Argentina pide extradición de militares

Ante la resolución negativa de la justicia uruguaya de indagar la muerte de María Claudia García de Gelman, el gobierno argentino pidió ayer al juez Federal de ese país, Norberto Oyarbide, la extradición de los militares José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama, Jorge Silveira, Antonio Rodríguez Buratti, Ricardo Arab, Manuel Cordero y el policía retirado Ricardo Medina. Los militares y el policía son acusados de haber participado en el secuestro y traslado de García a Uruguay, en 1976.

El titular de la secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, presentó ayer el escrito al que accedió El País, en el que afirma que la ley de Caducidad "determina un inadmisible estado de impunidad".

Agregó que deberá actuar la justicia argentina dada "la imposibilidad de ejercer la jurisdicción uruguaya por causa de inadmisibles —ilegales— normas (...) que tuvieron como único objetivo procurar la impunidad de los culpables, al haber éstos proyectado su poder de coacción más allá del momento en que ocupaban éste y se produjeron los hechos".

Agregó que es "esa circunstancia de imposibilidad o de dificultad extrema en la persecusión penal de hechos singularmente graves, la que determina que sea la comunidad internacional la que asuma la incumbencia de hacer propios esta clase de crímenes para asegurar su castigo". Argumenta que se trata de delitos de lesa humanidad que no prescribieron y que así lo avala la normativa internacional.

Luego de conocer el fallo del Tribunal de Apelaciones penal que da la razón al fiscal Enrique Moller —que alegó que los delitos no pueden ser perseguidos por estar comprendidos en la ley de Caducidad— el gobierno argentino decidió actuar. En una conferencia de prensa que dio ayer en Buenos Aires, Duhalde afirmó que la decisión de la Justicia uruguaya "consagra la impunidad de los represores uruguayos" y causó "preocupación, desazón y consternación" en el gobierno argentino.

Consultado por El País acerca de si esta decisión complicaría las relaciones entre ambos países —tensas por la instalación de las papeleras en Fray Bentos—, el funcionario respondió que no consideraba esa posibilidad. Incluso remarcó que encontró "mensajes de absoluta solidaridad del gobierno uruguayo".

El presidente en funciones Rodolfo Nin Novoa al ser consultado ayer en Fray Bentos sobre la decisión del gobierno argentino afirmó: "Son todas acciones que legítimamente pueden tomar las partes que están interesadas". Agregó que "las acciones corren por cuenta de ellos".

CONFIANZA. Duhalde dijo que confía en una respuesta positiva del gobierno de Tabaré Vázquez para que puedan ser extraditados los militares implicados, confiando en que se van a respetar los tratados internacionales firmados al respecto.

El presidente Néstor Kirchner ya había solicitado la extradición de un grupo de militares uruguayos durante el gobierno del ex presidente Jorge Batlle, que había sido rechazada.

Al respecto, Duhalde planteó en el escrito que la sentencia "deja sin efecto el cierre de fronteras para siete militares y un ex policía sindicados como los principales responsables del secuestro ilegal de la nuera de Gelman y su posterior asesinato" y abre la posibilidad de que esas personas "se sustraigan a la acción de la justicia".

GELMAN. El abogado José Luis González dijo a El País que el jueves transmitió la noticia del fallo a Gelman y que la principal preocupación del poeta argentino es saber qué más se puede hacer.

González relató que la noticia le sorprendió porque Gelman "tenía mucha confianza en la justicia uruguaya". El abogado le transmitió los fundamentos de la sentencia, en los que el poeta estaba muy interesado y acordaron que estudiará la posibilidad de recurrirla ante la Suprema Corte de Justicia, en casación.

Este fin de semana el jurista estudiará el tema, a pesar de no ser parte en el proceso. González dijo que en caso de tener la potestad de hacerlo, es el único que podría apelar como denunciante. Señaló que no existe ningún otro recurso que el gobierno pueda presentar.

Agregó que si la vía judicial local no es posible, no se descarta presentar una denuncia ante la Corte de DD.HH. de la OEA.