CASO URSEC

La judicialización de la política a pleno. Cuarenta y ocho horas después de que figuras del Partido Nacional debieran declarar en Fiscalía por una denuncia del Frente Amplio sobre eventuales abusos de funciones en el Puerto, el Tribunal de Apelaciones ratificó ayer siete procesamientos por ese mismo delito en el caso Ursec. El fallo cuestiona la gestión del exdirector del frente en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), Nicolás Cendoya (Frente Amplio), y de personal de su entorno.

La sentencia del tribunal ratifica las formalizaciones de las investigaciones por los mismos delitos para el expresidente de la Ursec, Gabriel Lombide, el exsecretario general del organismo, Óscar Mecol, y para la secretaria de Cendoya, María Luján Varela, quien enfrenta acusaciones de la Fiscalía por dos ílicitos de abusos de funciones.

El hecho que da inicio al expediente penal tiene visos misteriosos. El 1° de junio de 2020, un exsecretario de Cendoya, Gustavo Sorrentino, ingresó al organismo pese a que había renunciado un mes antes y se encontraba cumpliendo funciones en el Poder Judicial.

Las cámaras de vigilancia filmaron a Sorrentino saliendo de la Secretaria General de la Ursec con una carpeta verde y luego se dirigió a una máquina trituradora y comenzó a destruir documentos. Semanas más tarde, al ser consultado por el fiscal del caso, Diego Pérez, Sorrentino declaró que solo había destruido documentos personales, sin importancia.

Tras tomar conocimiento de ese ingreso irregular a oficinas de la Ursec, la presidente del organismo, Mercedes Aramendía (Partido Nacional), planteó a otros integrantes del Directorio el inicio de una investigación administrativa. Cendoya se opuso a la medida.

El 3 de junio de 2020, dos días después del ingreso irregular a la Ursec, Cendoya, Mecol y Sorrentino se reunieron en un auto para intercambiar informaciones sobre lo dictaminado por la presidenta de la Ursec.

Aramendía contrató al abogado penalista, Jorge Barrera, para que elaborara una denuncia en la Fiscalía con el propósito de investigar el ingreso irregular de Sorrentino y para que se determine si éste destruyó o no documentos relevantes del organismo.

Lo que viene después es un espiral de irregularidades parecidas más a escenas de una película bizarra que a profesionales vinculados a un ente estatal.

Un funcionario de Fiscalía, que trabajaba en un sector cercano al fiscal Diego Pérez, envió una copia de la denuncia de Aramendía a una secretaria de Cendoya y luego ésta la reenvió al entonces director de la Ursec por el Frente Amplio.

Para enturbiar aún más el asunto, el funcionario de Fiscalía envuelto en el escándalo señaló que habían usado su contraseña y su máquina para extraer la denuncia penal elaborada por Barrera y presentada por Aramendía. Además, la filtración generó mucha suspicacia en varios fiscales que indagan sobre casos penales de entidad. Esa “fuga” de información del “corazón” de la Fiscalía es investigada por el fiscal Ricardo Lackner desde hace dos años.

El 8 de junio de 2020, el fiscal Pérez adoptó una resolución que resultó clave para el caso: ordenó a un equipo de Inteligencia Policial que allanara los domicilios de Cendoya y de otros involucrados y les incautara sus teléfonos celulares y documentación.

Luego de acceder a las informaciones de los aparatos, Pérez y los investigadores policiales se enteraron de encuentros, llamadas, fotos de Whatsapp y mensajes de textos que incriminaban a Cendoya y a su entorno, según relató el fiscal en el Juzgado en el momento de pedir las formalizaciones contra los hoy imputados.

La acusación fiscal incluye supuestas irregularidades de Cendoya en las inspecciones a radios comunitarias y en adjudicaciones de contratos de ondas y de negocios de televisión para abonados. El caso de Palmitas es el más emblemático, pues era una radio que no estaba habilitada para funcionar. Sin embargo, el exjerarca entregó los equipos para que pudiera hacerlo, y encima lo hizo en plena veda electoral, siendo que no se pueden hacer adjudicaciones en los años en los que se desarrollan elecciones.

Ante estos hechos reseñados por la Fiscalía en el Juzgado Penal el 8 y 9 de marzo de este año, el juez Fernando Islas formalizó la investigación contra Cendoya por tres delitos de abusos de funciones en reiteración real, al igual que con otros involucrados en el caso.

Los abogados de los imputados presentaron recursos de apelaciones al fallo de Islas señalando, en grandes rasgos, que no se habían configurados los delitos de abusos de funciones por parte de formalizados.

En una sentencia redactada el 30 de junio pasado por el ministro Pedro Salazar, el Tribunal de Apelaciones por unanimidad confirmó las formalizaciones de todos los imputados - entre ellos Cendoya- tras considerar que “no eran de recibo” las quejas de las defensas.

Para los ministros, las evidencias reunidas, relacionadas y argumentadas por la Fiscalía “son suficientes” para viabilizar la continuidad de la investigación contra los imputados por abusos de funciones.

El Tribunal lanzó una clara advertencia. “Se está ante una situación fáctica con apariencia delictiva” resultando ajustado a derecho el fallo de Islas.

El fiscal Ricardo Lackner investiga aspectos vinculados a la filtración de la denuncia de Aramendía. Un funcionario de la Fiscalía, que era investigado justamente por esto, se subió a la azotea de la Facultad de Ciencias y amenazó con tirarse al vacío cuando supo que era buscado por la Policía. Poco después, fue procesado por un delito innominado de funciones y la Justicia decretó su prisión domiciliaria. También fue formalizado por abuso de funciones un funcionario de Fiscalía que tenía un cargo relevante. “Usaron su contraseña y la computadora para hacerle una «cama»”, dijo una fuente.

En su fallo, el Tribunal de Apelaciones señaló que, el 5 de julio de 2020, el imputado Nicolás Cendoya asistió al programa televisivo “Séptimo día” de Canal 12 donde hizo referencia a la autorización de Radio Palmitas FM cuando no se podían otorgar frecuencias para radiodifusión un año antes de las elecciones y seis meses después.

“Según Cendoya, la radio comunitaria Palmitas FM se encontraba en condiciones de operar por haber cumplido con la reglamentación vigente en oportunidad de realizarse la inspección que culminó con la incautación de los equipos el 25 de febrero de 2015”, recuerda el tribunal.

Y agrega: “Para Cendoya, el equipo de inspectores no realizó la tarea encomendada y se desvió más de 120 kilómetros para ir a clausurar la Radio Comunitaria Palmitas FM, siendo que conforme surge de la Resolución 014/2015 la propia URSEC dispuso que los funcionarios debían practicar inspecciones en los Departamentos de Colonia y Soriano los días 25 y 26 de febrero de 2015”.

Los ministros sostuvieron que la autorización y devolución de efectos incautados de la emisora “fueron contrarios” a lo que establece la ley en torno al período de veda por las elecciones nacionales. En tales aspectos -dice el Tribunal de Apelaciones- hubo una intervención decisiva también del entonces presidente de la Ursec, Gabriel) Lombide quien ordenó: “Mañana sin falta se debe devolver el transmisor y lo que falte en Palmitas. Es una orden directa del Directorio”.’