Con pruebas de Rohm, lanzan una ofensiva contra los bancos

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El gobierno anunció ayer que sigue adelante en su decisión de reclamar U$S 700 millones a los ex socios del Comercial, J.P. Morgan, Credit Suisse y Dresdner Bank, por los daños sufridos por el desfalco de la institución liquidada.

Como parte de esa estrategia, Uruguay presentará nuevas pruebas testimoniales y documentales que incluyen elementos aportados por Carlos Rohm (ex vicepresidente del Banco Comercial) contra las instituciones extranjeras.

Fuentes oficiales, que conocen los detalles del proceso, aseguraron a El País que en las últimas semanas el gobierno mantuvo contactos con Carlos Rohm, y éste aportó elementos contra los tres accionistas, que serán utilizados en la "contrademanda" que presentará el país en las próximas semanas.

Entre otros documentos aportados como prueba, existe uno, titulado "Plataforma Mercosur", redactado por los bancos, en el que se hace una "mega" presentación del grupo económico como un conjunto, y en el que se demostraba el respaldo de las instituciones extranjeras a los bancos de la región, como forma de atraer inversores.

En la conferencia de prensa convocada ayer por el ministro de Economía, Danilo Astori, para dar a conocer las próximas actuaciones, ni se confirmó ni se negó el aporte documental de Rohm.

Concretamente, ante una pregunta sobre el aporte de pruebas para el juicio, el abogado del Ministerio de Economía, Marcos Alvarez, respondió que actualmente el proceso se encuentra en "etapa de reserva" para Uruguay, pero afirmó que "la defensa del Estado uruguayo ha utilizado todos los mecanismos que sean legítimos y que sean legales desde el punto de vista probatorio para defender los intereses del país".

CONTRADEMANDA. El 14 de agosto, Uruguay presentará en el marco del segundo arbitraje "prueba documental y testimonial que respalda el caso contra los tres bancos, fundado en la mala conducta intencional de los tres bancos internacionales y los directores que ejercían su representación en la administración del Banco Comercial", anunció ayer Astori.

El ministro estuvo acompañado por los abogados Alvarez y María Rosa Longone, de la Asesoría Jurídica de su cartera, el abogado asesor del Banco Central, Daniel Artecona y el especialista en responsabilidad civil, Carlos De Cores, contratado para este juicio especialmente.

Astori insistió en que si se obtienen recursos financieros serán destinados por el Estado y por el Banco Central a pagar los saldos pendientes con los acreedores del Banco Comercial y de la Compañía General de Negocios. Afirmó y reiteró que eso ocurrirá tanto en la eventualidad de que los fallos resulten favorables, como en el caso de que se llegue a alguna transacción con los ex accionistas del Comercial, que ponga fin a los litigios. No descartó esta posibilidad, aunque luego afirmó que, por el momento, no se está llevando a cabo ninguna negociación con los representantes de las instituciones extranjeras.

Uruguay inició en diciembre de 2005 la demanda ante la justicia de Estados Unidos por la cual reclamó U$S 700 millones a los tres bancos. En respuesta, éstos trasladaron el juicio hacia un segundo arbitraje, alegando que en el famoso acuerdo, firmado en febrero de 2002, el Estado se obligó a someter todas sus diferencias a un tribunal.

Uruguay quedó contra las cuerdas y tuvo que aceptar este segundo arbitraje, que ya está en marcha. En diciembre se llevará a cabo una audiencia de alegatos y para los primeros meses de 2007 se espera un fallo.

Ante ese tribunal arbitral, los bancos plantearon el incumplimiento del acuerdo por parte de Uruguay. Astori explicó ayer que Uruguay entiende que el proceder del gobierno no constituye en ningún caso incumplimiento del contrato celebrado, sino que se actuó "en el cumplimiento de la Constitución y la ley por parte de los órganos actuantes".

En la Rendición de Cuentas, el Ministerio de Economía incluyó el rubro "Sentencia Banco Comercial" entre sus pérdidas del año 2005. Para ellos dispuso $ 3.326.980 (U$S 137 millones) de un total de 6.573.569 de pérdidas.

