Entre hoy y mañana el diputado nacionalista José Carlos Cardoso entregará a la jueza Graciela Gatti, especializada en crimen organizado y que está investigando las irregularidades con compras en la Armada, toda la documentación que posee sobre la compra de lanchas para desplegar en Haití por parte del contingente naval al servicio de la ONU.
En 2008 el legislador recogió documentación que hablaba sobre una presunta irregularidad en ese negocio, por lo que propuso que se conformara una comisión investigadora en el Parlamento sobre esos hechos, pero finalmente el Frente Amplio se opuso a ello.
El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, informó a varios legisladores de la oposición que está investigando administrativamente aquella compra.
En la documentación que aportará Cardoso a la jueza Gatti, se incluye una denuncia hecha en el Parlamento por el supuesto pago de "sobreprecios" en esa compra, que tuvo un precio total de US$ 6,2 millones que se pagaron con un préstamo del Banco República.
MÁS CARAS. En las sesiones legislativas de 2008 donde se discutió sobre la necesidad de investigar esa compra, Cardoso dijo que la Armada optó por comprar las lanchas a la empresa estadounidense Boston Whaler, que usualmente construye botes para pesca, en lugar de optar por el equipamiento militar que propuso un proveedor ruso y que, en lo económico y lo útil, era más apropiado para la misión que se desplegaría.
Las lanchas compradas costaron a razón de US$ 330.000 cada una, y son básicamente para pescar y no para patrullar y reprimir a narcotraficantes.
Las lanchas patrulleras rusas costaban US$ 110.000 por unidad, eran blindadas de fábrica y más fuertes para la tarea encomendada por la ONU.
En este negocio con el astillero estadounidense participó el entonces jefe de Logística de la Armada, capitán Gerardo Feble, que es uno de los indagados por la jueza Gatti a raíz de las irregularidades descubiertas en la Armada.