Productores agropecuarios de Argentina anunciaron este martes que iniciarán la semana próxima una huelga comercial de tres días en protesta por las políticas intervencionistas oficiales.

De este modo se reactiva la tensión con el Gobierno siete meses antes de las elecciones presidenciales.

La protesta comenzará a las 00.00 hora local (0300 GMT) del miércoles de la semana próxima y se extenderá hasta la medianoche del viernes, dijeron en una conferencia de prensa representantes de tres de las principales asociaciones de productores agropecuarios del país, que es uno de los mayores proveedores mundiales de granos y derivados.
"El cese de comercialización va a abarcar todas las producciones del país (...) En lo que es granos y carne, va a ser los tres días de manera completa", dijo Rubén Ferrero, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

De no recibir respuestas del Gobierno a los reclamos del sector, "no descarto que en el mes de junio (...) estemos llevando adelante (nuevas) acciones de cese de comercialización por muchos más días", agregó.
La medida anunciada el martes será la primera huelga comercial masiva del sector agropecuario desde junio del 2013.

No obstante, en esta ocasión no participará la Federación Agraria Argentina, una importante entidad que representa a productores de menor escala y que en los últimos meses ha mantenido negociaciones con el Gobierno.

A finales del año pasado, un dirigente agrícola dijo que en 2015 habrá un incremento de las protestas rurales para presionar al próximo Gobierno a cambiar las cuestionadas políticas actuales sobre el sector, que incluyen altos impuestos y restricciones a la exportación de cereales.

Los agricultores de Argentina están a punto de comenzar la cosecha del ciclo 2014/15 de soja y maíz. El Gobierno aún no ha difundido una estimación oficial, pero la Bolsa de Comercio de Rosario prevé una producción de 58 millones de toneladas de soja -una cifra récord- y de 23,5 millones de toneladas de maíz.

Según los expertos, una huelga de tres días no debería afectar las exportaciones de granos de Argentina, ya que las terminales agrícolas suelen contar con existencias suficientes para afrontar períodos cortos sin suministros.

La mayoría de los agricultores del país sudamericano ha mantenido una relación conflictiva con la presidenta Cristina Fernández desde el inicio de su primer mandato en 2007.

"La medida se enmarca dentro de las acciones gremiales que las entidades rurales vienen anunciando en rechazo de las políticas agropecuarias que el Gobierno nacional lleva adelante", afirmó Luis Etchevehere, jefe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que agrupa a los agricultores de mayor escala.

"Es evidente que es nuestro momento. De cara a las elecciones es el momento de evaluar, el momento de hacer un balance de las políticas que viene aplicando este Gobierno en los últimos 12 años, y es acá donde tenemos que ser más enfáticos y críticos que nunca", agregó.

En octubre se realizarán elecciones presidenciales en Argentina, en las que Fernández no podrá presentarse por haber cumplido ya los dos mandatos consecutivos que le permite la ley luego de suceder a su fallecido esposo, el ex presidente Néstor Kirchner.

Si bien los candidatos presidenciales aún no están definidos, los principales aspirantes han sugerido que cambiarían algunas de las políticas vinculadas al sector.

Argentina es el principal exportador global de harina y aceite de soja, el tercero de la oleaginosa sin procesar y el cuarto de maíz.

La protesta se da en momentos en que el país está sacudido por la misteriosa muerte de un fiscal que denunció un supuesto complot oficial para encubrir a los acusados de un atentado de 1994, un caso que golpeó la imagen de Fernández.

En el 2008, una larga serie de huelgas del sector en rechazo a un aumento del impuesto a la exportación de soja llevó a la nación austral a una crisis política y una paralización de las exportaciones que sacudió los mercados internacionales.

En los años siguientes, las medidas de fuerza masivas fueron menguando, pero las asperezas entre el Gobierno y la mayoría de los representantes del sector -una de las principales fuentes de ingresos para las arcas públicas- permanecieron intactas.

manifestaciónReuters