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Dos mujeres que protagonizaron asonada no recibirán indemnización por daños sufridos

Ambas exigieron el pago de una indemnización equivalente a unos US$ 70.000 por daño moral, lucro cesante, daño patrimonial, perjuicios y gastos de traslados a un hospital.

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Poder Judicial, Plaza Cagancha
Poder Judicial, Plaza Cagancha.
Archivo El País

Eran las 22:30 horas del 5 de mayo de 2018. Efectivos de la Guardia Republicana realizaban un operativo en las calles Aparicio Saravia y San Martín, del barrio Casavalle. Los efectivos detuvieron a un joven, lo que generó malestar entre sus familiares que se acercaron para intentar evitar el arresto. Eran una veintena de personas, entre ellas sus dos tías. Las mujeres intentaron romper el cordón policial. Otras personas insultaron a los policías. Poco después, una lluvia de piedras cayó encima de los efectivos de la Guardia Republicana y todo se descontroló.

Una de las mujeres trató de quitarle el arma a uno de los policías. El agente se cubrió con uno de sus hombros y efectuó disparos disuasorios hacia el suelo con munición no letal. Los perdigones de goma impactaron en el muslo de una de las mujeres, mientras que la otra sufrió impactos en ambas piernas. Fueron internadas e intervenidas en el Hospital Policial.

El 1° de febrero de 2022, cuatro años después del suceso, las dos mujeres presentaron una demanda civil contra el Ministerio del Interior reclamando por los supuestos daños sufridos por los disparos.

Ambas exigieron el pago de una indemnización equivalente a unos US$ 70.000 por daño moral, lucro cesante, daño patrimonial, perjuicios y gastos de traslados a un hospital.

Actuación correcta

En una sentencia fechada el lunes 15, el juez de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, Gabriel Ohanian, consideró que la actuación de los policías “se ajustó” a la progresividad y proporcionalidad impuesta por la ley.

Ohanian afirmó que el juez penal, que actuó en el caso, “no puede desatender” el lugar y hora del evento, la cantidad de personas que participaron conjuntamente con las dos mujeres que iniciaron la demanda, las pedreas y las demás situaciones que “colorean un cuadro de situación” en el cual el “mal menor” fue realizar los disparos. De otra manera, señaló Ohanian, “los ánimos encendidos de la multitud podría haber terminado en un enfrentamiento de dimensiones entre los vecinos y los policías”.

El juez civil entendió que su colega penal actuó en forma correcta al formalizar la investigación a los policías por lesiones. No obstante, Ohanian consideró que el magistrado penal también debió imputar a las dos mujeres por provocar la asonada.

“Si las actoras entienden que los uniformados actuaron con culpa, a ellas gravaba la carga de acreditar que existía otra forma de resolver la situación. Sin embargo, sobre eso no presentaron pruebas”, dijo en el fallo Ohanian.

En ese sentido, afirmó el magistrado, tanto la acusación fiscal como la condena al cabo de la Guardia Republicana que realizó los disparos intimidatorios hicieron especial énfasis en que las pruebas del ilícito surgieron de los registros fílmicos. Dicho material probatorio, insistió el juez, no fue solicitado por las demandantes.

En otro tramo de su sentencia, Ohanian resaltó la “total independencia” entre las jurisdicciones penal y civil. Y agregó que en la instancia penal, el cabo de la Guardia Republicana resultó condenado como autor responsable de delitos de lesiones graves y de lesiones personales a la pena de 22 meses de prisión (excarcelable).

Ohanian expresó que un fallo de la Justicia Penal “no incide” en las conclusiones de la Justicia Civil, ya que esta última no procura probar un ilícito sino establecer si existió o no responsabilidad del Estado por el accionar de un policía.

Finalmente, Ohanian desestimó la demanda de las dos mujeres por entender que su accionar contra los policías fue ilícito.

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Interior dijo que “las mujeres arremetieron contra la Policía”

En sus descargos en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, el Ministerio del Interior informó que la Policía realizaba un operativo en las calles Aparicio Saravia y San Martín tratando de identificar a un grupo de hombres, cuyas descripciones se ajustaban a las de unos rapiñeros.

Agregó que las demandantes se acercaron al grupo policial con el propósito de interrumpir el trabajo de reconocimiento entendiendo que de esa manera podían ayudar a su familiar detenido y “sin conciencia” de que los funcionarios estaban realizando un operativo luego de haberse cometido un delito en la zona.

Según la cartera, el teniente A.P. dispuso un área de exclusión entre los policías, los detenidos y el resto de personas del barrio como medida de protección, ya que la zona se caracteriza por la violencia contra las instituciones del Estado. El cabo B. solicitó con voz firme a las hoy demandantes que se retiraran del lugar. Sin embargo, dijo el Ministerio del Interior, “ambas mujeres arremetieron contra el mencionado cabo empujándole para poder ingresar. En ese momento el cabo solicitó apoyo (a otros policías) para poder contener a las tres mujeres que arremetían contra su persona”.

El asesor legal de la cartera sostuvo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que ambas mujeres “estaban fuera de sí” y mediante insultos, agarrones, empujones y golpes pretendían ingresar al área de trabajo de los policías para poder llevarse a su sobrino del lugar. Como no se acató la orden, es que el cabo realiza los disparos intimidatorios, según señaló el Ministerio del Interior.

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