Ayer se realizó una segunda audiencia de control de la acusación fiscal por el denominado caso Operación Océano. Hay 11 indagados que enfrentarán penas de entre dos y tres años y medio de penitenciaría en caso de ser condenados por la jueza María Noel Tonarelli por delitos de promesa de retribución o retribución a menores para que realicen actos sexuales.

Posteriormente, a cualquiera de los condenados les cabe la posibilidad de apelación y luego llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia.

En la audiencia de ayer, que fue reservada, trascendió que la principal víctima no contaba con medidas de protección. Es decir, cualquiera de los imputados podría acercarse a ella.

Durante un buen tiempo, ninguno de los 33 indagados originales de Operación Océano podían comunicarse o acercarse a la principal víctima a una distancia menor a los 500 metros.

En la audiencia de ayer, varios abogados defensores de los imputados le preguntaron a la jueza del caso, María Noel Tonarelli, si seguían vigentes esas medidas de no acercamiento a la víctima por parte de los imputados. La magistrada informó a los profesionales que los plazos de las medidas cautelares de protección a la víctima se vencieron y nadie pidió sus renovaciones. No lo hizo la fiscal de Delitos Sexuales, Mariana Alfaro ni los abogados que representan a la víctima.

Consultada una fuente cercana a la damnificada, confirmó que la joven no tiene ninguna medida cautelar de protección en relación con los indagados. Y agregó que la medida de extender el plazo no se solicitó porque se consideró innecesaria.

Ayer fue la segunda audiencia de control de acusación fiscal. Los abogados que participan en la causa estiman que esta etapa llevará unas 20 audiencias más.