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Le hicieron bullying y cuatro años después ganó el juicio

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El silencio: abogado especializado en bullying dice que los casos se suelen “solucionar” cuando el hostigado deja el centro educativo.

Acoso Entre Pares

La víctima pudo demostrar el acoso y será indemnizado con US$12.500.

Para muchos el 2014 es recordado por la goleada de Alemania a Brasil en el Mundial, o por la victoria electoral del Frente Amplio que lo convirtió en el único partido con mayoría parlamentaria propia durante tres períodos consecutivos. Para Felipe aquel año fue inmortalizado como el peor de su vida. Fue el momento en que el acoso liceal derivó en una profunda desazón y que la psicóloga le diagnosticó TEPT —un trastorno que nace luego de un episodio traumático. Fue, también, el comienzo de una demanda que terminó en un fallo histórico.

Cuatro años después, Felipe —nombre ficticio de este adolescente que ya es mayor de edad— y sus padres serán indemnizados con US$ 12.500. Es la manera que encontró el juez civil Federico Tobía de resarcir el "acoso moral" que padeció esta familia. O es el costo de haber sufrido bullying.

Felipe se mantuvo en silencio —ese que desencadena el miedo y el sentirse un "don nadie"— durante los siete años que acudió a ese colegio católico. Se bancó que lo excluyeran de los cumpleaños, de las pijamadas, de los grupos de estudio —y más tarde de los de Whatsapp—, que le pusieran apodos y que se rieran de su hiperactividad. Soportó que Guillermo —nombre ficticio del líder hostigador— lo manipulara como hacen los titiriteros con sus muñecos y que comprara su mutismo a costa de amenazas. Hasta aguantó algunos actos obscenos que en esta nota se prefiere ni mencionar.

Pero el 28 de agosto de 2014 la "tormenta" dio un giro. Felipe invitó a su casa a Guillermo, aparentemente porque este último lo obligó a hacer juntos las tareas de Inglés de segundo de liceo. Aquella juntada, de la que la sentencia apenas arroja detalles, fue tan traumática que el adolescente acosado salió corriendo hasta el trabajo de su madre y le contó todo. Le confesó el "infierno que lo carcomía por dentro", la razón de su bajo desempeño académico, el motivo de su mirada triste y desenmascaró a Guillermo.

Aunque esta reacción parezca obvia y necesaria, la psicóloga Silvana Giachero explica que "no siempre el hostigado toma consciencia de lo que le está sucediendo y mucho menos pide ayuda". Según una encuesta que realizó esta misma profesional, cuatro de cada diez uruguayos sufrieron bullying. Pero la mitad jamás se lo contó a alguien. Como le sucedió a Felipe, los compañeros de clase le hacen creer al acosado que la culpa es suya y la persona se lo termina creyendo. Tanto es así que siete de cada diez encuestados piensan que, en algún grado, "hay un perfil de víctima" de bullying; como si parte del problema radicara en el propio hostigado.

El lunes posterior a que Felipe estallara, sus padres tuvieron una reunión con el director del liceo. Le contaron lo que venía sucediendo, le increparon la falta de reacción del colegio y le pidieron que cambiara a su hijo de clase. Pero, para su sorpresa, el director les negó el pedido porque "ya estaba muy avanzado el año lectivo".

Fue entonces que la familia de Felipe radicó la denuncia policial contra el hostigador. Guillermo "era corpulento, alto y amenazó a nuestro hijo en reiteradas oportunidades", recuerda la madre de Felipe. "Además era muy buen alumno, elegido por sus compañeros como líder de su clase, era querido por sus docentes y agradable persona: el perfil perfecto de un psicópata".

La Policía derivó el caso a la sede penal de adolescentes. A Felipe le hicieron una pericia psicológica, la asistente social entrevistó a víctima y victimario y se concluyó que había que separar a los adolescentes de clase. El director del colegio continuó con su negativa y justificó que el hecho desencadenante del estrés de Felipe, ese que había ocurrido el 28 de agosto de 2014, fue fuera del ámbito educativo.

Felipe cambió de colegio, acudió a una terapia basada en movimientos oculares para reducir el trauma e inició un proceso judicial que, en un hecho casi sin precedentes (dicen los involucrados y los expertos), terminó dándole la razón.

Uno de los disparadores del suicidio adolescente

Antes tenía otros nombres y hasta por momentos se pensaba que era "cosa de niños". Pero las consecuencias del bullying han estado siempre. Según el Ministerio de Salud Pública, uno de cada cinco adolescentes uruguayos que intentó suicidarse fue víctima del acoso de sus pares. La psicóloga Silvana Giachero dijo a El País que el bullying está adquiriendo características de epidemia. La especialista concluyó que "esta violencia va en aumento y se ha descubierto que la violencia psicológica entre pares es mucho más devastadora para el cerebro que la violencia de adultos hacia menores".

"Casi siempre los hostigados salen del colegio y todo acaba con un silencio", explicó el abogado Néstor Gutiérrez, defensor de Felipe y especializado en casos de bullying. Pero esta vez "la familia quería un reconocimiento, quería que la Justicia le diera la razón".

Al menos la razón parcial, porque el juez desestimó la acusación contra el colegio. No se pudo comprobar que haya habido acoso adentro del centro educativo ni que las autoridades hayan hecho oídos sordos a los planteos de los padres de Felipe. La familia de la víctima apelará el fallo esta semana.

Sobre el hostigamiento de Guillermo "las pruebas fueron contundentes", dijo el abogado de Felipe, y el juez reconoció la existencia de "un daño moral".

Proyecto busca "tipificar" el acoso

Uruguay aprobó, hace cinco años, una ley que promovía la buena convivencia escolar. Pero según algunos legisladores, la normativa es aún insuficiente para la lucha contra el bullying. Prueba de ello es que hoy el Parlamento tiene a estudio dos proyectos que intentan dar un paso más. Uno de ellos busca la protocolización de las actuaciones. El otro, más polémico, dice que "el educando víctima de acoso, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudiesen corresponder, tendrá derecho a reclamar al responsable una indemnización por daño moral y psicológico, mínima equivalente a seis mensualidades de su matrícula mensual al centro educativo correspondiente, o su equivalente a seis salarios mínimos nacionales en las instituciones públicas". Ambos textos están en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes; pero sin urgencia para su tratamiento.

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