El juez Leonardo Méndez rechazó el recurso de reposición y apelación interpuesto por Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, quienes pretendían anular el embargo por US$ 250 millones. El magistrado entendió que lo que era apelable era la decisión del concurso de Conexión Ganadera en sí misma —que no fue apelada— y no las medidas precautorias, surge del decreto judicial al que accedió El País.

Cuando apelaron la decisión, Carrasco y su esposa cuestionaron que en la declaración de concurso el juez haya afirmado que el pasivo supera al activo. A su vez, calificaron la cifra impuesta por el juez como "antojadiza" y afirmaron que un embargo por US$ 10 millones hubiera sido suficiente.

"Señalamos categóricamente que más allá de eventuales errores en la gestión, el resultado de cesación de pagos tenía a juicio del representante legal, su origen en una cadena de circunstancias que no requieren ser probadas. Esto es, la pandemia, el impacto de la sequía 2022/2023, que fue la peor crisis hídrica de los últimos 30 años y que según lo informara el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, las pérdidas brutas del sector agropecuario estimadas en fase primaria representaron una caída del 3% del PBI total y 39% del valor agregado agropecuario", argumentaron, en consonancia con lo que ya habían afirmado en el escrito en el que se allanaron al concurso.

"Sumado a esto, la crisis de dos empresas con actividad similar (Grupo Larrarte y República Ganadera) a fin de
2024. Todo esto determinó que se afectara con consecuencias inmediatas, la credibilidad del sistema y lo que se conoce como una corrida de 'inversores - acreedores', provocando un descalce y un deterioro irremediable en la liquidez", desarrollaron.

En ese sentido, indicaron que su aceptación de la medida de concurso apuntaba a poder conservar "la masa activa" de la empresa, pero "no de forma alguna aceptar" lo que han dicho los abogados de los acreedores en el juzgado y en la prensa.

"Nunca dijimos en nuestra comparecencia a la sede y menos reconocimos que el pasivo supera al activo, pues expresamos con singular sinceridad el desconocimiento de detalles imprescindibles para evaluar la situación de la empresa", resumieron.

Aunque la situación de la empresa fue comunicada a los acreedores por streaming, en la que el contador contratado para gestionar la crisis, Ricardo Giovio, informó que había un pasivo aproximado de 250 millones de dólares, esto "no puede analizarse fuera de las circunstancias que rodearon a dicha oportunidad o mucho menos dar significado absoluto a lo que se señalo en un marco de tensión y desconcierto", indicó el matrimonio. Insistieron en que Giovio remarcó que lo suyo no había sido una auditoría.

"No surge entonces, ni siquiera preliminarmente, que el pasivo supere al activo, pero sí que la situación de iliquidez y quizás los pagos de intereses llevaron a las empresas a la actual situación de cese de pago", advirtieron y criticaron que el embargo se dispuso en base a un "conteo al rodeo".

Foto: Paula Ojeda.

Cuando se presentó en el concurso y aceptó que el juez lo dispusiera, Carrasco reiteró lo que había dicho en el streaming que hizo para inversores a fines de enero: era el difunto Gustavo Basso quien se encargaba de la parte contable, por lo que la situación crítica en la que se encontraba la empresa solo la conocía él. De hecho, relataron los representantes de Carrasco, que cuando él tomó conocimiento de lo que sucedía quiso convencer a los herederos de Basso de llamar al concurso voluntario pero no logró ponerse de acuerdo con ellos, así surge de la reconstrucción del escrito que realizó El País.

Este lunes, Daniela Cabral, la viuda de Basso presentó un escrito en el concurso en el que apela la decisión del embargo (tal y como lo hizo el matrimonio Carrasco-Iewdiukow) y contestó los dichos de los otros socios, reveló M24. Señaló que las afirmaciones de los Carrasco son "rotundamente falsas".

Su argumento principal fue que Conexión Ganadera y Hernandarias XIII fueron tomados como un grupo económico cuando la segunda es únicamente propiedad de Carrasco y Iewdiukow. Dicha decisión afecta y perjudica a Conexión Ganadera y por ende a los inversionistas.

A su vez, remarcó que es "imposible" que el matrimonio, teniendo el 50% de la empresa, no accedieran a los estados contables.

"La estrategia jurídica adoptada por el Sr. Carrasco no es antojadiza y busca, mediante un actuar de mala fe, encubrir su responsabilidad en los hechos", aseguró y subrayó que si Hernandarias XIII es el "tomador" en el 90% de los contratos de Conexión Ganadera, entonces "se convierten en la fuente principal para devolver al inversor".

De esa forma, si la citada empresa no cumplió con sus obligaciones, "no solo Hernandarias XIII sería deudora de Conexión Ganadera, sino que Pablo Carrasco Y Ana Iewdiukow serían los únicos responsables de todo este suceso y su responsabilidad no solo se limitaría a la esfera patrimonial, sino también a la esfera penal".