flores.

Zimmer afirmó que, sea cual sea el resultado, el tema será evaluado por su equipo contable, pero insistió en que aún no tenía una posición definida sobre el tema.

Por otra parte el intendente coloniense dijo "estar expectante" y "acompañar a muerte" al Presidente José Mujica con la propuesta que hizo para destrabar el tema.

"Queremos acompañar este proceso, pero vamos a defender como siempre lo dijimos al contribuyente del departamento de Colonia", expresó Zimmer.

De todos modos, el jefe comunal sostuvo que apoyará la unificación de patentes y que si no prospera "no será por culpa de Colonia".