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EDUARDO BARRENECHE

Denuncias sobre eventuales actos de corrupción, malos tratos y crudas fotografías de aguas servidas y pésimas condiciones edilicias de las cárceles uruguayas integran el informe que el comisionado Álvaro Garcé elevó al Parlamento.

El documento, que fue entregado el martes 10 a la presidenta de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario, diputada Daniela Payssé (Asamblea Uruguay), señala que, en el correr del año pasado, Garcé recibió denuncias sobre presuntos hechos de corrupción que involucran a policías y reclusos, las cuales fueron derivadas a la Justicia y al Ministerio del Interior.

La Policía ha detectado un incremento del ingreso de drogas y armas de fuego a los penales, sobre todo en Libertad y Santiago Vázquez. En varias oportunidades fueron procesados con prisión guardias, abogados, obreros de empresas que trabajaban en las cárceles y familiares de internos, quienes intentaron ingresar objetos prohibidos durante las visitas.

Por ejemplo, el informe especial sobre la cárcel de Canelones (septiembre 2008), que integra el documento entregado por Garcé al Parlamento, habla sobre el pago de "peajes" dentro de ese penal; pago de coimas a reclusos para que no maten a dos "narcos" de poca monta, y maltrato físico con torturas, entre otros hechos de corrupción. Sin embargo, Garcé considera que el actual director de la cárcel canaria ha tratado de revertir la situación interna de ese penal, pese a que carece de elementos materiales para hacerlo.

El documento suministrado por el comisionado parlamentario a Payssé tiene 500 páginas. Está conformado por un análisis de la situación carcelaria de los últimos tres meses del 2008; incluye los informes periódicos presentados a la comisión y los documentos especiales referidos a las cárceles de Canelones, Rivera, Florida y Soriano.

Allí también se evalúan cuáles son los establecimientos por debajo de las normas internacionales y cuáles están en situación de hacinamiento crítico. La pauta es la existencia de por lo menos un 120% de densidad carcelaria.

Las cárceles más populosas del país son Complejo Carcelario (Comcar) de Santiago Váz-quez y Canelones.

El documento de Garcé concluye a pocos días de una polémica que sacudió la interna del oficialismo. El viernes 6, durante una conferencia de prensa, la ministra del Interior Daisy Tourné señaló que el actual hacinamiento de las cárceles comenzó a partir de 1995 cuando se inició la aplicación de la ley de seguridad ciudadana que endurecía las penas. Sin embargo, explicó que estas modificaciones legislativas no fueron acompañadas por la construcción de más cárceles.

En los primeros días de este mes, Tourné y el senador tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro polemizaron por la situación carcelaria, luego que el legislador oficialista expresara que los penales uruguayos son una tortura y violan los derechos humanos.

Tourné reconoció que las cárceles no tienen un nivel "óptimo" y contraatacó afirmando que Fernández Huidobro desconocía las medidas que aplicó este gobierno para descongestionar las cárceles como la aprobación de la Ley de Humanización carcelaria y la construcción de nuevas plazas, entre otras.

RÉCORD. Durante el año pasado, el Comisionado Parlamentario produjo informes bimensuales y especiales sobre las cárceles, lo cuales ya fueron tratados por la Comisión de Cárceles del Parlamento.

Garcé, quien declinó comentar sobre el contenido del informe 2008 por estar éste en trámite de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario del Parlamento, sí realizó una evaluación general de la situación de los penales uruguayos. "El rasgo más notorio del 2008 en materia de encarcelamiento es el aumento de las personas privadas de libertad que se sitúa en el máximo histórico (8.000)", dijo Garcé.

Citando cifras del Instituto Latinoamericano para el Tratamiento del Delito y la Prevención de la Delincuencia de las Naciones Unidas, señaló que el incremento de la población carcelaria ocurre en toda Latinoamérica. Mientras que en el resto de América hay un crecimiento vegetativo de la población en general y de los encarcelados en particular, en Uruguay aumentó la tasa de encarcelados como consecuencia de la aplicación de normas jurídicas punitivas y no utilizar medidas alternativas a la prisión, dijo.

En este momento, la tasa de encarcelamiento de Uruguay se sitúa aproximadamente en el entorno de los 236 presos cada 100 mil habitantes, lo cual lo coloca dentro de los países con mayor número de penados sobre la población.

La mayoría de las denuncias que recibe el comisionado parlamentario Álvaro Garcé de parte de los reclusos provienen de las cárceles Comcar y Libertad.

En el primer trimestre del año pasado, Garcé recibió 150 denuncias sobre condiciones de encarcelamiento, según consta en el informe entregado en el Parlamento en marzo del 2008. Los relatos más dramáticos proceden de mujeres y familiares de internos donde se narran vivencias y situaciones de humillación a la hora de las visitas por las requisas que se les aplican. Además, los internos reclaman mejor asistencia médica, piden traslados o protección y denuncian malos tratos o corrupción.

En mayo del año pasado, el Comisionado Parlamentario entregó un segundo informe al Parlamento donde señala la existencia de problemas de relacionamiento entre guardias y reclusos en Florida y Rivera. En el tercer informe, que comprende los meses de junio y julio del año pasado, Garcé ya advierte sobre el problema del hacinamiento en las cárceles. Sin embargo, también apunta que entre el 2005 y el 2008 fueron creadas 1.941 nuevas plazas.

El cuarto informe -junio y julio del 2008- denuncia la situación de la cárcel de Canelones donde existe "un permanente aumento del encierro y prácticas de hostigamiento" a la Mesa Representativa de Delegados.

Garcé, en su quinto informe -agosto y septiembre del año pasado- alerta que el Penal de Libertad puede transformarse en un foco de conflicto.

En el 2006, en los penales uruguayos habían 6.743 reclusos. Al 30 de junio de 2008, esa cifra ascendía a 7.668, según datos relevados por el Comisionado Parlamentario.

Actualmente, el comisionado parlamentario Álvaro Garcé estima que las cárceles alojan a más de 8.000 presos.

Al 30 de junio del año pasado, el sistema penitenciario tenía la capacidad para albergar a 6.242 personas. Sin embargo, las cárceles contaban con 7.668 presos. Es decir, existía una sobrepoblación de casi 1.400 encarcelados.

Si se considera que el valor límite señalado para la evaluación de la "densidad poblacional" crítica se ubica en 120%, se constata que, al 30 de junio del 2008, un total de 13 establecimientos de reclusión padecía hacinamiento.

Ello significa que, desde el punto de vista estadístico, en el 48,14% de los penales del país la situación sigue siendo crítica, advirtió Garcé.

A junio del año pasado, las cárceles del país con mayor densidad eran Artigas, Canelones, Cerro Largo, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano, Comcar y la Cárcel Cabildo de Mujeres, señala el informe de Garcé.