Dos personas fueron condenadas mediante acuerdo abreviado luego de que admitieran ser culpables de haber comprado y mantenido bajo su custodia un arsenal de armas y municiones. Otras personas están siendo investigadas por el mismo caso, y se presume que están involucradas con una banda del barrio Nuevo Ellauri que planeaba una "venganza" por el homicidio de un adolescente.

Durante los primeros días de febrero se realizaron allanamientos en el barrio Nuevo Ellauri, en el marco de una investigación encabezada por la Fiscalía de Homicidios, con el objetivo de encontrar el arma con la que delincuentes dieron muerte al funcionario policial, Pablo Dávila.

El objetivo se cumplió, ya que la Policía encontró el arma, pero para su sorpresa, en uno de los allanamientos se toparon también con un arsenal y una decena de personas que lo custodiaban. Algunas de ellas fueron capturadas y llevadas ante la Justicia, mientras que otras consiguieron escapar.

Esto ocurrió en la calle Oscar Bonaudi, entre Matilde Pacheco y Teniente Rinaldi. Cuatro policías se prepararon para ingresar a una vivienda, sin saber que adentro se verían en inferioridad numérica. Para "mantener su integridad", uno de los funcionarios realizó "disparos disuasorios", relató el fiscal Carlos Sastre durante la primera audiencia, a la que accedió El País.

Algunos de los detenidos dijeron al momento de ser capturados que estaban "enojados" por el homicidio de un adolescente de 13 años, hijo de "Tato" Bartolo, un conocido delincuente del barrio, a quienes estarían vinculados los investigados por este caso.

"Ahora les vamos a hacer la guerra. Nuestra causa es un problema familiar, estamos haciendo lo que ustedes no hacen", aseguró en ese momento uno de los detenidos, que estaría enfrentado a la familia Calveira, quienes presuntamente atacaron al hijo de Bartolo.

El armamento encontrado estaba compuesto por un fusil calibre .222, 11 pistolas de distintas marcas, cientos de cartuchos y municiones de varios calibres y cargadores extendidos. Pericias determinaron su conexión con 13 homicidios y múltiples tiroteos.

Nueve personas fueron imputadas con prisión preventiva por los delitos de asociación para delinquir y tráfico interno de armas.

El caso pasó a la Fiscalía de Estupefacientes, debido a que también es su competencia la investigación de los delitos de tráfico de armas. En los últimos días, uno antes del cumplimiento del plazo de la prisión preventiva, la fiscal adscripta Mariana Borges anunció a la jueza Marcela Sena que había llegado a un acuerdo con la defensa de dos delincuentes.

Múltiples informes policiales y diversas pruebas recabadas llevaron a que la fiscal cuente con "evidencia concluyente" sobre que los dos involucrados pagaron y luego recibieron armas y municiones de forma irregular, para así tenerlas bajo su custodia hasta el momento de la incautación.

Las condiciones del acuerdo, iguales en ambos casos, fueron la condena por el delito de tráfico de armas y municiones —dejando por fuera el de asociación para delinquir—, con una pena de tres meses de prisión efectiva, ya cumplida como preventiva, y otros nueve meses de libertad a prueba. Durante los primeros cinco meses deberán cumplir con seis horas semanales de trabajo comunitario.

El 5 de mayo la Policía encontró una gran cantidad de armas, municiones y elementos policiales en un edificio abandonado, ubicado en la calle Juan Carlos Gómez, entre Buenos Aires y Sarandí.

Los vecinos habían reportado ruidos molestos y movimiento extraño por parte de personas en esa vivienda, que estaba abandonada desde hacía varias semanas. Finalmente fue su dueño quien presentó una denuncia policial.

Ya en el lugar, los policías rompieron tablas de madera que obstruían el paso e inspeccionaron la vivienda. Todo parecía normal, hasta que uno de los funcionarios reparó en lo que parecía un boquete tapiado en una de las paredes.

Fue esto lo que permitió desbloquear un túnel que daba hacia otra casa, en donde se encontraron prendas policiales y esposas, armas, municiones y chalecos antibalas.

Debido a las características de los elementos encontrados e indicios que están siguiendo los investigadores, presumen que se trata de un grupo vinculado al crimen organizado.