POR APROBACIÓN DE PRECANCELAR

Cuatro gerentes de una área neurálgica del Banco Central del Uruguay (BCU) fueron denunciados el viernes 15 por su “participación” en la aprobación de una operación financiera originada a requerimiento de Banco Bandes Uruguay para precancelar un depósito a plazo fijo por un monto de US$ 15 millones con la casa central bancaria ubicada en Venezuela.

El escrito, al que accedió El País, afirma que Bandes Uruguay sacó esos fondos de cuatro instituciones financieras del exterior, cuyos nombres se desconocen. Y advierte a la Fiscalía que esta operación del Bandes Uruguay “constituiría un hecho de apariencia delictiva”, dirigido a “eludir sanciones financieras internacionales”, así como a dar un origen regular a activos que “no lo tienen (lavado)”.

La denuncia fue elaborada por el abogado Álvaro Diez de Medina en representación de 63 pensionistas y jubilados venezolanos y uruguayos que dejaron de percibir ingresos desde 2015 por decisión intempestiva del gobierno venezolano.

En 2020, esos damnificados promovieron una demanda contra el Estado de Venezuela ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 18° Turno ante el incumplimiento de esta obligación previsional o alimentaria.

En el marco de estas actuaciones, y a petición de los demandantes, se cursó un pedido de informes al Banco Central del Uruguay respecto a si el Estado de Venezuela o empresas vinculadas” mantenían o no depósitos en el Banco Bandes Uruguay.

Tal solicitud fue respondida por el propio Bandes Uruguay en los siguientes términos según la denuncia: “se le hace saber que no existe en esta institución ningún depósito bancario ni cuenta pasiva de ningún tipo a nombre de la República Bolivariana de Venezuela, ni consta a este banco que existan fondos imputables a la titularidad de dicha República ni directa ni indirectamente (...)”.

No obstante, los denunciantes sospechaban la existencia de un trama de operaciones financieras entre Bandes Venezuela y su sucursal uruguaya.

En el escrito, advierten que la inferencia es clara: Bandes Venezuela, en su carácter de entidad accionista y controlante de Bandes Uruguay, “mantendría depósitos en su controlada”, los que serían periódicamente empleados a fin de cubrir las “recurrentes pérdidas operativas” de la institución radicada en territorio uruguayo, mediante una serie de capitalizaciones.

En forma paralela, dice el escrito, Bandes Uruguay participaba en la “liberación de fondos” radicados en el exterior con destino al uso de Bandes Venezuela, en “contravención” a las sanciones financieras internacionales dispuestas tanto por el gobierno de los EE.UU. como los de la Unión Europea.

A la luz de lo anterior, los demandantes dispusieron la contratación de una pericia contable por parte del contador Júpiter Pérez. De la pericia surge que Banco Bandes Uruguay, con aprobación de las autoridades de supervisión financiera del BCU, recurrieron a una cesión de créditos y precancelación de depósitos como vía oblicua de transferencia de fondos, en violación de restricciones internacionales contra el lavado de activos, a las que, por lo demás, está sujeto el sistema financiero uruguayo.

Con esos antecedentes, los demandantes solicitaron información a una oficina clave del Banco Central sobre cesiones de dinero entre el Bandes Uruguay y su sede central en Venezuela. En el BCU se les negó tal información bajo el argumento de que se trataba de información amparada bajo el secreto bancario, según dice el escrito.

En su demanda ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 18° Turno, los 63 pensionistas y jubilados venezolanos y uruguayos reclamaron US$ 7 millones al gobierno del Estado de Venezuela porque dejaron de percibir sus pensiones y jubilaciones.

En esas actuaciones, la sede judicial inicialmente entendió que Venezuela gozaba de inmunidad de jurisdicción, resolución judicial que fuera apelada y finalmente dejada sin efecto por la Suprema Corte de Justicia por una sentencia fechada el 12 de marzo de 2020.

En este proceso judicial, y por decisión del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° Turno, se obtuvo una medida cautelar (embargo) contra nueve inmuebles propiedad de Banco Bandes Uruguay.

El 7 de junio de 2021, el abogado Alvaro Diez de Medina elevó una carta al presidente del Banco Central del Uruguay, Diego Labat, donde le advertía sobre deudas millonarias que tenía la República de Venezuela con los laboratorios Libra y Fármaco Uruguay y la Corporación Uruguaya de Productos de Hormigón Rocco S.A.

A su vez, Laboratorio Libra, promovió ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6° Turno medidas preparatorias previas a un juicio a fin de reclamar el saldo de precio impago de un contrato de suministro de medicamentos entregados al Ministerio de Salud Pública del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

La jueza interviniente en este caso declinó originalmente competencia, ordenando recurrir ante tribunales venezolanos. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. Turno, reafirmó la jurisdicción y competencia de los tribunales uruguayos y la aplicación de la legislación nacional en este caso.

Tras promover el juicio ejecutivo, la Justicia ordenó el embargo y secuestro del 100% de las acciones de Banco Bandes Uruguay S.A., así como del 77.4% de las acciones de Integración AFAP S.A., las que permanecen hasta la fecha en custodia de la sede judicial.

Luego de una serie de prórrogas pedidas por los representantes de Venezuela, el Laboratorio Libra y el estado caribeño firmaron un acuerdo que ponía fin al juicio. Venezuela se comprometió a pagar al Laboratorio Libra su deuda que totalizaba US$ 9.879.403 en 12 cuotas mensuales. Luego, Venezuela no pagó ninguna cuota.

El Laboratorio Fármaco Uruguayo no tuvo mejor suerte que el Laboratorio Libra. Venezuela también le adeuda a Fármaco US$ 12.800.000 por la provisión de materiales médicos. Tras el incumplimiento en el repago de tal crédito, la empresa impulsa en estos momentos un juicio ejecutivo en Uruguay y el embargo de bienes de dicho estado.

Corporación Uruguaya de Productos de Hormigón tampoco cobró a Venezuela una deuda por US$ 2.500.000 por ventas de unidades potabilizadoras portátiles. También inició un juicio a Venezuela.