PROYECTO EN DISCUSIÓN

Hoy por hoy los fiscales pueden ser demandados -y lo son- mientras llevan adelante sus investigaciones. De hecho, al momento hay cerca de 10 funcionarios que fueron denunciados ante la Justicia Civil por personas indagadas en procesos penales. Esto es una preocupación para la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, que trasladó este martes la inquietud al Parlamento, en donde se discute un proyecto de ley que busca que las demandas solo puedan presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, y repetirse ante los funcionarios en caso de intencionalidad o culpa grave.

“Los fiscales no tenemos que actuar con miedo. Debemos tener las garantías, obviamente, de nuestra protección, pero no podemos actuar con miedo, porque si no ¿cómo enfrentamos al narcotráfico?”, se preguntó en la última sesión de la comisión de Constitución del Senado el fiscal y vocal del gremio, Raúl Iglesias.

El presidente de la asociación, Willian Rosa, dijo también que “paraliza un poco al funcionario este temor de ser demandado”, por lo que pidió que la legislación sea igual que “en el caso de los jueces”, quienes no son pasibles de ser demandados.

“Lo más preocupante es que se está volviendo una práctica habitual para pretender amedrentarnos, es decir, que pensemos dos veces antes de actuar y no pensemos en la función, en el caso, sino en nosotros mismos. ¿Qué me puede afectar? ¿Me van a hacer un sumario o una investigación? ¿Me van a demandar?”, siguió preguntándose Iglesias, como consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

El proyecto que contempla esta situación -y que propone agregar un artículo a la Ley Orgánica de la Fiscalía- fue aprobado en diciembre del año pasado en Diputados con 82 de 84 votos, pero en la comisión del Senado donde se estudia ahora la iniciativa -y que recibió a la delegación de fiscales- hay legisladores con algunas dudas técnicas al respecto.

Una de las voces discrepantes es la de la senadora blanca Graciela Bianchi. “La Constitución es clara. La Constitución ampara a los jueces”, señaló la legisladora, y agregó: “De repente la solución no pasa por una ley, pero se podría crear algún grupo de trabajo que regule la gestión del Estado”.

El senador cabildante Guillermo Domenech, por su parte, planteó buscar la solución por otro lado. Dijo estar seguro de que “la Justicia Civil va a rechazar” las demandas, y que “si hay abogados que sistemáticamente están recurriendo” a la vía de la demanda como “artilugio”, entonces hay que analizar “en qué responsabilidad penal están incurriendo”.