Free Shop: cinco procesados con prisión; indagarán a 50

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pablo meléndrez

En la pasada madrugada, el juez penal Federico Álvarez Petraglia procesó con prisión a cinco personas que integraban una red de contrabando hacia Brasil utilizando los beneficios fiscales de un importante free shop del Chuy, Rocha.

Entre los procesados, están un conocido empresario del rubro exportador -que en su momento fue accionista minoritario de Pluna-, el dueño del free shop implicado, un ciudadano brasileño de origen árabe que compraba los productos, y los gerentes de ambas empresas, a quienes les imputó los delitos de "asociación para delinquir" y "contrabando", dijeron fuentes del caso a El País.

También fueron procesados, pero sin prisión, dos empleados del free shop del Chuy que eran los encargados de trasladar la mercadería desde el local hasta el lado brasileño. En tanto, la esposa de uno de los empresarios y otras dos empleadas quedaron en libertad, aunque seguirán siendo investigadas por la Justicia.

Los procesamientos fueron pedidos por el fiscal penal Diego Pérez.

El megaoperativo, que la Policía denominó "Pegasus" y que permitió desbaratar una red que se dedicaba al contrabando de whisky y perfumes a Brasil, llevará a la Justicia a indagar en el futuro a más de 50 personas entre empresarios y aduaneros.

LA MANIOBRA. Al interrogar a los indagados, el juez Álvarez Petraglia y el fiscal Pérez exhibieron una gran cantidad de pruebas que evidenciaban la maniobra: filmaciones, escuchas telefónicas e interceptación de mensajes de texto y correos electrónicos. Ante ese cúmulo probatorio, las defensas prácticamente no tuvieron elementos para probar la inocencia de sus clientes.

La mercadería era trasladada hasta la frontera a instancias del empresario exportador. Una vez en ese lugar, empleados del free shop llevaban los productos hacia chacras del lado brasileño, desde donde se cargaban en camiones de transporte internacional en los cuales el whisky y los perfumes eran llevados a diversas zonas de Brasil, según admitieron ayer ante el magistrado y el representante del Ministerio Público los propios implicados.

Una de las chacras fue allanada el jueves por efectivos de la Policía Federal Brasileña, y en ese lugar se encontró mercadería por un valor cercano a los US$ 100 mil, dijeron las fuentes. Ayer, el juez Álvarez Petraglia y el fiscal Pérez recibieron durante todo el día información de parte de los investigadores brasileños.

El caso fue investigado durante casi un año por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia en conjunto con la Aduana y la Dirección General Impositiva, bajo la supervisión del juez Álvarez Petraglia y el fiscal Pérez.

La maniobra consistía en enviar whisky y perfumes de alto costo al free shop del Chuy mediante zonas francas. Allí, en lugar de vender los productos a turistas, eran comercializados a empresarios brasileños que utilizan la mercadería para abastecer supermercados y locales comerciales de diversas zonas de ese país, como por ejemplo, San Pablo.

De esa manera, tanto el free shop como los compradores evadían el pago de impuestos tanto en Uruguay como en Brasil. Según se pudo comprobar, una botella de whisky adquirida de esta forma a US$ 17 era revendida a US$ 45.

Uno de los elementos que llamó la atención a los investigadores fue que la DGI constató que en un día, el free shop vendió 2.400 botellas de whisky en poco más de una hora.

Los abogados Cecilia Salom, Jorge Barrera, Gúmer Pérez y Gonzalo Vertiz, defensores de los procesados, tendrán cinco días hábiles para apelar la resolución del juez Álvarez Petraglia. Sin embargo, ese plazo recién vencerá a principios de febrero, porque el próximo jueves comienza la Feria Judicial Mayor que congelará el proceso hasta 1° febrero.

Las organizaciones relacionadas con los free shop en las fronteras con Brasil que se dedican al contrabando -principalmente de whisky- hacia ese país, están siendo investigadas en Uruguay hace varios años, ya que se trata de grupos que movilizan millonarias sumas de dinero.

Uno de los casos más notorios de grupos de estas características, tuvo lugar en julio de 2004 cuando el dueño de un free shop de la ciudad de Rivera ordenó asesinar a dos efectivos de la Policía Federal de Brasil, que si bien integraban esa red delictiva, el empresario presumía que podían perjudicarlo.

Así, el comerciante contrató a un sicario brasileño que ejecutó a los dos policías: Ronaldo Almeida, de 43 años y Leonel Da Silva, de 38. Antes de que tuvieran lugar los crímenes, el empresario viajó a Estados Unidos con su familia, con el objetivo de que cuando se descubriera el hecho él no pudiera ser involucrado.

El sicario sepultó los cadáveres en una chacra de Rivera y recién fueron encontrados en diciembre de 2005, luego de que un testigo aportara información sobre cómo habían ocurrido los hechos. El propietario del free shop fue procesado con prisión, y todavía cumple su condena en la cárcel.

Pruebas: La operativa

fue filmada; también

hubo escuchas y se

interceptaron mails.