Interpelación a Cáceres terminó con moción unánime del Senado

En una llamativa resolución, el Senado de la República terminó anoche la interpelación al ministro de Transporte, Lucio Cáceres, con la aprobación unánime de una moción que expresó su "preocupación" por las demoras en la obra del puente sobre el río Santa Lucía, en Santiago Vázquez, y exhortó a esa cartera a "extremar" los controles para dar solución a ese y otros problemas.

Al término de la sesión que duró cinco horas, todas las bancadas acompañaron la iniciativa, al tiempo que el Partido Colorado anunció que hoy habrá negociaciones entre trabajadores y las empresas subcontratadas para intentar dar solución al conflicto y reanudar las obras que están paralizadas. Esa solicitud había sido planteada por la miembro interpelante, la senadora frentista, Marina Arismendi.

Concretamente, la moción señaló que oídas las explicaciones del ministro, el cuerpo "expresa su preocupación por las evidentes demoras constatadas en la obra del puente sobre el río Santa Lucía, así como las deficiencias en la construcción de la Ruta 1, en la zona de Libertad". Asimismo, la nota aprobada exhortó también al ministerio a extremar "las providencias necesarias de control y solución de los problemas causantes de estas demoras".

Arismendi centralizó su cuestionamiento sobre la política oficial en las concesiones a privados. Advirtió que podría haber un desalojo de los trabajadores que ocupan las instalaciones de la obra del puente.

La senadora basó la mayor parte de su planteo en información que recogió de los propios trabajadores. En tal sentido, sostuvo que la urgencia de su pedido se fundó en el hecho de que cada día que pasa el conflicto "se vuelve más preocupante". Los trabajadores le plantearon a Arismendi —según relató al Senado—que las obras están demoradas por la existencia de fallas que es necesario controlar.

Además del tema del puente, la senadora abordó el tema de la megaconcesión.

RESPUESTA. En su intervención, el ministro explicó que la cuestión principal era entender el papel del ministerio: puede exigir "todo" al concesionario, pero no puede involucrarse en los subcontratos porque es una relación entre privados.

"Eso sería muy riesgoso porque el Estado empezaría por incurrir en responsabilidades patrimoniales", subrayó. En ese orden, deslindó "responsabilidad" del MTOP.

El concesionario (Consorcio Ruta 1) subcontrató con dos empresas (Ursa—Lastra) y a su vez éstas, contrataron a otro consorcio (BMT) para trabajar en el proceso de las soldaduras del puente. Son los trabajadores de BMT quienes están en conflicto.

Según advirtió el tipo de soldaduras "no es el común", no obstante —dijo— BMT arriesgó la contratación de personal no habituado a ese trabajo.

El 5 de junio pasado se rescindió el contrato entre URSA y BMT. Cáceres dijo que la demora de las tareas obligó la decisión: transcurridos el 10% de los trabajos se había gastado el 33% del presupuesto. O sea, con el 100% del presupuesto no se cumplía la totalidad de la obra, agregó.

Cáceres dijo que la demora tenía un efecto en cascada: si URSA no cumple con el concesionario es pasible de multa, que a su vez, ésta trasladaría a la empresa subcontratada (BMT). Finalmente, Cáceres dijo que URSA y BMT llegaron a una rescisión "amigable" y "no hubo multa".

ERRORES. Cáceres informó que la experiencia mundial marca que el "máximo de tolerancia" de error en las soldaduras es 3% y el promedio de rechazo para BMT era de 7%. Y en algún caso, se alcanzó al 25%, aseguró. Algunas soldaduras se repitieron 5 veces.

El ministro agregó que BMT debió contratar a una empresa para controlar las soldaduras. A su vez, el concesionario también contrató a otra empresa para verificar el control de calidad.

Cáceres dijo que de los 51 empleados de BMT, 20 conservarían el empleo, 17 irían al seguro de paro y 14 no generaron derecho para el seguro por desempleo.

