Armadores "amenazan" con dejar Uruguay por pesqueros retenidos

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RAÚL MERNIES

Los cinco pesqueros españoles que están embargados por tripulantes peruanos y no pueden salir de Montevideo "perjudican la imagen del puerto". La ANP ya recibió "amenazas" de armadores que cancelarían sus operaciones en Uruguay.

El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, admitió a El País que recibió "amenazas de armadores que dicen estar evaluando retirarse del puerto de Montevideo para operar directamente en Rio Grande".

Estos hechos surgen ante una situación que se viene reiterando en la terminal capitalina y que tiene como protagonistas a algunos tripulantes peruanos de pesqueros españoles que operan en Uruguay.

Los barcos ibéricos llegan a Montevideo, los peruanos se bajan, hacen reclamos ante la justicia por falta de pago de horas extras, y otras demandas laborales.

Abogados presentan las denuncias ante la justicia laboral uruguaya, la que en algunos casos decreta la medida cautelar de prohibición de zarpe del barco. En general la medida es por el total del monto del reclamo, pero el problema es que los montos de las demandas se ubican entre los US$ 100.000 y los US$ 350.000.

Según un informe realizado por la consultora CPA Ferrere a solicitud de algunas agencias marítimas, una vez que el buque está impedido de zarpar, "el abogado patrocinante negocia para transar y obtener rápidamente un dinero bastante inferior al monto reclamado". El informe agrega que los empresarios se ven obligados a negociar bajo la presión de que el barco no puede salir y terminan pagando una suma del orden del 10% de lo reclamado.

El estudio Ferrere, representante de los empresarios, establece que "estas medidas cautelares no guardan ningún tipo de razonabilidad" y que "se trata de un abuso de la medida cautelar para extorsionar de forma indebida a las empresas armadoras". Verónica Raffo, del estudio Ferrere, dijo a El País que el tema se elevará al gobierno en procura de una solución legislativa.

El informe de CPA Ferrere cuantificó el impacto económico de tener los barcos detenidos, asegurando que "genera perjuicios para la economía del país".

Según la información brindada por las empresas navieras, un barco de gran porte puede pescar hasta 60 toneladas por día y la pérdida por este concepto ronda entre los US$ 100.000 y US$ 150.000 por jornada.

Además, el costo para las empresas por el permiso de pesca que no pueden utilizar oscila entre los US$ 10.000 y US$ 15.000 por cada día

Como si esto fuera poco, el buque detenido genera gastos (tripulación, combustible de los generadores, arancel del muelle, etc.), que fueron determinados entre US$ 10.000 y US$ 15.000 diarios.

Además, el puerto montevideano deja de vender US$ 8.000 por el combustible que esas naves hubieran utilizado al salir al mar.

Esta situación genera incertidumbre en los armadores y atenta contra la estrategia de la ANP. "Estamos intentando promover nuestras instalaciones portuarias para pesqueros internacionales. Queremos la pesca, queremos demostrar que vamos a tener instalaciones exclusivas para la pesca, pero justo nos pasa esto", dijo el presidente del ente.

Díaz también relató que la semana pasada se reunió con representantes de los armadores, del Ministerio de Trabajo, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, en procura de lograr que cuando se entable un juicio laboral de estas características "se pueda sustituir el embargo por una garantía bancaria" lo que "haría que el juicio siguiera su camino y nadie sería rehén de acciones equivocadas", señaló.

Mario Baubeta, presidente del Centro de Navegación, indicó que "hay que definir bien cuál es la jurisdicción del juicio laboral por un contrato realizado entre un barco de bandera española y un tripulante peruano".

A su entender el tema necesita "una solución legal", ya que "la legislación uruguaya no debería tener nada que ver con problemas entre España y Perú".

Agregó que ya hay varios casos en los que se ha presentado la acción de inconstitucionalidad. Pero que esos procesos se hacen demasiado largos.

Para él, "la única solución" es declarar inconstitucionales estos juicios. Está trabajando con un grupo de asesores elaborando un anteproyecto de ley para presentar en el Parlamento.

Baubeta también dijo que hay pesqueros que ya están descargando en Malvinas haciendo transbordos en alta mar para no venir a Montevideo. "Saben que si vienen no salen más", dijo.

Indicó que ayer la Justicia rechazó la opción de garantía bancaria de un buque, al entender que el plazo de un año era exiguo. "Era una garantía por US$ 650.000, y demoraron dos meses en decir que no", se quejó.