Caza: crecen permisos y multas

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XIMENA AGUIAR

Turistas de alto poder adquisitivo, empresas interesadas en un negocio sustentable y otras que se aprovechan de la escasa capacidad de fiscalización configuran el turismo de caza en Uruguay, una rama con importantes riesgos y oportunidades.

La temporada de caza de perdiz y pato comenzó el 1° de mayo, y ya nueve de las 35 empresas de turismo cinegético registradas tienen abiertos expedientes por diversas infracciones. "Si se hace bien, es beneficioso para el país: genera fuentes de trabajo y entran recursos. Pero mal hecho, están entrando muchas otras cosas, ilegales", señaló Angelita Gómez, subdirectora de la Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables (Renare) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP).

En la dirección se registraron unas 35 empresas. Entre todas sacan un promedio de 4.000 permisos de caza por año, por lo que se estima que reciben a unos 3.000 turistas de alto poder adquisitivo entre mayo y septiembre, informó Teresa Sosa, directora adscripta de Renare.

Las empresas cobran entre US$ 1.500 y US$ 6.000 por persona por cacería, a veces por un solo día, señaló Gómez. Sólo por la gestión de los permisos, la dependencia cobra en el entorno de $ 2.750.000 por año.

Pese a su bajo perfil y escasa publicidad a nivel local, la demanda crece: a los estadounidenses y europeos que ya ingresaban desde hacía varios años, se sumaron muchos cazadores brasileños, luego de que las leyes de caza en Brasil se hicieran más estrictas, contó Gómez.

ALERTA. Durante mucho tiempo, la actitud del Estado hacia esta actividad osciló entre tímidas sugerencias de apoyos (como propuestas de declaración de interés nacional, no aprobadas) y el simple "dejar hacer". En octubre de 2007, cuando asumió en Renare una nueva dirección, se empezaron a hacer salidas de inspección en forma más periódica. Entonces "se encontraron una serie de empresas, algunas no registradas, otras registradas pero con diversos problemas: no tener permisos adecuados, tener habilitaciones vencidas, las armas que declararon en los permisos no son las que tenían, no poseer las guías de las armas, cazar especies que está prohibido capturar, cazar mayor cuota diaria de lo permitido, no estar en los campos declarados de donde van a cazar, estar a menos de 3 kilómetros de un centro poblado y cazar en carreteras o caminos", dijo Gómez.

Además, es posible que algunas de estas firmas puedan incluir servicios turbios. "Alrededor de algunas de estas empresas hay también prostitución y hay cosas ilegales. Hay empresas que no lo practican y otras que sí. Es acogedor para el trabajador que viene solo, sin familia, está en el extranjero, es un atractivo", señaló Gómez. "También hay trabajo infantil, porque muchas veces los cartuchos los vuelven a utilizar. Tenemos oído, no lo hemos podido comprobar en algunos procedimientos, que quienes los recogen, o quienes recogen las presas, son niños", contó.

CONTROLES. La dirección de Fauna cuenta con un equipo de 10 personas que salen a hacer las inspecciones, en grupos de dos o tres. "Por supuesto que es poco. No se puede controlar a todas las empresas y todos los cazadores", señaló Gómez. "Se trata de caer por sorpresa, pero muchas veces cuando ven la camioneta se avisan unos a otros", añadió.

Por eso, sucedieron infracciones no detectadas por los inspectores, como las piezas de caza encontradas en Esteros de Farrapos. Pero también otras interceptadas, como la realizada por un grupo de cazadores italianos en Rivera (foto).

El problema no es tanto las infracciones cometidas por uruguayos, que hacen turismo de caza principalmente en semana de Turismo. Durante el resto del año, la caza furtiva de los uruguayos está vinculada al autoconsumo y la alimentación de sus familias. "Lo que se vio era que grandes contingentes que venían de Brasil, Estados Unidos y Europa hacían que hubiera una mayor presión de caza y muchas veces no cumplían la normativa vigente", explicó Gómez.

Para Alberto Regusci, que trabaja en turismo cinegético desde hace más de 20 años, el mayor problema es que con el crecimiento del sector "aparecieron empresas `golondrina`, que vienen de afuera, y otras que ni siquiera son empresas, son baqueanos que consiguen unas estancias y ahí es donde se arman los líos", explicó.

Hace un año y medio, Renare comenzó una campaña primero de divulgación con las empresas, a las que se les entregó carpetas con toda la reglamentación vigente, aún cuando el desconocimiento de la norma no exime de la falta. Luego se comenzó con una mayor fiscalización, contó Gómez.

En 2007 se habían hecho 70 expedientes de infracciones. En 2008 fueron 180 y hubo sanciones importantes a cinco empresas. En lo que va de 2009, al 20 de mayo, ya hay 70 expedientes y se inició trámite a nueve empresas por infracciones importantes. "Además se sacó una resolución por la que a las empresas que cometieran infracción se les iba a suspender el permiso de caza por 6 meses, y se ha venido aplicando", dijo Gómez.

Algunas empresas reaccionaron negativamente. Otras, instaladas hace más tiempo en el ramo y a las que les interesa la sustentabilidad de la fauna, estuvieron completamente de acuerdo: la inspección puede generar el reconocimiento del trabajo bien hecho. "Es un rubro que hay que cuidarlo, porque tiene un límite. Y hay que fiscalizarlo, estoy totalmente de acuerdo", dijo Regusci.

Además, en 2008 se empezó a trabajar en combinación con el servicio de armamento del Ejército, que entrega los permisos para portar las armas, y este año se incorporó la Dirección Nacional de Aduanas.

Pese a los avances, falta mucho por hacer. Por ejemplo, ante una infracción, la multa cae sobre la empresa y sobre el cazador. Cobrarla, por un monto que puede ir de 10 Unidades Reajustables (equivalentes a $ 4.190) a 2.000 UR ($ 838.000), se hace difícil luego de que el turista se va del país. "A partir de incidentes que pasaron este año con cazadores españoles, franceses e italianos hemos hablado con algunas de las embajadas, viendo cómo se puede hacer un convenio para que se pueda tramitar la multa imponible", contó Gómez.

Además, es necesario mejorar la normativa. La ley de Fauna es de 1935. Desde entonces, "cambió mucho la situación, en la cantidad de extranjeros que vienen al país, con armas de US$ 6.000 como nos pasó en una de las últimas incautaciones. Es todo un cambio en lo que es turismo cinegético, que las leyes tienen que acompañar", consideró.