Díaz dijo que cárceles deben ser para "casos extremos" de delitos

El ministro del Interior, José Díaz, ratificó que el Poder Ejecutivo seguirá en la línea de mantener en las cárceles a los "casos extremos" de delincuentes, y apostará a ampliar y mejorar el régimen de penas alternativas a la prisión para evitar que los establecimientos de reclusión se vuelvan "escuelas del crimen".

En un seminario sobre la política penitenciaria en el que se recibió el aporte del experto noruego Nils Christie, realizado en el Palacio Legislativo, Díaz manifestó que el gobierno prefiere transitar por "espacios de libertad" en la contención de conductas ilícitas "y sólo recurrir a la instancia dura de la cárcel para casos extremos".

A su vez, el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa dijo que la ley de humanización carcelaria "es la salvaguarda de los derechos de los detenidos".

"El único derecho que pierden los presos es al voto y el derecho ambulatorio. Los demás hay que mantenérselos", sostuvo. Pero advirtió que esto no significa contraponer la seguridad "de los que están adentro contra los que están afuera".

El ministro Díaz sostuvo que la ley de humanización penitenciaria prevé un sistema de redención de la pena por trabajo o estudio, sobre el cual ayer se firmó el decreto del Poder Ejecutivo reglamentándolo.

"El Estado procura reservar la institución carcelaria para los casos donde no hay posibilidad de cumplir penas alternativas", insistió. "Y es posible enfrentar el fenómeno delictivo disminuyendo al mínimo la sanción penal y fortaleciendo al máximo los caminos de integración social", apuntó.

Luego añadió que "encarcelar a individuos acusados o sentenciados por delitos menores es muy costoso, perjudica a la sociedad y a menudo estimula a los responsables de delitos menores a cometer infracciones graves".

Para Díaz, la prisión "ha demostrado históricamente ser ineficaz para resocializar, rehabilitar o readaptar a los delincuentes, y por el contrario la prisión degrada, criminaliza y estigmatiza".

Dijo que se debe evitar lo que sucede ahora, cuando la prisión "ha causado el hacinamiento generalizado", y anunció que se ajustará la ley de penas alternativas para conseguir los objetivos planeados por el gobierno. Por otra parte, Díaz dejó claro que se apunta a una reforma penal, pero que la misma "no aumente las penas, sino que armonice el sistema punitivo, estableciendo el orden jurídico de protecciones merecedoras de protección penal". Además, agregó el ministro, se espera adecuar las sanciones a la gravedad de las conductas justificadas según "el principio de la proporcionalidad".

Anunció que en breve el gobierno procurará transferir la gestión del sistema penitenciario a la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación.

"mirada". En su intervención, Nin Novoa destacó que este gobierno ha puesto "una nueva mirada" sobre la política criminal, a partir de esta ley.

"Hay que ser duro con el delito, pero más duro con las causas", subrayó Nin Novoa. Advirtió que el objetivo es "extirpar" la "estigmatización" de la sociedad de vincular a los pobres con los delitos. "Hay muchos pobres en el Uruguay y no todos los pobres delinquen. Esta estigmatización que ha habido durante muchos años debe ser radicalmente extirpada de la sociedad", afirmó.

El especialista en asuntos criminológicos y carcelarios noruego Nils Christie se sorprendió al haber advertido que en Uruguay hay 200 presos por cada 100.000 habitantes, mientras que esa proporción es notablemente menor en Argentina y Brasil.

También dijo que le llamaba mucho la atención el hecho de que el 70% de los presos en Uruguay no tenga condena y opinó que ninguna persona tiene que pasar más de seis meses en esa condición.

Para él, esa es la clave del problema carcelario en el país.

decreto

Se reglamentó la disposición que establece una redención de la pena por estudio o trabajo del recluso, informó Díaz