La deuda que Uruguay debe pagar por el primer arbitraje, quedó confirmada días atrás, ya que se venció el plazo de apelar ante la Corte Suprema. De todos modos, todos los intentos de apelación anteriores fueron rechazados, y además el país fue condenado a hacerse cargo de los gastos del juicio.

En Uruguay, ese monto -con el que los bancos capitalizaron al Comercial en febrero de 2002- está embargado al menos por dos sedes judiciales. Por un lado, la jueza concursal Teresita Rodríguez Mascardi dispuso ese embargo a pedido de ahorristas argentinos de CGN, y por otro lo entabló la jueza Beatriz Venturini en el juicio que el Banco Central inició contra los bancos.

RESPONSABILIDAD. El Estado uruguayo responsabilizó esta semana nuevamente a los tres ex socios del Comercial de haber actuado con mala conducta intencional, a través de acciones y omisiones cometidas en plena crisis financiera, según pudo saber El País.

Al responder el 31 de julio al planteo de los bancos en el segundo arbitraje, Uruguay señaló que las instituciones con sede en Estados Unidos, Suiza y Alemania, realizaron inversiones en Argentina en plena crisis, no controlaron la cobertura de riesgos de los bonos argentinos, transfirieron créditos del Banco General de Negocios al Banco Comercial, no supervisaron las actividades de los Rohm, y se permitió que Comercial diera asistencia financiera a otros bancos del grupo, entre otras decisiones.

El gobierno insistió, además, en que ni la interposición de la demanda en la justicia de Estados Unidos por parte de Uruguay, ni las demandas interpuestas por el Central y la DGI contra San Luis Financial (sociedad cuyos accionistas eran los tres bancos y los Rohm), constituyen incumplimiento del contrato firmado con los bancos en 2002.

Abogado

El gobierno ha "utilizado todos los mecanismos legítimos para defender sus intereses"

Bancos contra Uruguay

Uruguay fue condenado a pagar U$S 100 millones, más intereses y honorarios, con que los bancos capitalizaron el Comercial en 2002. El fallo de la Cámara de Comercio Internacional de París fue confirmado por un juez de Nueva York. Uruguay apeló sin suerte. Venció el plazo para la última apelación ante la Corte Suprema, pero Uruguay no recurrió.

Bancos contra Uruguay

Los bancos reclaman los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación de someter sus diferencias a arbitraje. El 14 de agosto Uruguay contrademandará a los bancos. Iniciaron este arbitraje luego de que el gobierno anunciara su decisión de seguir adelante con el juicio contra los ex socios del Comercial para responsabilizarlos de fraude.

Estado contra Bancos

En diciembre de 2005 Uruguay presentó demanda en Estados Unidos por "mala conducta intencional" de los directores y accionistas del Banco Comercial en su desempeño. Casi un año antes, el gobierno del presidente Batlle había iniciado dos demandas que se mantienen. El BCU embargó a los bancos por U$S 100 millones y la DGI por U$S 38 millones.

Ahorristas contra Bancos en Uruguay

Ahorristas del Banco Comercial y de la Compañía General de Negocios, iniciaron demandas contra los bancos extranjeros y contra los Rohm. En uno de esos juicios, la justicia de Concurso dispuso el embargo sobre los U$S 100 millones de dólares que los bancos ex socios del Comercial entregaron para capitalizar la institución en febrero del año 2002.

Ahorristas contra Bancos en EE.UU.

Cuatro grupos de eurobonistas y ahorristas iniciaron acciones en la jurisdicción norteamericana. Si bien en todos los casos los tribunales plantearon que la jurisdicción sobre esos asuntos la tiene Uruguay, en uno de los juicios impuso a los bancos la obligación de no oponer prescripción en Uruguay y en caso de que el fallo sea contrario, aceptarlo. Apelaron.

Ahorristas contra el Estado

Ante la cercanía del vencimiento de los plazos para iniciar juicios contra el Estado (a los cuatro años), en las últimas semanas hubo una andanada de querellas que reclaman unos U$S 200 millones, por los daños provocados por la crisis financiera. En agosto vence el plazo para reclamar por el incumplimiento en los pagos de los eurobonos del Banco Comercial.