MINISTERIO PÚBLICO

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Con voz queda y pausada habla de sus habituales “clientes” como un tío lo haría de sus díscolos sobrinitos. A lo largo de su extensa carrera ha visto las escenas más tremendas que se pueda imaginar, pero nunca perdió esa mirada humanista y la vieja obsesión por saber la verdad y conocer la condición humana.

Juan Bautista Gómez (64) es fiscal de Homicidios y comparte con la fiscal Mirta Morales la competencia en todo crimen que ocurra en Montevideo. Lleva 44 años en el Ministerio Público y a lo largo de esa carrera le ha tocado lidiar con casos de alto impacto, como la violación y asesinato de la niña Camila Chagas, de apenas seis años, un caso ocurrido en Rivera pero que sacudió al país. La instrucción de dicho caso en julio de 1998 marcó un récord judicial: juez y fiscal indagaron al acusado durante cuarenta y cuatro horas sin parar hasta llegar al fallo.

Poco después, a principios de 2000, le tocó indagar uno de los casos más mediáticos de su carrera: la sobredosis de Diego Armando Maradona, mientras veraneaba en Punta del Este. O, años más tarde, cuando le tocó actuar en un sonado caso de violación a los Derechos Humanos, como fue la indagatoria en torno al exfotógrafo policial Nelson Bardessio, acusado de integrar los escuadrones de la muerte y de ser responsable de la desaparición de Héctor Castagnetto, así como de los homicidios de los militantes Ramos Filippini e Íbero Gutiérrez.

Casos bien distintos y casi todos ellos con sólo algo en común: la muerte violenta. Gómez continúa investigando homicidios, algunos de ellos llevan tiempo sin ser esclarecidos.

“Hace una semana aclaramos un homicidio del 29 de diciembre de 2017, esas son las pocas caricias que uno puede trasmitirle a una madre: ‘Mire, esto no quedó impune’. Porque si hay algo que hace daño a una sociedad es la impunidad”, dice el fiscal.

Gómez tiene seis hermanos, el mayor de ellos ya fallecido. Es oriundo del pueblo La Palma, próximo al legendario Valle del Lunarejo en Rivera. Se crió en el monte, pescando en el arroyo, actividad de la que todavía disfruta.

Con 18 años se mudó a Montevideo con el propósito de estudiar. Su padre había fallecido cuatro años antes y él y sus hermanos debían optar temprano por el trabajo o el estudio. Dado que había sido operado de una cardiopatía cuando era un niño, los esfuerzos físicos le estaban vedados. Así que se decantó por Derecho.

“Me vine en agosto de 1975 y empecé a trabajar en septiembre de 1976”, recuerda. Vivió primero en la casa de una tía y luego en la de una familia con la que su padre guardaba una vieja amistad. En poco tiempo, mientras comenzaba en Facultad de Derecho, logró ingresar al Ministerio Público y Fiscal como empleado administrativo.

El sistema penal sufrió cambios profundos desde entonces. A mediados de la década de 1970 había tan solo cuatro fiscalías penales en Montevideo. Hoy ya superan las treinta en la capital. Desde 1993, ya con el título de abogado en la mano, Gómez comenzó a trabajar como representante de la fiscalía. Con el tiempo quedaría como fiscal titular.

-¿En estas cuatro décadas qué ha notado que cambió en la criminalidad?

-Yo he visto a lo largo de los años ir aumentando la criminalidad, creo que el quiebre más pronunciado fue la crisis del año 2002, ya que ahí inevitablemente recuerdo que de tener un promedio de veinte procesamientos en un turno y por entonces se pasó en algunos turnos a cuarenta o cincuenta, aquello era terrible. Y en los últimos tiempos esto ha aumentado con una velocidad que llama a la preocupación. El consumo de determinadas drogas, como la pasta base fundamentalmente, es una de las causas que está presente, diría que sin ánimo de polemizar con nadie, pero diría que en un 80 por ciento de las conductas delictivas por algún lado ese tipo de droga.

