Gobierno quiere en julio ley de obras con privados

1/1:  20110228 800x391 ()

SEBASTIÁN CABRERA

El gobierno acepta revisar el proyecto de participación público privada, pero transmitirá a la bancada del Frente Amplio (FA) que la ley debe estar vigente a mediados de año porque es "prioritaria" para dar un "salto cualitativo" en infraestructura.

La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) ya prepara los dos primeros proyectos concretos de asociación con privados en el marco de la futura ley: se trata de la construcción de complejos carcelarios y un centro de convenciones en Maldonado. "La idea es ir ganando tiempo. Más allá de las correcciones que haya a la ley, estamos avanzando en la preparación de las primeras experiencias y asumimos que la ley se aprobará antes de junio o julio", dijo a El País Rodrigo Goñi, director blanco de la CND.

Tras el pronunciamiento crítico del Partido Socialista el sábado pasado, el gobierno pretende que la discusión en el FA sea rápida. El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo ayer a El País que la ley es considerada "prioritaria" por el gobierno y que se considera vital "tenerla aprobada en el primer semestre" del año.

Cánepa recordó que el programa del FA dice que debe haber "un salto cualitativo en la infraestructura". El funcionario admitió, de todos modos, que el Ejecutivo no se niega a incluir en el proyecto posibles cambios que "mejoren" la redacción de la ley. De acuerdo a un "sondeo" que el prosecretario ha realizado, casi todos los sectores del FA apoyan la norma, aunque reclaman cambios.

¿Y si la ley se demora? "No hay plan B. En ese caso, los llamados no se harán tal como se planificaron. Habrá que cambiar el libreto", apuntó Goñi.

El director admitió que el plan de infraestructura "se entorpecerá" si la ley no se aprueba en el primer semestre de 2011, ya que habrá que buscar "fórmulas" para poder concretar las asociaciones.

El doctor Daniel Rueda -socio del estudio Rueda, Abadi & Pereira, y asesor del Ministerio de Economía en la redacción del proyecto de ley- dijo a El País que si bien la legislación vigente no impide celebrar estos contratos, el nuevo marco legal permitirá impulsar "en forma más fluida" las grandes obras, con "mayor flexibilidad y celeridad".

Rueda, que asistió a la comisión de Hacienda a fines de año con el equipo económico, apuntó que el Ejecutivo "está interesado y esperanzado en dar un rápido diligenciamiento" al proyecto. Y coincidió en que hay "intención firme de recoger muchas observaciones": la iniciativa se revisará "para contemplar todas las inquietudes de los diversos grupos y alcanzar un consenso social".

Así, Rueda dijo que podría incluirse un instrumento que "facilite" la financiación de los privados pero que "no genere desequilibrios" para el Estado.

VISIONES. La iniciativa ha recibido objeciones de constitucionalistas, de las AFAP, el Tribunal de Cuentas, del sector sindical y empresarial (ver detalle aparte). La oposición y parte del oficialismo creen que muchas de esas objeciones son atendibles.

Pero, más allá de las observaciones de expertos, hay cuestionamientos desde la interna del FA. El Partido Comunista del Uruguay (PCU) es el sector que se ha posicionado en forma más dura respecto a la necesidad de introducir cambios de fondo al proyecto.

El secretario general comunista, Eduardo Lorier, dijo a El País que, así como ha sido redactado, el proyecto no será votado por el PCU, ya que se precisa limitar el alcance de las asociaciones.

El PCU planteará el tema en el Secretariado del FA y quiere dar una discusión similar a la de la distribución del ingreso.

El Partido Socialista también quiere limitar el alcance de la ley y las posibilidades de asociación público privado. Pide cambios de relieve para evitar el retorno "al modelo de privatizaciones". El secretario general socialista Eduardo "Lalo" Fernández dijo que su sector está a favor de la ley, pero con "muchos ajustes".

Y se mostró partidario de una discusión interna: "No es posible que el FA discuta las cosas afuera y no discuta adentro (de la fuerza). Discutir hacia adentro significa fortalecer la estructura frenteamplista".

A diferencia de la visión socialista, el doctor Rueda dijo a El País que "el modelo planteado en el proyecto de ley no recoge" la solución privatizadora, ya que en las privatizaciones "el Estado vende y se desprende de un activo para que el privado lo explote a su suerte y riesgo".

En este proyecto, "el Estado mantiene el control y los bienes vuelven al Estado al fin del plazo contractual". La filosofía del modelo planteado "identifica una necesidad impostergable de infraestructura" que el Estado no puede financiar.

Si al FA le faltan votos en el Parlamento, el gobierno quizás pueda recurrir a blancos, colorados o al Partido Independiente, que apoyan la iniciativa pero esperan modificaciones.

ESPACIO 609 Apoyan el proyecto, pero quieren limitar plazos y evitar una ley "muy abarcativa". El diputado Gonzalo Mujica es partidario de darle más control al TCR; precisar el retorno a la gestión estatal al fin del contrato y dar más garantías a inversores.

FLS El Frente Líber Seregni admite cambios el texto para precisar a qué obras de infraestructura se apunta.

socialistas Plantean limitar alcance de la ley y evitar privatizaciones. Piden mayores garantías para las inversiones de las AFAP, de modo de asegurar el retorno.

comunistas Rechazan el proyecto de ley, pero podrían votarlo si hay modificaciones de fondo que limiten en forma clara la norma.

VERTIENTE Apoyan el proyecto marco, pero quieren delimitar "las funciones esenciales" del Estado que no serán incluidas en las asociaciones, dijo el senador Enrique Rubio.

oposición Coincide con espíritu de la ley pero pide cambios para que haya más controles y garantías.

EXPERTOS Catedráticos de derecho administrativo plantearon eventuales inconstitucionalidades del proyecto. El TCR pide más controles y AFAP quieren garantías para invertir. Los empresarios rechazan modificación unilateral de contratos.