Advierten por uso indebido de medicamento abortivo

El Ministerio de Salud Pública (MSP) alertó ayer sobre el uso de un medicamento llamado Misoprostol, que ha sido promocionado en los últimos días por sus propiedades abortivas.

Misoprostol está indicado para la prevención de úlceras gástricas y, de hecho, fue autorizado para la venta sin receta por el propio ministerio. Sin embargo, también induce el aborto durante los primeros dos trimestres del embarazo y es usado con ese fin en los países donde la práctica es legal.

Algunos estudios indican que Misoprostol es eficaz en el 90% de los casos si se administra por vía vaginal y con el correspondiente seguimiento médico, para evitar consecuencias graves.

El medicamento se vende desde fines del año pasado a 875 pesos en las farmacias uruguayas, pero el MSP alerta sobre su "promoción indebida" y las graves consecuencias que puede tener su automedicación.

CANASTA. En tanto, el subsecretario del MSP Milton Pesce realizaba ayer de noche gestiones en el Ministerio de Economía y Finanzas con autoridades de la cartera para intentar llegar a una solución en el conflicto con la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y poder darle a los funcionarios una compensación económica en concepto de la clásica canasta navideña.

Pesce anticipó la semana pasada a los propios funcionarios que no existe una normativa legal que habilite al ministerio a otorgar una canasta navideña o su equivalente en ticket alimentación por valor de 1000 pesos, pero también les dijo que buscaría una solución alternativa.

Por eso, los funcionarios dejaron en suspenso un paro que tenían previsto realizar y al cierre de esta edición aguardaban una respuesta de parte del ministerio para luego decidir los pasos a dar.

Según lo informado en un encuentro que hubo entre Pesce y representantes de la FFSP la semana pasada, el MSP buscará una normativa que habilite a usar fondos que en primera instancia tenían otro propósito.

La canasta de alimentación se ha otorgado a funcionarios de varias áreas de la administración central y en el caso de los funcionarios de la salud pública comprendería a cerca de 13.000 trabajadores estatales.

También continúa el conflicto de los médicos de familia, que reclaman ante el MSP que se les reconozca el derecho a licencia que actualmente no poseen.

Demandan, además, que se les pague en fecha y no con hasta tres meses de atraso y que no se les descuente el IRP de sus haberes, ya que son los únicos en la salud pública que son objeto de ese impuesto.