Asunción de Castro se demora al tiempo que continúa la auditoría interna

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La diputada Nora Castro, recientemente elegida para la presidencia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), manifestó a EL PAÍS digital, que la auditoría interna del presidente interino Jorge Ferrando, es de "uso" después de las denuncias de corrupción que realizó el ex director del INTERJ, el padre Mateo Méndez.

"Todavía no estoy encargada del instituto por lo cual no puedo decir mucho sobre la auditoría porque no conozco la realidad total que se vive allí", dijo Castro.

Las venias para su asunción en el principal centro de menores del país aún no han salido y Castro se mantiene a la espera de que se defina la fecha en la cuál asuma como la titular del instituto.

Sobre cuáles son sus planes al momento de ejercer la presidencia del INAU, Castro comentó que "se está viviendo una situación de emergencia para la cual hay que aunar esfuerzos. Sin descuidar el conjunto de actividades del instituto, que son varias, debemos centrarnos en tres problemas realmente graves como son la situación de calle, las adicciones y los menores infractores".

Con respecto a la posibilidad de una separación del INAU de lo que son los menores infractores, Castro señaló que, a pesar de que no ha hablado de eso aún, considera que sería mejor buscar otra salida que la separación. "A pesar de la variedad tan vasta de actividades que tiene el INAU, es aconsejable mantener la unidad de la institución".

$ 55.038 POR MES. Consultada sobre la cifra que hoy publicó el semanario Búsqueda de cuánto le cuesta al Estado cada adolescente que se atiende en el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (INTERJ), Casto manifestó que no está en conocimiento de eso.

Búsqueda señala que de esos $ 55.038, unos $ 38.738 corresponden al rubro "servicios personales", $ 3.257 a la compra de "bienes de consumo", $ 10.897 a "servicios no personales", y $ 2.146 a "bienes de uso".

Sin embargo también establece una importante diferencia con lo que gastan en promedio las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) que trabajan con menores infractores que son atendidos en régimen de "medidas no privativas de libertad". Éstos reciben unos $ 7.000 por menor.

INTERPELACIÓN. Los parlamentario del Partido Nacional, encabezados por la diputada Sandra Etcheverry, no han definido aún la tan promocionada interpelación a la titular del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Marina Arismendi, por los hechos ocurridos en las últimas semanas.