Fiscales reivindican independencia ante presiones del poder político

1/1

PABLO MELÉNDREZ

Mientras el fiscal de Corte y la Asociación de Fiscales piden críticas sin agravios, otros magistrados admiten que los cuestionamientos "son parte de las reglas de juego". Por una denuncia del gobierno, una experimentada fiscal dejó su cargo.

"Yo tengo absoluta tranquilidad con mi actuación", dijo a El País el fiscal penal Diego Pérez, quien ha sido objeto de duras críticas de parte de sectores del Frente Amplio luego de haber solicitado los procesamientos de Mariano Arana, María Julia Muñoz y Alberto Rosselli en la causa que indaga las irregularidades en los casinos de la Intendencia de Montevideo.

El episodio reaviva la polémica en torno al relacionamiento entre los políticos y el sistema judicial, en particular, cuando algún dirigente es acusado por un delito.

Pero podría asumirse que es mucho más delicado cuando se cuestiona la actuación de un fiscal que de un juez, ya que los representantes del Ministerio Público dependen del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura.

Por ejemplo, las críticas del gobierno hacia la investigación por el homicidio de un recluso en el Centro Nacional de Rehabilitación (CNR) tuvo una consecuencia concreta: la renuncia de la fiscal del caso a su cargo en el Ministerio Público.

"Para mí fue dramático", admitió la exfiscal adjunta Beatriz Scapusio, quien se jubiló el pasado primero de agosto y que actualmente ejerce la abogacía en forma particular.

La labor de Scapusio y la jueza Fanny Canessa fue cuestionada por el Ministerio del Interior, que presentó denuncias administrativas contra ambas en la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de Corte.

"La situación me causó un gravísimo perjuicio personal", dijo Scapusio a El País. Para la abogada, docente de Derecho Penal que ejerció como fiscal durante 33 años, las críticas por el caso del CNR "fueron la frutilla de la torta" que la llevaron a renunciar, a pesar de que podía seguir trabajando como fiscal durante diez años más.

El dictamen de Pérez fue criticado, entre otros, por el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista, sector al que pertenece Arana), quien sostuvo que el pronunciamiento es "un error garrafal".

Pero el diputado José Bayardi fue un paso más allá y expresó: "por el bien del fiscal, espero que esté bien lo que está haciendo".

Esos comentarios motivaron la reacción de la Asociación de Fiscales, que en un comunicado emitido el lunes 5, respaldó a Pérez y rechazó "todo tipo de declaración o manifestación que descalifique o agravie" la actuación de cualquier fiscal.

respeto. Los fiscales saben que su actuación en casos públicos ha sido cuestionada históricamente, pero reclaman que las críticas se realicen con fundamentos y sin ataques de índole personal.

"Las críticas que se hacen con respeto a la ética y la moral de la persona y están referidas únicamente a discrepancias conceptuales con el dictamen, o con una actuación determinada, deben admitirse y están dentro del juego natural al que están sometidas las personas públicas", dijo el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, al ser consultado sobre el tema por El País.

El jerarca destacó que los fiscales, en función de lo que establece su ley Orgánica, "no sólo tienen el derecho sino también la obligación de actuar conforme a sus convicciones se lo indiquen".

Y por ello, para Ubiría, el comunicado emitido por la Asociación de Fiscales "es terminante y muy claro y compartible totalmente, ya que reivindica ese principio".

En tanto, el fiscal penal Eduardo Fernández Dovat, reconoció a El País que el primer episodio de este tipo es "incómodo" pero "después uno sabe que son las reglas de juego".

"En mi experiencia personal siempre he tomado la decisión de cumplir la ley sin ver la vinculación política del indagado", agregó Fernández Dovat, quien se jubilará el mes próximo tras 40 años de trabajo.

Por su parte, el fiscal de menores Gilberto Rodríguez, quien durante años ejerció en materia penal en la Ciudad de la Costa, opinó que situaciones como la registrada en torno a su colega Pérez pueden arrojar conclusiones importantes.

"Lo que uno percibe es que hay temor de dar demasiada independencia al fiscal", comentó Rodríguez, quien integra la Comisión Directiva de la Asociación de Fiscales.

"Lamento que desde ciertos ámbitos no se entienda cómo trabaja al sistema judicial", dijo Rodríguez. Agregó que cuando un político critica públicamente la labor de un fiscal, "es difícil darle otra interpretación que no sea ejercer una presión".

En tanto, el exfiscal Marcelo Brovia, quien ejerció la titularidad de la Fiscalía de Corte en forma interina entre 2004 y 2006, consideró que en los últimos tiempos las críticas hacia los fiscales de parte de políticos "se han acentuado".

Brovia destacó que la independencia "está dentro de cada fiscal", porque a su juicio es claro que "el Poder Ejecutivo, sea éste o cualquier otro, siempre va a querer tener el sartén por el mango y que los fiscales dependan de él".

En octubre de 2007, el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, quien había asumido en el cargo en marzo de ese año, opinó que el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los jubilados era inconstitucional. Eso le valió severos cuestionamientos de parte de legisladores del Frente Amplio y también de integrantes del gobierno. El entonces ministro de Economía y actual vicepresidente, Danilo Astori, acusó a Ubiría de realizar "un dictamen sobre política tributaria y no jurídico". Y calificó como "fuera de lugar" varias de las valoraciones del fiscal.

2.COLORADOS Y LAS CRÍTICAS A DOVAT

En marzo de 2010, el juez Carlos García, a pedido del fiscal Eduardo Fernández Dovat, procesó al exsenador colorado y expresidente de OSE, Juan Justo Amaro, por irregularidades en el organismo. El expresidente Jorge Batlle cuestionó a Fernández Dovat por haber pedido (en 2007) el procesamiento del exjerarca y advirtió sobre la "politización de la Justicia". El propio Amaro llegó a calificar al fiscal de "ignorante".

3.POLÉMICA POR MUERTE EN CNR

La dudosa muerte de un recluso del Centro Nacional de Rehabilitación (CNR), hizo que el Ministerio del Interior presentara, en noviembre de 2010, denuncias administrativas contra la jueza Fanny Canessa y la fiscal adjunta Beatriz Scapusio, quienes indagaban el hecho. El Ministerio del Interior alegó presuntas irregularidades en la investigación judicial. Canessa y Scapusio procesaron a la directora del CNR.

4.BAJAC Y EL CASO DE NIN NOVOA

El exvicepresidente Rodolfo Nin Novoa, cuyo procesamiento fue pedido en noviembre de 2010 por el fiscal Luis Bajac por adulterar sus declaraciones juradas, acusó al representante del Ministerio Público de actuar bajo "intereses políticos". Según Nin Novoa, en 2007, cuando él era vicepresidente, Bajac le pidió que el gobierno lo tuviera en cuenta para el cargo de fiscal de Corte.

5.CASINOS Y LAS CRÍTICAS DEL FA

Desde el pasado 30 de agosto, cuando pidió los procesamientos de Arana, Muñoz y Rosselli, quien ha sido duramente criticado es el fiscal Diego Pérez. El senador Enrique Rubio dijo que su dictamen "es un error garrafal". Y Muñoz disparó: "alguien mueve las piolas del fiscal".