EDUARDO DELGADO
El Tribunal de Cuentas no realizó observaciones a la legalidad del acuerdo entre el gobierno y los bancos extranjeros ex socios del antiguo Banco Comercial, que el Poder Ejecutivo se apresta a aprobar y que implica el pago de US$ 126,5 millones a esas instituciones.
En tanto, el grupo de ex ahorristas de la Compañía General de Negocios del ex Banco Comercial, que tiene un embargo sobre el crédito de los bancos extranjeros ex propietarios de esta institución contra el Estado, apelará la decisión de la jueza Teresita Rodríguez Mascardi, que elevó la contracautela del embargo de US$ 500.000 a US$ 17,1 millones.
El Poder Ejecutivo espera cerrar este acuerdo con el embargo vigente, para que los bancos deban negociar con los ex ahorristas el pago de dinero con esa medida rigiendo y no aparecer el gobierno entregándole una millonaria cifra a estas instituciones extranjeras sin que los ex ahorristas cuenten con medidas cautelares, expresaron fuentes oficiales a El País.
Que dicho embargo se mantenga dependerá de que la magistrada Rodríguez Mascardi de entrada a la apelación que presentarán los ex ahorristas y lo haga con efectos suspensivos sobre la medida de aumentar la contracautela, ya que es imposible que el grupo de ex ahorristas del comercial puedan reunir los US$ 17,1 millones que estableció la jueza, según relevaron personas vinculadas a esos ex ahorristas.
El acuerdo que el gobierno alcanzó con estos bancos prevé que US$ 70 millones de lo que se pague sea depositado en un fondo fiduciario que será utilizado para pagar las transacciones de las demandas en curso contra los propios bancos y el Estado, y lo restante del pago será de libre disponibilidad de los bancos.
El acuerdo implica un ahorro de unos US$ 43,8 millones de la cifra que el Estado debería pagar.
La deuda tuvo su origen en 2002, cuando estos tres bancos aportaron US$ 100 millones para que el ex Banco Comercial no quebrara, con opción de reintegro si el Estado resolvía no cumplir con la obligación de aportar los fondos para mantener dicha institución, la que luego fue liquidada.
El Tribunal Arbitral de la Cámara Internacional de Comercio en Nueva York en dos ocasiones laudó que Uruguay debe pagar a los bancos una millonaria cifra, que incluye interés y costos del juicio.
Una deuda de US$ 126,5 millones
El Ministerio de Economía estimó que la deuda, calculada al 28 de febrero, asciende a US$ 170:295.723. Pero con el acuerdo baja a US$ 126:497.000, lo que implicaría un ahorro para el Estado de US$ 43:798.723. Esto no incluye otros costos que el gobierno dice no puede determinar ahora.