De los dos lados del mostrador: acusan a un abogado de haber defendido a víctima y victimario en el mismo caso

La Fiscalía lleva a juicio a un abogado al que acusa de haber defendido a víctima y victimario en un caso de violencia doméstica cuando el expediente ya estaba en etapa de ejecución. Esta parte comienza una vez que el imputado tiene condena firme y el sistema de Justicia debe asegurarse que se cumpla correctamente. La Fiscalía encabezada por Mirna Busich pidió que el profesional sea condenado por un delito de prevaricato y que la pena sean dos años de inhabilitación y el pago de una multa de 40 unidades reajustables (aproximadamente $69.400). La defensa del imputado insistió en que es inocente y pidió su absolución.

El litigio por el caso de violencia doméstica de la pareja se llevó adelante en el interior del país y terminó el 20 de febrero de 2023, cuando el hombre aceptó un acuerdo abreviado por delitos de violencia basada en género contra su exmujer y por porte y tenencia de armas. La pena acordada fue de nueve meses de prisión.

Pero, de acuerdo a la teoría fiscal, tres meses después de la condena, la víctima del caso se presentó junto a un abogado —que es ahora el enjuiciado— a pedir la liberación de su expareja. La Fiscalía se opuso y el hombre permaneció preso.

Un mes después, el condenado designó como defensor al abogado que asistía a la víctima para buscar el mismo objetivo. Cuatro días luego de eso, el mismo profesional presentó un escrito en nombre de la mujer. En él, informaba que el Instituto Nacional de Rehabilitación no le permitía a su clienta ingresar a la cárcel a visitar a su exnovio porque él tenía una orden de restricción respecto de ella. Por ese motivo, solicitaban que el juzgado autorizara el ingreso.

A los 20 días, se presentó nuevamente el mismo abogado, pero otra vez en nombre del condenado. En ese momento, solicitó su libertad anticipada. Su última presentación en el expediente fue siete días después cuando, representando a la mujer, informó al juzgado que la pareja se había reconciliado y que ella pedía por favor que levantaran las medidas.

Surge que el doctor “patrocinó en forma conjunta, simultánea y concomitante a dos partes contrarias en el marco de este proceso penal, y teniendo presente que el mismo es una derivación de un proceso contra la violencia basada en Género que devino en condena penal”, sostuvo la Fiscalía en su demanda acusatoria, según recoge el auto de apertura a juicio oral al que accedió El País.

El Ministerio Público reconoce que el profesional “es cierto en ambas posiciones bregaba en una misma línea de acción” que era la liberación del condenado, “no puede dejar de observarse que ambas partes se constituyen en contrarias según la ley”.

La defensa del abogado pidió su absolución y explicó cuál es su teoría sobre lo ocurrido. Para ellos se trata de una “situación absolutamente excepcional” porque es la víctima del caso quien, a través de su padre, contrata al profesional ahora acusado, para ayudar a su expareja, quien para ese entonces ya estaba condenado.

En ese sentido, argumentó que como la pareja había dejado sus problemas entre ellos atrás, “inadvertidamente” el acusado olvidó renunciar al patrocinio de la mujer. Era eso, reconoce, lo que debió haber hecho puesto que el que está obligado a tener defensa en etapa de ejecución es el condenado.

“Demás está decir, que el profesional actuante jamás tuvo intención o pretensión de vulnerar a la institución de justicia, ni de perjudicar, traicionar o de obrar con deslealtad o con infidencia respecto de alguna de las personas, partes de este asunto, simplemente en el caso en cuestión olvidó renunciar al patrocinio de la denunciante, por exclusiva inadvertencia, y por ello llamó la atención del juez de la causa”, sostuvo el defensor del acusado.

A su vez, hizo énfasis en que su cliente “nunca” tuvo un “motivo espurio” y que esto, lejos de beneficiar al abogado, lo perjudicó abiertamente.

El caso está a cargo de la jueza María Noel Odriozola, quien definirá, luego del juicio, si condena o absuelve al acusado.

Las imputaciones por este delito a nivel nacional son escasas. En este caso, se acusa al profesional de haberlo cometido en la modalidad de “otras infidencias del abogado o procurador”. Este delito ocurre cuando el abogado o procurador de una de las partes le da consejos, le presta asistencia o ayuda de cualquier manera a la parte contraria. Es castigado con una multa mínima de 20 unidades reajustables ($34.700) a 500 ($867.500) e inhabilitación para ejercer durante dos años, en el caso más leve, y seis en el más grave.