Buena parte de los casos que ha investigado en estos últimos años obedecen a los llamados “ajustes de cuentas”, o conflictos entre delincuentes. El tráfico de drogas está, invariablmente, en el fondo de estos conflictos.

Pero junto a ello Gómez ha ido observando un alarmante retroceso en las reglas de convivencia.

“Cuando uno nota que hay niños que perdieron el temor natural que los seres humanos tenían ante la muerte, uno dice: ¡Epa! Algo está cambiando. Y me refiero a niños que he visto en la escena de un hecho haciendo comentarios del tipo de -cuando se hace la revisación del cuerpo-: “Uh, si tiene plata, mire que me debía”. Uno advierte entonces que mucha cosa cambió en la vida en sociedad, entonces la preocupación de los ciudadanos debería ser cómo salimos de esto”, reflexiona.

El panorama que se muestra a sus ojos parece desvastador. En la última década ha visto cómo generaciones enteras han quedado atrapadas en un circuito implacable de marginalidad y delito. ¿Cuántos son? ¿Acaso se trata sólo de las poco más de 11 mil personas dentro del sistema carcelario? En su opinión muchos más, sumando a todos quienes directa o indirectamente viven de alguna actividad delictiva tal vez superen, estima, las 200 mil personas.

“Creo que sólo el trabajo unido a la educación pueden llevar a una salida, y a veces eso puede requerir un esfuerzo adicional de esta sociedad, de lo que pagamos con los impuestos”, dice.

Las jornadas de Juan Gómez y su equipo en la Fiscalía de Homicidios son largas y extenuantes.

Gómez trabaja junto a dos fiscales adjuntas y dos fiscales adscriptas, entre quienes se distribuyen la tarea de los interrogatorios, el examen de las pruebas y los testimonios, la presentación del caso ante el juez, llegado el momento.

El nuevo sistema que trasladó la responsabilidad de la investigación al fiscal -en el proceso anterior la instrucción corría enteramente a cargo del juez- supone una actividad mayor del Ministerio Público, que actúa junto a la Policía desde que se detecta un hecho de apariencia delictiva.

“La investigación supone una mayor entrega, nadie puede investigar nada en seis horas, es contrario a cualquier lógica. Considero que la función del fiscal es fundamental en una sociedad democrática y eso supone una mayor recarga en sus actividades, un mayor sacrificio, que no pasa por no tener vida, pasa por tener la responsabilidad de intentar llevar adelante algo en forma correcta. Creo que eso hacen los fiscales casi por unanimidad”, dice el fiscal Gómez.

Y en ello difiere con la mayoría de sus colegas que, recientemente, elevaron sus protestas por la sobrecarga de trabajo que conlleva este sistema. Aunque rehúye la polémica, Gómez insiste en que no concibe otra forma de trabajar que no sea la de agotar todas las instancias posibles desde que toma conocimiento de un crimen.

“Yo soy un ermitaño en el Ministerio Público, presidí la Asociación de Fiscales, pero ahora ni siquiera pertenezco a ella”, confiesa.

De algún modo, para Gómez, el cambio que impuso el nuevo Código del Proceso Penal vino a coronar su inveterada afición por la investigación y el conocimiento de la naturaleza humana. Aunque ello implique una extensa dedicación que lo sustrae, incluso, de su familia. Gómez es casado y tiene dos hijas ya mayores, y un nieto con el que le encanta pasar el tiempo. Sin embargo, admite que muchas veces luego de interminables interrogatorios llega sin energías a su casa.

“Cuando uno llega a la casa se retrae porque sigue pensando en el caso que ha trabajado. En esto no hay éxitos, porque cuando solucionamos un tema hay otros que están esperando”, comenta.

Aún así, cuando puede va en busca de sus viejos amigos para jugar un partido de truco y charlar. O bien para dedicarse a la afición que lo acompaña desde niño, la pesca.

“Me gusta pescar en arroyos, lagunas o ríos. Me gusta escucharse en el silencio del monte, al lado de una corriente de agua, un cielo estrellado, esas noches muchas veces uno puede escucharse a uno mismo”, dice.
Echa una mirada a la ascéptica sala de la Fisalía y se excusa porque debe seguir trabajando.