Era siempre igual. Pasaba en su auto y con las mismas excusas —darles trabajo, dar una vuelta, llevarlos a su casa— lograba que adolescentes se subieran. Después de ahí, todo iba in crescendo: el ofrecimiento de dinero por ir a cenar o ejecutar algún acto sexual menor, para después presionarlos o directamente forzarlos a tener sexo. Esa escena, que se repitió muchas veces, después comenzó a tener pequeñas diferencias: era Sebastián Mauvezín quien, por medio de engaños u ofrecimientos de dinero—algunos similares a los que hacía el senador y otros diferentes, como la organización de un partido de fútbol— generaba el vínculo de Gustavo Penadés con los menores.

Así consta en varias de las declaraciones anticipadas de las víctimas que recoge el Tribunal de Apelaciones de 4 Turno en la sentencia a la que accedió El País. Allí también se mencionan declaraciones de las partes en audiencias judiciales, en donde manejaron la posibilidad de que otro legislador esté involucrado en la “trama” para salvar a Penadés, que haya un “hacker” que aún no esté identificado e hicieron referencia a una denuncia que presentó el INAU en el marco del caso.

En la sentencia del Tribunal de Apelaciones se hace un resumen de lo debatido en la audiencia que tuvo lugar el 8 de abril, en la que se extendió el plazo preventivo que tanto Penadés como Mauvezín deberán pasar en prisión. Ello fue confirmado por el tribunal. Uno de los fragmentos que reproduce, fue algo que mencionó la defensa de Penadés —Homero Guerrero y Laura Robatto— quienes a la solicitud fiscal contestaron: “Decir que continúa la trama o investigación paraestatal, llámese como se quiera, me alude”.

El fallo no reproduce la parte en que la Fiscalía alega eso, pero sí la contestación de la defensa, quien hizo especial hincapié en que no iba a permitir que se dijera que ellos formaban parte de una trama. Después de eso, la Fiscalía —liderada por Alicia Ghione— aclaró que no pretendía que se infiriera que si la trama continuaba, ellos formaban parte.

Cuando le tocó contestar a las defensas de las víctimas, el Consultorio Jurídico de la Universidad de Derecho, dijeron: “Quedan las declaraciones de personas muy cercanas a Penadés, esto en cuanto al entorpecimiento, es relevante que se tenga en cuenta, (Ximena) Portillo, (Horacio) Tejera eran sus colaboradores inmediatos, estos casos no fueron cerrados. Además otra persona que tiene fueros, es un legislador”. Así lo transcribió el tribunal. Sobre ese punto, no se ahonda más.

A su vez, la Fiscalía menciona una denuncia que realizó el INAU “como parte de la trama”, por el que incluso fue una directora a declarar y un psicólogo resultó despedido (esto último, de acuerdo a la sentencia, lo menciona la defensa de Penadés).

“Lo estamos investigando porque surge de la computadora información relativa a las víctimas y al caso. Es de una computadora que fue incautada y que hoy en día está para periciar. Sabemos que la persona, que la doctora (Robatto) dice trabaja para ellos es un expolicía, trabajo en proyectos de privados de libertad en el Ministerio del Interior del gobierno anterior. Por lo tanto, podría claramente conocer a Tarocco, cumple una función similar. También se sabe que en los primeros días de febrero le solicitó a un sector político ocupar ese cargo en INISA”, recoge el tribunal de lo que dijo Ghione.

En otra parte de su exposición, la fiscal se refirió al tiempo que llevará la investigación y explicó que la aparición de la trama significó mucho tiempo de trabajo extra. En ese contexto, expuso que “quedan personas que todavía no están identificadas, entre ellas un hacker, seguramente Penadés sabe de quien se está hablando”.

Cuando al tribunal le tocó analizar si los riesgos procesales que se habían dado inicialmente seguían presentes como para extender la prisión preventiva, tuvieron una posición tajante. Aunque todos los ciudadanos —por derecho constitucional— tienen derecho a esperar su juicio en libertad, si existen riesgos para la causa (como es el daño a las víctimas, el entorpecimiento de la investigación, entre otros) pueden ser sometidos a medidas cautelares.

En este caso, los ministros expusieron: “Si se pretendiera explicar a una persona ajena al sistema que son los riesgos procesales, como se configuran, la forma de evaluarlos y cuando dan mérito a la medida cautelar más gravosa o en su caso la prórroga, no sería necesario acudir a conceptos doctrinarios o exposiciones magistrales, sería suficiente hablar de este caso”.

En ese sentido, consideraron: “No es el estado contra el estado, es el sistema de Administración de Justicia verdadera garantía del estado democrático constitucional de derecho, contra personas desleales que actuando con desviación o abuso de poder han olvidado las obligaciones inherentes a los cargos que se han confiado para frustrar o intentar frustrar la investigación desarrollada”.

Esto porque, “no han dudado en acudir a contactos, obtener información reservada, realizar pesquisas secretas como estrategia para conocer la identidad de las víctimas y así acceder a ellas, obviamente con fines espurios”.