El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, Juan Fagúndez, dijo que los profesionales del Derecho perciben un “gran caos” en la Fiscalía que repercute en el servicio a la población por la gran cantidad de denuncias que se presentan.

Fagúndez recordó una reciente denuncia de filtración de contraseñas de fiscales realizada ante la Justicia y agregó que la situación estaba vinculada a la condena y destitución de tres funcionarios de Fiscalía en el marco a la investigación al exdirector de la Ursec, Nicolás Cendoya. “Son temas preocupantes. Lo que percibimos los abogados es que está trancado el tema de las denuncias. Hay una omisión en el tratamiento de las denuncias muy importante”, insistió Fagúndez.

A partir de esa situación, la gremial de abogados penalistas comenzó a efectuar averiguaciones en la interna de la Fiscalía. En principio, dijo Fagúndez, “datos verbales señalan que habría aproximadamente 30.000 denuncias que se acumulan” en el sistema. “A esta altura no sabemos si 30.000 son las denuncias no asignadas (a los fiscales para su investigación) o 30.000 son las denuncias mensuales que recibe la Fiscalía”, aseguró el penalista.

Para ahondar en este tema, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay pedirá información a la Fiscalía de Corte y al Ministerio del Interior.

Fagúndez reclamó conocer qué promedio de denuncias surgen desde las seccionales policiales, cuántas se hacen en las fiscalías y la cantidad que llega desde los juzgados, porque el Código de Proceso Penal (CPP) habilita también que se realicen acusaciones en juzgados.

La intención de la organización es contar con estadísticas de denuncias hechas en 2022 y mayo y junio de este año. “También vamos a pedir cuántas denuncias no han sido asignadas a los fiscales”, insistió Fagúndez.

-¿Este supuesto atraso en tramitar denuncias genera indefensión a las personas defendidas por abogados penalistas?

-Genera indefensión a la gente común que hace denuncias. Sus denuncias no son asignadas a un fiscal para que pueda hacer algo dentro de un tiempo lógico. El tiempo lógico está relacionado a la gravedad de la denuncia. En definitiva el que se queda sin respuesta es el denunciante, es la gente, más allá de un tema laboral del abogado, que lo hay. Pero lo principal es la atención a las personas que son estafadas, robadas, rapiñadas, lesionadas.

-¿Planteó este problema a las autoridades de la Fiscalía de Corte?

-Yo hablo con fiscales. Y lo que me trasmiten es que la situación es complicada por la cantidad de trabajo. Por más que un fiscal quiera trabajar y lo haga fuera de horario, llegará un momento en que tendrá más casos en la bandeja que los que está investigando dado el ritmo de ingresos de denuncias.

-Pero no todas las fiscalías reciben la misma cantidad de denuncias.

-Tenemos tres fiscalías de Homicidios. En dos meses hay unos 20 homicidios en Montevideo. Ello significa unos siete casos para cada fiscalía. Con esa cantidad de expedientes, los fiscales pueden poner una carátula, dar instrucciones a la Policía y dilucidar alguno de los casos. Otros se atrasarán un poco más. Pero ya los tienen trabajando. Pero en las fiscalías de Flagrancia ingresan unas 20.000 denuncias que se dividen en 15 fiscales. Por más que un fiscal de Flagrancia agarre 15 carpetas por día y las trabaje lo más respetuosamente posible, llegará a las 300 carpetas mensuales. ¿Pero cuántos casos le quedaron sin investigar en la bandeja de ese turno? A las cuatro semanas estará de turno de vuelta y así sucesivamente. En algún momento los saldos (de casos) empiezan a ser mayores que los expedientes que ingresan en sus turnos. Y de ahí en adelante...

-¿Considera que el sistema de la Fiscalía está saturado?

-Nosotros consideramos que sí. Hay que rever la estructura funcional de la Fiscalía. No estoy hablando del Código de Proceso Penal, que es otra cosa. Pero la funcionalidad de este código afecta. Aunque se ponga otro con esta estructura funcional, la Fiscalía va a seguir trancándose.

Por su parte, el fiscal adjunto de Corte, Juan Gómez, informó que a la Fiscalía ingresan 24.000 asuntos mensuales, algunos de los cuales no son delitos.

Recordó que en 2016, antes de que se implementara el nuevo Código de Proceso Penal (CPP), se investigaban 4.000 casos y hoy 9.000.

“Esa es la capacidad del sistema”, explicó Gómez.

Tras sostener que ningún sistema fiscal puede atender el 100% de los ilícitos, el fiscal de Corte adjunto destacó la transparencia en la mirada sobre todos los casos que ingresan al sistema policial y fiscal y reconoció que se priorizan algunos asuntos en comparación con otros en función de la entidad del daño y la cantidad de pruebas recogidas.

“Hubo un aumento de los casos de abusos sexuales y de violencia doméstica; eso es notorio”, defendió Gómez.

El jerarca también señaló que la Fiscalía cuenta con 700 funcionarios, de los cuales solo 300 son fiscales.

“Pese a todo eso, los resultados de hoy son muy superiores al sistema anterior donde había un doble filtro de los casos: la Policía y la Justicia. Si no habían elementos, los casos se archivaban”, afirmó.

Gómez aseguró que el sistema “funciona” y agregó que ello repercute en una alta tasa de prisión: 14.000 presos y unos 20.000 personas con libertad a prueba.

Y recordó que en el sistema anterior había solo un 30% de personas condenadas y en el actual sistema ese guarismo alcanza un 94%.

“Si no quieren ver eso, lo lamento. Pero es la realidad”, concluyó Gómez.