Por Pablo Méndez
Nicolás Rocca, el conductor argentino que protagonizó el siniestro fatal en Manantiales el pasado 4 de enero, fue formalizado ayer por un delito de homicidio culpable calificado por la muerte de dos ciudadanas argentinas y la lesión de otras personas. La jueza Ana María Guzmán dispuso una medida cautelar de 45 días de prisión preventiva para el hombre.

El accidente ocurrió cuando la camioneta Volkswagen Nivus que manejaba Rocca por la ruta 104 se cruzó de carril impactando con un Ford Ka; el choque causó la muerte de Josefina Ferrero, de 27 años, quien conducía el auto, y de su amiga Micaela Trinidad, de 26 años, que iba en el asiento de acompañante.

El fiscal Sebastián Robles, había solicitado 150 días de prisión para Rocca, por considerar que existía la posibilidad de fuga -determinada por la gravedad del caso y ausencia de domicilio constituido en Uruguay por el imputado.

Sin embargo, la jueza del caso decidió aplicar una medida con menor duración y tomó en cuenta la situación médica de Rocca. En este sentido, dispuso el estudio de un forense del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para determinar si las consecuencias del accidente le permiten permanecer en prisión los 45 días estipulados. En caso de que no sea posible, la medida cautelar será arresto domiciliario total con tobillera electrónica.

La propuesta planteada por la magistrada fue rechazada por el fiscal Robles. La negativa del representante del ministerio público se basa, según dijo, en el accionar de Rocca durante el proceso y su posible intervención.

“Extraoficialmente recibí que el acusado está realizado reuniones de Zoom; por lo que en definitiva, en tiempo de redes sociales (...) el arresto domiciliario da unas facilidades de contacto con testigos y víctimas, que en la prisión no es tal”.

El intercambio del conductor argentino en plataformas de videollamadas -con el equipo de la productora de fiestas Savage, de la que es dueño- circuló por redes sociales y fue señalado por el padre de una de la víctimas, Horacio Trinidad. Según su visión esto provocó una sensación de “gusto amargo”.

Trinidad enfatizó su molestia al ver que Rocca actuaba “como si no hubiera pasado nada” en lugar de, “por lo menos”, tener “cautela”.

“Dentro de tanto dolor quería tener un poco de respeto”, enfatizó Trinidad.

Fuera de esto, el fiscal Robles mencionó para justificar que Rocca deba cumplir la medida en la cárcel, el caso de Milena Antún, que fue “un poco como el detonante del pedido de medidas preventivas”.

Según el fiscal la testigo, que viajaba en el asiento trasero de la camioneta Nivus, una vez terminó de declarar en Fiscalía preguntó: “¿Ahora me puedo ir que quiero ir a ver a Nicolás?”

Para Robles este fue un claro ejemplo de que existe un “riesgo de entorpecimiento de la investigación” y eso justificaría el pedido de prisión.

Foto: Ricardo Figueredo

La defensa de Rocca, a cargo de Pablo Donnángelo y Ignacio Durán, calificó el accionar de la Fiscalía como “arbitrario e ilegal, con prescindencia absoluta de la defensa de Nicolás Rocca”.

Los abogados reclamaron que aún “falta tiempo para saber cuál fue la verdad de los hechos”, según explicó en la audiencia Donnángelo, por lo que, a su entender, no se justifica la medida.

Para ellos, fue Josefina Ferrero quien invadió el carril contrario, y no su defendido, como afirmó el informe de Accidentología al que accedió El País. Y además, señalan una serie de inconsistencias en el trabajo del fiscal Robles.

Por ejemplo, señalaron que no consideró un peritaje entregado a la Fiscalía, donde un perito “con 38 años de trayectoria” concluyó que no puede asegurarse de forma inequívoca que el accidente ocurrió en una senda o en otra.

A partir de ello, los abogados aseguraron que “se necesita profundizar y ahondar más en otros factores” para tomar una definición. Para Donnángelo “el fiscal se convenció de la culpabilidad de Nicolás (Rocca), cuatro días después del accidente, con un cróquis que estaba mal hecho”.

“La Fiscalía desprecia, no considera e ignora otros elementos que aportan a la causa”, expresó el abogado y enumeró una serie de pedidos a investigar que entiende fueron ignorados, como, por ejemplo, la razón por la que Josefina Ferrero manejaba un auto que no era suyo; si esta tenía licencia y que se pericie su celular.

Y además, pidió que se sepa de qué auto “sale la droga incautada”, en referencia a los dos envoltorios de nylon que tenían cocaína rosa (Tusi).

Tras el fallo, las defensas de las víctimas compartieron la visión de Fiscalía y se mostraron “conformes” con la decisión de la jueza.

El abogado Andrés Ojeda, defensor de una de las sobrevivientes y de la familia de las víctimas, aseguró que “respaldan el fallo en todos sus términos, así como lo actuado por la fiscalía”. “Ahora va a ser difícil que se fugue o intente influir sobre los testigos del caso”, dijo el defensor a El País.

Por su parte, Jorge Barrera, también defensor de las víctimas del accidente, explicó que se trató de una sentencia “justa”, y aclaró que no funciona en ningún caso como una “pena o condena”.

Para el abogado ante un cambio de la medida cautelar por imposibilidad física del formalizado “no cambia la percepción de que se trató de un fallo justo, porque se trata de un tratamiento del imputado como a cualquier otro”.