CONFLICTO
Así lo reveló a El País Jennifer Cherro, directora general de secundaria, que explicó que la decisión se toma en base a la normativa vigente para "garantizar el derecho de todos".
La jerarca explicó a El País que a partir de ahora las ocupaciones estudiantiles “no se van a permitir” porque “las autoridades legítimamente son el equipo de dirección que debe garantizar el derecho de todos, de los estudiantes a estudiar, de los no docentes a trabajar y de los docentes a dictar clase” y que la aplicación de la medida fue consultada y aprobada por el Codicen.
"Queremos que la población entienda que la ocupación de centros educativos no es lícita, queremos que la población entienda que debe mandar a sus hijos a estudiar, queremos que los profesores y los no docentes pueden ir libremente a trabajar, y queremos garantizar los derechos de la mayoría, por lo cual no hay posibilidad de ocupar centros. Si esa eventualidad se diera se va a proceder de acuerdo a lo que determina la normativa. Es decir, llamaremos al Ministerio del Interior y se procederá al desalojo correspondiente", enfatizó Cherro.
La funcionaria destacó que las autoridades de Secundaria harán "primar los estatutos que están vigentes en Secundaria".
Se trata del Estatuto del Estudiante "que en su artículo 15 literal F dice que ‘se debe mantener la conducta que permita asegurar por una parte el orden necesario para el desarrollo de la actividad educativa con el respeto de derecho a estudiar que tienen todos y cada uno de los educandos, y por otro el cumplimiento de los deberes y obligaciones por parte de los funcionarios y, en especial, por la dirección y los docentes respetando la representatividad de las decisiones colectivas y a las autoridades y jerarquías legítimamente constituidas’", explicó Cherro que agregó que "también utilizamos el artículo 19 de ese estatuto”.
Asimismo, se echó mano al "Estatuto del Funcionario no docente, que en su artículo 3 literal H dice que ‘el funcionario deberá denunciar inmediatamente que tenga conocimiento de hechos irregulares del servicio o que puedan afectar el servicio’", y al "Estatuto del Funcionario docente en los artículos 64 y 65".
Cherro aseguró que esos tres estatutos “están absolutamente vigentes (y) no existe jurisprudencia que avale ni justifique la ocupación por parte de estudiantes, porque no son trabajadores, no tienen esa categoría, y en definitiva no se puede actuar de acuerdo a lo que está vigente en materia de trabajadores que es la Ley 19.889 (la LUC) en su artículo 392, o por ejemplo el decreto 281 de 2020, o incluso artículos del Comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo, que dicen que 'el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar de trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma'”.
De esta forma ante una ocupación estudiantil a cualquier local de Secundaria "nosotros vamos a aplicar el Estatuto del Estudiante, porque el estudiante al entorpecer la posibilidad de que no entren los profesores, los no docentes o sus compañeros están alterando el orden y eso es responsabilidad directa del equipo de dirección según establece el Estatuto docente en los artículos mencionados antes. Es decir que debemos garantizar el derecho de todos y a nuestro juicio, la mayoría quiere ir a trabajar, quiere dictar clase y quiere recibir clase".
Por otra parte, la funcionaria recordó que "nosotros todavía no salimos de la pandemia, estuvimos en 2020 y 2021 en dos años muy singulares y este 2022 iniciamos en pandemia y es la primera vez que los chiquilines pudieron verse en la totalidad del grupo e interactuar. Entonces debemos ser muy cuidadosos con el derecho a la educación, porque es un derecho humano, es un derecho habilitante y es un derecho que nos permite la movilidad social y nosotros debemos defender el derecho de la mayoría”.