Alertan riesgo para escribanos en casos de lavado

1/1

"¿Cualquier participación de un escribano en una venta, supone un delito de lavado porque los bienes circulantes provienen de delito?", se pregunta el catedrático penalista y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Milton Cairoli.

El jurista realizó una consulta a pedido de la defensa del escribano Daniel D`Angelo, procesado con prisión en noviembre de 2009 acusado de participar en una red dedicada al "lavado de activos" provenientes del narcotráfico. Junto a D`Angelo también fue enjuiciado el abogado Carlos Curbelo.

Según Cairoli, es "absurdo" y "absolutamente ilógico" que si un escribano desconoce el origen ilícito del dinero con el cual se realiza un negocio inmobiliario, sea castigado penalmente. El catedrático sostiene que eso ocurrió con D`Angelo, que si bien realizó las escrituras de varios negocios, no sabía que eran operaciones de "lavado".

Desde junio de 2009, los escribanos están obligados a reportar operaciones "sospechosas" de presunto blanqueo de capitales, pero los hechos por los cuales se imputó a D`Angelo son anteriores a la vigencia de esa normativa.

Cairoli afirma que "no pudo existir en el comportamiento del escribano, ninguna finalidad dolosa, pues no hubo en su conciencia un verdadero plan de autor a través del cual tuviera el dominio del hecho".

D`Angelo "sólo cumplía con su función de profesional de la fe pública, por lo que no participó en ninguna operación de lavado o blanqueo de capitales. Sólo se limitaba a su trabajo específico, sin saber o siquiera sospechar que quienes lo solicitaban como profesional, eran autores de esa forma de delinquir", añade el catedrático.

El abogado defensor del escribano, Jorge Barrera, dijo a El País que el procesamiento con prisión de su cliente "penalizó una conducta neutral de un escribano en el ejercicio de su profesión". D`Angelo está recluido en Cárcel Central.

La consulta jurídica de Milton Cairoli fue presentada por la defensa de D`Angelo ante el Tribunal de Apelaciones Penal de 1° Turno, adonde llegó casi diez meses después de los procesamientos dispuestos en noviembre de 2009 por el entonces juez Federico Álvarez Petraglia. El abogado Jorge Barrera dijo que es una "demora inexcusable".