Le adjudicaron la limpieza de hospitales pese a participar de la trama Silva.

Onamérica, una de las cinco firmas cuyos dueños fueron procesados por pagar coimas a Heber Texeira, encargado de las empresas tercerizadas en la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), mantiene tres contratos con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Y uno de ellos fue firmado este año.

En julio de 2014 el exdirector de ASSE en representación de los trabajadores y a su vez expresidente de la FFSP, Alfredo Silva, fue procesado sin prisión tras ser acusado por directores de hospitales de haber ejercido presión sobre ellos para contratar a la asociación civil Buena Estrella, que se ocupaba de la limpieza del Maciel, del Instituto Nacional del Cáncer (INCA) y de los centros de salud públicos de Pando y Rivera.

La maniobra incluyó también a otras cuatro empresas, la Asociación Civil APEX (que desempeñaba tareas en el Pasteur y el Vilardebó), Joaka S.A. (que lo hacía en los centros de salud de Rivera, Soriano y las oficinas de ASSE) y Jorge Lucero (en Flores, Lavalleja, Rocha, Salto, Soriano, Hospital de Bella Unión y Dolores). Apex y Joaka tenían tres contratos y Jorge Lucero 11.

Onamérica tenía, al momento que estalló el escándalo, 11 contratos con la administración de los hospitales públicos, en servicios de camilleros, limpieza y vigilancia, en el Pasteur, el Saint Bois y centros de salud de Canelones, Colonia, Rivera y Rocha. El dueño de Onamérica fue justamente uno de los que reveló la trama de corrupción montada por Texeira y Silva, al confesar ante la Justicia que accedió a girarle a Texeira 40.000 pesos para que cesaran unos conflictos sindicales que lo estaban afectando.

Hoy por hoy, según se señala en una respuesta a un pedido de informes hecho por el diputado nacionalista Martín Lema, la firma mantiene tres contratos con ASSE: dos en el Pasteur, uno por peones y otros por camilleros, que se mantienen desde antes de que se descubriera la maniobra de corrupción, más uno en el Saint Bois, que es del 15 de enero de este año.

Este último contrato fue observado por el Tribunal de Cuentas en una resolución tomada tras la sesión del seis de abril pasado. En esta se cuenta que tras un llamado a licitación pública, cuyo objetivo era "suministrar de auxiliares de limpieza y peones" al Saint Bois por un período de un año y prorrogable a un año más, se presentaron tres empresas: ISS, Jorge Rebollo Vicente y Onamérica, que fue la que resultó ganadora.

Tras la adjudicación el 15 de enero de este año a Onamérica, la firma Jorge Eduardo Rebollo presentó el 25 del mismo mes un descargo advirtiendo que cumplía con todos los requisitos del Pliego de Condiciones de Particulares, en contradicción con lo que había aducido ASSE para no elegirla. El Tribunal le dio la razón a la firma y observó el gasto.

La respuesta a Lema a la que accedió El País, advierte también que el 24 de julio de 2014, pocos días después del procesamiento de Silva, ASSE intentó sin suerte pedir "la suspensión o eliminación" de los contratos con las empresas involucradas en el caso Silva. La que lo hizo primero fue quien en ese entonces era la gerenta general de la Administración, Alicia Ferreira, en una carta dirigida a José Clastornik, presidente del Consejo Directivo Honorario de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado.

El 6 de agosto llegó la respuesta. Clastornik citando la Reglamentación del Funcionamiento del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), le advierte que "las suspensiones aplicadas a los proveedores no tendrán efecto sobre los contratos vigentes, los cuales deben ser cumplidos".

Ese mismo día Clastornik recibió otra carta, esa vez firmada por la presidenta de ASSE, Beatriz Silva; el vicepresidente, Enrique Soto; el director, Wilfredo Pérez; y el vocal Marcelo Sosa. Pedían lo mismo. Que teniendo en cuenta que los responsables de las empresas Apex, Jorge Lucero, Joaka y Onamérica fueron imputados por "un delito continuado de Cohecho Simple", se solicitaba "disponer la suspensión o eliminación del RUPE de las empresas mencionadas, inhabilitándolas para su contratación". Clastornik se tomó varios días para contestar y el 17 de septiembre pidió que se le diera más información sobre los contratos que habían sido firmados con estas empresas y las irregularidades cometidas por estas.

Los jerarcas respondieron el 29 de octubre adjuntando algunas irregularidades mínimas y reconociendo que estas "no han tenido incumplimientos sancionables con ASSE", aunque "el procesamiento de algunos de sus responsables, ha ocasionado un perjuicio para la imagen pública del organismo". Finalmente no se suspendió ninguno de los contratos.

"Estas cosas reafirman una vez más, las razones por las que el Frente Amplio teme que se efectúen controles a la gestión en ASSE. Después de conocerse irregularidades con empresas tercerizadas, el Frente Amplio en vez de ofrecer mayor garantía y transparencia, decidió excluir al miembro de la oposición del Directorio de ASSE, siendo que el mismo fue quien solicitó que se realizaran auditorías sobre la gestión de empresas tercerizadas", señaló Lema a El País.

El diputado visitó sorpresivamente varios centros de salud el mes pasado, lo que llevó a que las autoridades de ASSE enviaran un comunicado a los centros de salud advirtiendo que no estaban permitidos los ingresos "a las áreas sensibles" sin las autoridades de las instituciones. Lema criticó que "el Directorio de ASSE también se molesta si se intensifica el control desde el Parlamento a través de visitas a hospitales, emitiendo comunicados en forma reaccionaria".

Una auditoría externa realizada a las unidades ejecutoras de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), es decir a los hospitales públicos, dio cuenta de una gran cantidad de irregularidades en cuanto a la contratación de empresas tercerizadas, y demostró que varios centros se negaron a brindar la información. También se descubrió que varias de estas firmas tienen en negro a los trabajadores o les pagan sueldos por debajo de los laudos. El informe se hizo a fines de 2015. De 70 unidades ejecutoras que están bajo la órbita de ASSE, solo 29 proporcionaron la información solicitada por la firma Rueda Abadi Pereira & Asociados. De estos 29, en 27 se detectó algún tipo de irregularidad.

Las faltas que se detallaron en el grueso informe, advierten sobre la no adecuación al marco legal aplicable para la contratación de empresas (que más que nada se hacen cargo de tareas de limpieza, cocina o mantenimiento edilicio), no constatación de la intervención del Tribunal de Cuentas, no justificación de causal para Compras Directas que se llevaron a cabo, observaciones sobre el gasto, apartamiento de lo aconsejado por la Comisión Asesora de adjudicaciones sin justificación debida, y falta de otorgamiento de vista previa en los casos en que esta es necesaria. El Pasteur y el Pereira Rossell son los que más infracciones de estos tipos cometieron.

Otra auditoría interna que hizo ASSE de forma paralela, dio cuenta de varias irregularidades. Estas van desde contrataciones directas —sin licitación mediante— de empresas tercerizadas, a farmacias y laboratorios que funcionan sin el aval del MSP, y obras de mantenimiento no declaradas al BPS. Por ejemplo, en la farmacia del Centro de Salud de la Costa no se realizan los controles de heladera y temperatura ambiente correspondientes, y el depósito no tiene seguridad para los medicamentos.

CASOS DE SOBREFACTURACIÓN EN HOSPITALESCARLOS TAPIA