MALDONADO

La jueza de Maldonado, Anabel Saravia, decretó el martes 8 la nulidad de una allanamiento realizado por la Policía porque los efectivos se equivocaron de casa. En lugar de entrar a una vivienda de costaneros, lo hicieron en una de material, según consta en el expediente al que tuvo acceso El País.

El allanamiento se efectuó el 30 de enero pasado en el marco de la “Operación Cazador”, llevada adelante en los asentamientos “Los Eucaliptus” y “Nueva Esperanza”, ubicados en la periferia de la ciudad de Maldonado. Otras casas resultaron allanadas por la Policía. Y tres personas resultaron condenadas por la Justicia por tráfico de drogas y de armas.

En la audiencia efectuada el martes 8, el abogado de la familia damnificada, Rafael Silva, dijo que quedó probado que la entrada de los policías a la casa de sus defendidos fue “sin orden de allanamiento” y, en función de eso, solicitó a la jueza que disponga la nulidad del procedimiento y la devolución de los objetos incautados.

“Acá se materializó un ingreso en forma ilegal en el domicilio de mis representados”, afirmó el profesional en el juzgado.

Silva también cuestionó que los policías actuantes le hayan solicitado al dueño de la casa que firmara el acta de incautación sin darle la posibilidad de que leyera lo que la Justicia había consignado en dicho documento.

Y agregó que en el procedimiento “se han violentado” todas las garantías procesales y constitucionales establecidas en la Constitución de la República, el Código de Proceso Penal (CPP) y la Ley de Procedimiento Policial, así como todos los derechos que consagra el Pacto de San José de Costa Rica.

Al finalizar su exposición, Silva solicitó a la magistrada que disponga la devolución de los bienes decomisados en la Fiscalía de Maldonado y no en sede policial.

“Ese pedido se debe a que los bienes se encuentran incautados en la Brigada de Estupefacientes, que cuenta con una denuncia en curso respecto de los funcionarios actuantes, por lo que se debería velar por exponer nuevamente a mis defendidos a una situación que vulnere sus derechos”, expresó Silva en la audiencia.

Las fiscales adscriptas Cecilia Guerra y Fernanda Manganello señalaron a la jueza que no estaban de acuerdo con lo señalado por Silva.

Al finalizar la audiencia, la jueza Saravia entendió que el allanamiento realizado en la casa de los denunciantes “no se condice” con el domicilio establecido en la orden de allanamiento autorizada por la Justicia. Las fotografías anexadas al expediente por el abogado Silva prueban que el allanamiento se realizó en una casa de materiales donde supuestamente funciona un lavadero y no en una casa de costanero donde se sospechaba que se traficaban drogas.

La jueza Saravia dice, en su fallo, que la Fiscalía no replicó las pruebas presentadas por Silva, ya que esta no realiza los allanamientos en sí sino que la Policía es la responsable de corroborar que el registro se realice en el lugar correcto. Por ende, la magistrada declaró “ilegal” el allanamiento realizado por la Policía y reiteró que “excede” a las posibilidades de Fiscalía acompañar a los efectivos a cada allanamiento para asegurarse que cumplan con las órdenes judiciales, ya que los fiscales enfrentan “un importante volumen” de trabajo.

La fiscal titular, Carolina Dean, dijo a El País que la Fiscalía apeló el fallo de Saravia porque el allanamiento fue autorizado por la Justicia. “Pedimos allanar a varias casitas porque sabemos que las personas que buscamos se trasladan de una a otra. El único error fue en la descripción de la casa y en el color de una ventana”, explicó Dean.

Una fuente policial dijo que las casas allanadas pertenecían a personas que se dedicaban a la comercialización de drogas y agregó que el allanamiento fue declarado nulo por un “artificio legal” presentado por el abogado defensor.