En cuanto al cumplimiento del pliego por parte del concesionario, Cáceres admitió la demora de las obras —no aventuró un plazo para la terminación del puente— aunque advirtió sobre el peligro de dar fin a los contratos "porque por lo general el Estado pierde", significó.

La bancada frentista dijo que se proyectó la realización del puente en 2 años y ya transcurrieron cinco.

Cáceres insistió en la inoportunidad de la intromisión estatal en los contratos entre privados, y apuntó que ante las demoras es necesario llevar una negociación y esperar que la obra, aunque en parte, evolucione. Remarcó entonces la negativa a rescindir el convenio a pesar de un ritmo más lento. Citó, en ese caso, que la misma actitud ha adoptado la Intendencia Municipal de Montevideo con la concesión del Hotel Casino Carrasco que también atraviesa por un alargamiento de los plazos.

En tanto, el senador frentista Eleuterio Fernández Huidobro dijo que el ministro tiene "responsabilidad" en la demora por la decisión política adoptada en el pasado gobierno, de proceder a la construcción del puente por concesión de obra y no por obra pública, según había resuelto la administración nacionalista en 1994, sobre el final del mandato.

Las partes que compondrían el nuevo puente de Santa Lucía descansan a un lado de la orilla armadas y prontas para soldarse, pero la obra fue suspendida y con ella el trabajo de los metalúrgicos que han resuelto vivir entre esos hierros hasta que el Estado les garantice que volverán a tener su fuente de empleo.

Desde hace una semana comen y duermen en un contenedor ubicado en la obra, donde el frío y el viento se sienten en todo su esplendor ya que está casi al lado del río.

Pero el motivo que los reúne allí, entienden, es más fuerte que las inclemencias del tiempo o las señales de desinterés que puedan venir de las autoridades gubernamentales, aseguraron. Se trata de 70 obreros metalúrgicos —unos soldadores y otros armadores—, quienes sostienen que no se moverán de la obra hasta que el Ministerio de Transporte encuentre una solución.

Roberto Flores, soldador de profesión, enfatizó que lo que buscan es seguir realizando el trabajo que empezaron. "Nosotros lo que queremos es seguir trabajando, con la empresa que sea, pero no es nuestra intención abandonar esto, porque la muestra ya está. Si pudimos hacer esta primera parte podemos seguir trabajando, y no dejar las cosas a medias porque lo diga un ingeniero de una empresa argentina", subrayó.

Garcilazo Remigio, otro de los obreros, advirtió que la empresa nunca les dio una explicación del cese de las obras. Simplemente les comunicó que se rescindía el contrato. "La única explicación que dieron ellos (el Consorcio argentino Berkes Mit Turboflow BMT) fue que habían rescindido el contrato, el Consorcio BMT, y eso fue de un momento para otro", apuntó.

Flores señaló que en cuanto les dijeron que se quedaban sin trabajo —el jueves 5 de junio a las 13 horas—, tomaron la resolución de ocupar.

"Fuimos a hablar al Ministerio de Trabajo, fuimos a hablar con parlamentarios de todos los partidos porque acá no hay sólo una línea, todo hasta llegar al ministro de Transporte (Lucio) Cáceres, porque nosotros consideramos que viene a ser el responsable de esta situación", apuntó.

La obra se inició en enero de este año y estaba previsto que se extendiera hasta enero de 2004, "con esto teníamos asegurado un año de trabajo y ahora antes de los seis meses quedamos sin empleo", explicó Remigio.

Ayer los trabajadores tenían previsto reunirse en asamblea. Sin embargo, al enterarse que Cáceres sería interpelado resolvieron suspender ese encuentro y asistir al Parlamento a presenciar la interpelación.

"Esperamos que la interpelación tenga alguna consecuencia, porque acá esta en juego el futuro nuestro y el de nuestras familias y el trabajo que hemos realizado hasta ahora es una muestra de que acá se puede hacer esta obra, que hay gente capaz para hacer este puente y mucho más", enfatizó Flores.