Anghi Britos (29 años) denunció más de una vez que había sido abusada sexualmente por dos hombres de su familia cuando ella era tan solo una niña. La última vez, lo hizo en la madrugada del 23 de diciembre de 2019. “Ese día me levanté y me estaba bañando. Empecé con un ataque de pánico y estaba sola en mi casa. Dije ‘ya no puedo más’. Estaba gritando y dije, ‘no, ta, necesito sacar esto de mí’”, contó a El País. Pero, ante la “falta de respuestas”, ahora presentó una demanda contra varios organismos del Estado.

Por la última denuncia que hizo, fue informada a los pocos meses que uno de los casos estaba prescripto -ella era niña y el autor era, en ese entonces, adolescente-, pero el otro caso, en el que ella señalaba a su padrastro, continuó investigándose dos años. Se tomaron al menos dos declaraciones y ella fue citada a una pericia psicológica -cuyo resultado constató El País- que mostró que sufre los indicadores propios de una víctima de abuso sexual. Su discurso “es espontáneo, consistente con la denuncia, cargado de detalles y acompañado de calor afectivo acorde”, informó la perito del Poder Judicial.

Sin embargo, dos años después, también le dijeron que este caso había prescripto.

La demanda establece que los abusos que denuncia le infligió su padrastro comenzaron a sus cinco años -en el año 2000- y se extendieron hasta 2007. Los abusos del otro pariente, que al momento de los hechos era menor, ocurrieron cuando ella tenía entre 6 y 9 años.

En la audiencia judicial en la que ella pidió la reapertura del caso del adulto, el fiscal Federico Pión explicó que el delito configurado es de atentado violento al pudor y por haberse cometido previo a la ley de género el plazo de prescripción es de 10 años. Es decir, podía perseguirse hasta el año 2017.

Uno de los aspectos por los que Britos reclama a la Fiscalía es por qué le pidieron que se sometiera a una pericia psicológica si entendían que el caso estaba prescripto. Esas instancias “fueron intensas y un montón de sacar para afuera”, recordó. También, por ese entonces, se le tomó declaraciones al menos a dos testigos.

Pión explicó en la audiencia que en el informe de la psicóloga tratante de Britos surgían “algunas contradicciones en cuanto a la edad que tenía cuando sucedieron estos hechos” y entonces se solicitó la pericia para “determinar los hechos ocurridos y la edad de la víctima al momento”. Una vez que tuvieron el resultado, confirmaron que habían prescripto en 2017.

Sin embargo, según expone Britos en la demanda y surge de una constancia policial que adjuntó, su madre presentó una denuncia en una Unidad de Violencia Doméstica en Salto el 12 de diciembre de 2017. En la denuncia policial, la mujer expresó distintas situaciones de violencia doméstica y reportó que su expareja llamó por teléfono a su hija -después de años de no verse- y ella “se puso muy mal”, le ocasionó una “crisis de nervios” porque cuando ella era “niña el indagado abusó sexualmente de ella”.

Esa denuncia, reporta la víctima, no tuvo avances.

Antes, en el año 2008, siendo todavía menor de edad, ella contó a la Justicia que estaba siendo víctima de estos abusos por parte de su padrastro. Lo hizo en el marco de la causa por su tenencia. “Las resultancias judiciales de este proceso determinaron que ella pase a vivir con su padre”, sostiene la demanda.

Tampoco tuvo ningún impacto penal.

La última denuncia que hizo siendo adulta, en el año 2019, no fue reabierta pese a que ella lo pidió judicialmente. En una cálida exposición, la jueza Dolores Sánchez le explicó que reabrir el caso con otro fiscal la revictimizaría porque la prescripción es “infranqueable”.

“Lo importante es que usted no piense o no sienta que los operadores no le creemos, o que yo le creo, no voy a hablar por el resto de los operadores. Yo le creo. Le creo de verdad y me encantaría poder ayudarla desde el punto de vista judicial (...) El tema es que no tenemos herramientas porque tenemos esta valla, esta muralla que no nos deja avanzar, que es la prescripción del delito”, dijo en ese momento.

La vida de Anghi Britos pasó por varios momentos después de haber vivido lo que denuncia. Desde años tratando de negar lo que había sucedido, hasta problemas de salud que generaron que necesitara hacer una “inversión” en salud mental y se sometiera a tratamiento. En el medio, la ansiedad y la desilusión por etapas judiciales que por la pandemia resultaron suspendidas y el “sacarse la mochila” que llevaba en la etapa de pericias psicológicas.

Pero además, en medio del proceso judicial compartió su historia en redes sociales y vivió con dolor el comprobar que no había sido la única víctima. Tiempo después, supo que uno de los denunciados por ella -el que era adolescente al momento de los hechos- había sido encarcelado por violación. Según constató El País, en abril de 2022 la Justicia de Artigas lo condenó por haber tomado a una joven por la calle y violarla a punta de cuchillo en un descampado.

“Tenían todo ahí para poder realizar una investigación y evitar que otra mujer sea violada y no se dio así”, lamentó.

Ahora, vuelve a dar un “voto de confianza” al Estado y demanda a la Fiscalía, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por las “omisiones” en su caso que le generaron daño en su proyecto de vida.

Lamentó que aunque “nos incitan a denunciar y dicen que no estamos solas, después cuando llegan estos procesos, en realidad te encontrás con que no es tan verdad”. Por eso busca que con esta demanda “se mejoren los procesos” y confía en que “los cambios en las leyes” se produzcan una vez que “hay datos”.